Mariana Yumbay asegura que su gestión legislativa prioriza la defensa del campo, los territorios y los derechos colectivos

Al cumplir un año de gestión en la Asamblea Nacional, la asambleísta por la provincia de Bolívar, Mariana Yumbay, realizó un balance de su trabajo legislativo y de fiscalización, destacando que su labor se ha centrado en la construcción de propuestas junto a organizaciones sociales, comunidades, productores agrícolas y pueblos indígenas, con el objetivo de fortalecer los derechos colectivos, la protección de los territorios y el desarrollo del sector agroproductivo.

Durante una entrevista, la legisladora informó que ha presentado más de 14 proyectos de ley elaborados mediante procesos de participación ciudadana, señalando que las iniciativas recogen las demandas planteadas por organizaciones campesinas, indígenas y distintos sectores sociales en varias provincias del país.

Entre los proyectos destacó la Ley de Fortalecimiento Agroproductivo, una propuesta que busca mejorar las condiciones de vida de pequeños y medianos productores mediante el establecimiento de subsidios para la producción, precios justos para los productos agrícolas, asistencia técnica permanente por parte del Estado, acceso a créditos con condiciones favorables y mecanismos que permitan fortalecer la comercialización de los alimentos producidos por la agricultura familiar campesina.

Según explicó, esta iniciativa pretende responder a las dificultades que enfrentan miles de agricultores, quienes, pese a garantizar buena parte de la producción alimentaria nacional, continúan enfrentando altos costos de producción, bajos precios en los mercados y limitaciones para acceder a financiamiento y asistencia técnica.

Otra de las propuestas impulsadas por Yumbay es el Proyecto de Ley de Protección de Páramos, orientado a fortalecer la conservación de estos ecosistemas considerados fundamentales para la generación y regulación del agua que abastece a ciudades y comunidades rurales; la Legisladora indicó que la iniciativa contempla incentivos para las comunas, comunidades y pueblos que históricamente han protegido estos territorios, reconociendo el papel que cumplen en la conservación ambiental.

Asimismo, resaltó la importancia del Proyecto de Ley de Consulta Previa, Libre e Informada, construido con base en el artículo 57 de la Constitución y en instrumentos internacionales sobre derechos colectivos, explicó que la propuesta busca garantizar que las comunidades, pueblos y nacionalidades puedan participar y decidir de manera efectiva antes de la ejecución de proyectos mineros, petroleros o de cualquier otra actividad extractiva que pueda afectar sus territorios, recursos naturales y formas de vida.

Críticas a la agenda legislativa

Durante la entrevista, Yumbay cuestionó la orientación que ha tomado la agenda de la Asamblea Nacional durante el último año, señalando que la mayoría oficialista ha priorizado el tratamiento de leyes económicas urgentes que, a su criterio, benefician a grupos económicos y facilitan procesos de privatización de sectores estratégicos.

En ese contexto, mencionó la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de Áreas y Sectores Estratégicos y Energía, la Ley de Transparencia e Integridad Pública y las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP), al considerar que estas normas reducen garantías para los derechos colectivos, amplían las posibilidades para el desarrollo de actividades extractivas y contienen disposiciones que podrían afectar el ejercicio de la protesta social.

También expresó preocupación por reformas que, según indicó, permitirían la destrucción de documentación considerada reservada por parte de la Contraloría General del Estado, situación que, a su juicio, limitaría los procesos de control y transparencia en la administración pública.

Fiscalización a proyectos extractivos

En materia de fiscalización, la asambleísta informó que mantiene abiertas varias acciones relacionadas con conflictos socioambientales registrados en distintas provincias del país, especialmente en territorios donde existen proyectos mineros.

Precisó que ha solicitado información a diferentes ministerios e instituciones del Estado sobre los proyectos ubicados en Las Naves, provincia de Bolívar, así como en Napo, Azuay y Loja, con el propósito de verificar el cumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada, la legalidad de procesos relacionados con tierras ancestrales y la actuación de la fuerza pública durante operativos vinculados con empresas extractivas.

Explicó que la fiscalización busca determinar si las actuaciones estatales se ajustan a las disposiciones constitucionales y a los instrumentos internacionales que reconocen los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas.

Análisis de la situación nacional

En relación con la coyuntura política y económica, Yumbay manifestó que el Gobierno aún no ha logrado ofrecer respuestas efectivas frente a los principales problemas que enfrenta la población ecuatoriana.

Entre ellos mencionó el incremento de la inseguridad, las dificultades que atraviesan los sistemas de salud y educación, la falta de empleo y el aumento del costo de vida, también cuestionó medidas económicas adoptadas por el Ejecutivo, como el incremento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 15 %, el alza en los precios de los combustibles y el crecimiento del endeudamiento con organismos financieros internacionales, al considerar que estas decisiones afectan principalmente a los sectores populares y rurales.

Pachakutik prepara su participación para 2027

Respecto al escenario político, la legisladora informó que el movimiento Pachakutik desarrolla desde hace varios meses un proceso interno de fortalecimiento organizativo con miras a las elecciones seccionales de 2027.

Explicó que la organización realiza procesos de democracia interna mediante elecciones primarias y consensos provinciales para seleccionar candidaturas con trayectoria social, transparencia y compromiso con los principios del movimiento, agregó que uno de los objetivos es evitar la participación de personas que no compartan el proyecto político de la organización o que mantengan vínculos con el oficialismo.

Finalmente, indicó que Pachakutik también respalda las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra las recientes reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), al considerar que varias de sus disposiciones afectan las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados y los mecanismos de participación ciudadana.

La asambleísta afirmó que continuará impulsando iniciativas legislativas y procesos de fiscalización enfocados en la defensa de los derechos colectivos, la protección de los territorios, el fortalecimiento de la producción agropecuaria y la participación de las comunidades en las decisiones que inciden sobre sus recursos naturales y formas de vida.