En
la capital, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie)
reunió a comunidades y dirigentes durante más de siete horas para definir
nuevas acciones y estrategias.
Resoluciones de la Conaie
El
presidente de la Conaie, Marlon Vargas, informó que se aprobaron seis
resoluciones principales:
- Ratificar la continuidad del paro nacional y exigir la derogatoria del Decreto 126, además de la reducción del IVA del 15% al 12%, la defensa de los territorios, el rechazo al extractivismo y el fortalecimiento de la salud y la educación públicas.
- Organizar asambleas territoriales en todas las provincias para impulsar el voto por el “No” en la consulta popular propuesta por el Gobierno.
- Coordinar acciones conjuntas con comunidades, estudiantes, jubilados y trabajadores para sostener la movilización.
- Establecer corredores humanitarios que permitan el paso de medicinas, ambulancias e insumos médicos en las zonas de protesta.
- Exhortar a organismos internacionales a vigilar el respeto a los derechos humanos durante el paro.
- Crear una comisión de expresidentes de la Conaie para fortalecer la conducción política del movimiento.
Justicia indígena en Cotacachi
Uno
de los temas más comentados en las últimas horas fue la retención de 13
militares en Cotacachi, luego de la muerte del comunero Efraín Fuérez durante
enfrentamientos con la fuerza pública.
La
Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac),
presidida por Martha Tuquerres, aclaró este 3 de octubre que los uniformados
“nunca fueron maltratados ni violentados”, desmintiendo las versiones
difundidas por autoridades gubernamentales y medios oficiales.
“Su
entrega se realizó a la Cruz Roja en presencia de la Defensoría del Pueblo, del
jefe político de Cotacachi y de sus familias, con la participación de más de
1.600 personas en la asamblea de justicia indígena”, explicó Tuquerres en rueda
de prensa virtual.
Tensiones y demandas
Las
comunidades de Imbabura, donde se han registrado fuertes enfrentamientos,
confirmaron que mantendrán la convocatoria al paro, exigiendo respuestas por la
muerte de Fuérez y la derogatoria del Decreto 126.
Aunque
han manifestado apertura al diálogo, los dirigentes insisten en que este debe
ser abierto, transparente y con garantías de participación. Hasta ahora,
aseguran, el Gobierno no ha dado pasos concretos en ese sentido, lo que
refuerza la decisión de continuar en resistencia.
Con
el feriado de octubre a la vista y el paro entrando en su tercera semana, la
disputa entre el Gobierno y el movimiento indígena-popular se profundiza. Las
organizaciones sostienen que cada día aumenta la presión sobre el régimen y se
fortalecen las alianzas en defensa de los derechos colectivos, los territorios
y la vida.
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