La acción fue presentada
por el Frente Nacional Antiminero del Ecuador, la ECUARUNARI y el colectivo
Yasunidos, quienes sostienen que la normativa abre la puerta a un proceso
acelerado de expansión minera en el país, debilitando garantías constitucionales
relacionadas con los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas.
De acuerdo con las
organizaciones demandantes, la ley contiene disposiciones que podrían afectar
directamente derechos fundamentales establecidos en la Constitución
ecuatoriana. Entre los principales cuestionamientos planteados se encuentra la
eliminación o debilitamiento del mecanismo de consulta previa, libre e
informada, considerado un derecho clave para las comunidades que habitan en
territorios donde se proyectan actividades extractivas.
Otro de los puntos
señalados en la demanda es la posibilidad de que se autoricen proyectos mineros
sin contar previamente con estudios técnicos, sociales y ambientales rigurosos.
Según los colectivos, esto podría permitir la ejecución de actividades extractivas
sin una evaluación integral de sus impactos en los ecosistemas y en las
poblaciones locales.
Asimismo, las
organizaciones sostienen que la normativa prioriza el impulso a la inversión
minera por encima de la protección de derechos colectivos y de la naturaleza,
lo que afirman genera un escenario de inseguridad jurídica y posibles
conflictos socioambientales en distintos territorios del país.
Con la acción de
inconstitucionalidad, los colectivos buscan que la Corte revise el contenido de
la ley y determine si sus disposiciones se ajustan al marco constitucional
vigente. Al mismo tiempo, alertaron sobre los riesgos de una política que,
según indican, promueve una “minería exprés” que podría afectar la
biodiversidad y los territorios de comunidades indígenas, campesinas y
amazónicas.
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