Organizaciones y allegados a la presa política Gabriela Gallardo denunciaron su traslado a la Cárcel de Mujeres de Guayaquil, señalando que la medida se habría realizado de manera irregular y sin las debidas garantías legales.
Según la denuncia pública,
el traslado constituye una nueva acción de “dispersamiento”, práctica que
califican como una forma de tortura psicológica, al alejarla aún más de su
entorno familiar, especialmente de su hijo. Sus allegados sostienen que Gallardo
ha sido privada sistemáticamente de atención médica adecuada para el grave
tumor cerebral que padece.
Las críticas se dirigen
particularmente al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas
Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), entidad
responsable del sistema penitenciario en Ecuador. Los denunciantes acusan a la
institución de mantener prácticas que vulneran los derechos fundamentales de la
detenida.
En el comunicado también
se exige al Estado ecuatoriano que garantice atención médica inmediata y
especializada para Gallardo, así como explicaciones formales sobre las
condiciones de su traslado.
Además, se solicita el
cese de lo que califican como “secuestro” y “tortura permanente” contra tres
militantes guevaristas privados de libertad: Gabriela Gallardo, Omar Campoverde
y Carlos Carguachi.
Los denunciantes
reiteraron su pedido de libertad para los tres detenidos y demandaron que se
respeten sus derechos humanos, particularmente el acceso a la salud y el
contacto con sus familiares.
Hasta el momento, las
autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial sobre estas acusaciones.


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