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| Fuente: FNA |
Mediante pronunciamiento
de varios voceros de la organización señalaron que desde su creación en
septiembre de 2021 han articulado a pueblos y comunidades afectadas por la
minería a gran escala, con el objetivo de unificar resistencias y posicionar en
el debate nacional los impactos del modelo extractivo. Sin embargo, aseguran
que en los últimos años se ha intensificado una estrategia de judicialización y
estigmatización contra defensores ambientales, particularmente en provincias
como Imbabura, Cotopaxi, Bolívar, Los Ríos y Azuay, donde según indican más de
200 campesinas y campesinos enfrentan procesos judiciales vinculados a
conflictos mineros.
El Frente sostiene que
desde 2025 se habría iniciado una arremetida política, jurídica y económica en
su contra, señalando que abogados de empresas transnacionales y autoridades del
Gobierno comenzaron a difundir un discurso que los vincula con presuntos
delitos como crimen organizado, minería ilegal y recepción de fondos
irregulares. La organización advierte que este señalamiento se produce en el
contexto del Conflicto Armado Interno declarado en Ecuador, lo que afirman;
incrementa los riesgos de estigmatización y posibles vulneraciones a la
integridad de quienes defienden el agua y los territorios.
Asimismo, indicaron que,
en agosto de 2025, tras un proceso de justicia indígena comunitaria en la
provincia de Cotopaxi, se habría revelado la existencia de una red de
inteligencia policial dedicada a realizar seguimiento a organizaciones
sociales, entre ellas el Frente Nacional Antiminero.
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| Fuente: FNA |
En septiembre de 2025, en
el marco del Paro Nacional convocado por diversas organizaciones sociales, 61
personas entre dirigentes sociales, ecologistas, académicos y defensores de
derechos humanos fueron sometidas a procesos judiciales por el presunto delito
de “enriquecimiento ilícito no justificado”, de las cuales 16 serían
integrantes del FNA. Posteriormente, según el comunicado, se habría incorporado
la figura de “financiamiento de terrorismo” dentro de las acusaciones.
Paralelamente, el Frente
denuncia el bloqueo de cuentas bancarias personales de varios de sus
integrantes, sin orden judicial ni justificación administrativa. Aunque señalan
que tribunales han dispuesto el desbloqueo por falta de pruebas, seis miembros
del colectivo mantienen el cierre definitivo y unilateral de sus cuentas,
situación que califican como una forma de asfixia financiera que vulnera
derechos fundamentales.
Frente a este escenario,
el Frente Nacional Antiminero anunció el lanzamiento de la campaña “SIN
DEFENSORES NO HAY DERECHOS”, con el objetivo de visibilizar lo que consideran
un proceso de criminalización y exigir el cese inmediato de la persecución contra
defensores y defensoras de la naturaleza.
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| Fuente:FNA |
El pronunciamiento se
produce además ante la eventual aprobación, por parte de la Asamblea Nacional,
del Proyecto de Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de
Minería y Energía, iniciativa que según la organización profundizaría el modelo
extractivo y favorecería a corporaciones multinacionales.
Finalmente, el Frente
reiteró que la defensa del agua, los territorios y la vida constituye un
derecho y una responsabilidad histórica frente a las futuras generaciones, e
hizo un llamado a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a
vigilar el respeto al debido proceso y las garantías constitucionales en los
casos denunciados.
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| Fuente:FNA |
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