Pese al despliegue de fuerza, el paro sigue vivo. Las comunidades
mantienen bloqueos en distintas vías del país, especialmente en las provincias
de Imbabura, Loja, Pichincha entre otras, donde se sostiene una resistencia
popular que demanda la derogación del Decreto 126, la reducción del costo de la
vida y el cese de la represión.
El movimiento ha desarrollado nuevas estrategias de organización y
defensa territorial, fortaleciendo la solidaridad entre el campo y la ciudad.
En Imbabura, considerada el epicentro de la resistencia los pobladores
continúan movilizados, mientras el Gobierno mantiene suspendido el diálogo con
la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).
Diversas organizaciones denuncian que el Ejecutivo de Daniel Noboa ha
utilizado todo el aparato estatal para silenciar voces críticas: se han
reportado bloqueos de cuentas en redes sociales, cuentas bancarias, detenciones
arbitrarias, censura mediática y ataques a medios comunitarios.
A un mes de iniciado el paro, el país atraviesa una de las crisis
políticas y sociales más profundas de las últimas décadas. El descontento
popular se mantiene, y los sectores movilizados insisten en que solo el diálogo
verdadero y el respeto a los derechos humanos podrán abrir una salida justa y
democrática a esta crisis nacional.


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