Los tres líderes enfrentan un proceso penal impulsado por la empresa
minera Curimining S.A., que los acusa de haber promovido el ingreso de más de
cien campesinos a una supuesta propiedad privada vinculada a un extrabajador de
la compañía. El Colectivo de Abogados sostiene que la denuncia carece de
pruebas sólidas y tiene un trasfondo político, al tratarse de una estrategia
para criminalizar la protesta social y debilitar la organización comunitaria
que se opone a las actividades mineras en el cantón Las Naves, provincia de
Bolívar.
“Estas acusaciones infundadas forman parte de un patrón de represión que
busca quebrar la resistencia legítima de comunidades campesinas que luchan por
la defensa de su tierra y el agua”, afirmó un vocero del Colectivo, agregando
que “la empresa minera actúa con respaldo político y económico de altos sectores
de poder, entre ellos el actual gobierno nacional”.
En el comunicado difundido por la organización, se denuncia que la
familia Noboa, ligada al actual Presidente de la República, tendría acciones en
Curimining, lo cual explica —según los abogados— la alineación del gobierno con
los intereses de las grandes empresas extractivas.
El Colectivo de Abogados Democráticos, que se define como una
organización antiimperialista y antifascista, ha asumido la defensa legal de
los tres dirigentes comunitarios, al considerar que se trata de un caso
emblemático de persecución política.
La audiencia de juzgamiento está programada para este miércoles 6 de
agosto de 2025, a las 10h00, en la ciudad de Quevedo. Diversos colectivos
sociales, ambientales y de derechos humanos han expresado su solidaridad con
los procesados y han llamado a vigilar el desarrollo de este proceso.
El caso se suma a una larga lista de denuncias por criminalización de
líderes rurales en zonas de conflicto minero a lo largo del país, lo que genera
preocupación sobre el respeto a los derechos fundamentales y la protesta social
en el Ecuador actual.
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