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miércoles, 6 de agosto de 2025

Persecución judicial contra dirigentes comunitarios que rechazan la minería en Las Naves

El Colectivo de Abogados Democráticos denunció la persecución judicial en contra de tres reconocidos dirigentes comunitarios: María Práxedes Ortega Ortega, Piedad Erlinda Guaranda Tasgacho y Reminton Wilfrido Escobar Arias, provenientes de las zonas rurales de Pasaje (Los Ríos), Echandía y Salinas (Bolívar), respectivamente.

 

Los tres líderes enfrentan un proceso penal impulsado por la empresa minera Curimining S.A., que los acusa de haber promovido el ingreso de más de cien campesinos a una supuesta propiedad privada vinculada a un extrabajador de la compañía. El Colectivo de Abogados sostiene que la denuncia carece de pruebas sólidas y tiene un trasfondo político, al tratarse de una estrategia para criminalizar la protesta social y debilitar la organización comunitaria que se opone a las actividades mineras en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar.

 

“Estas acusaciones infundadas forman parte de un patrón de represión que busca quebrar la resistencia legítima de comunidades campesinas que luchan por la defensa de su tierra y el agua”, afirmó un vocero del Colectivo, agregando que “la empresa minera actúa con respaldo político y económico de altos sectores de poder, entre ellos el actual gobierno nacional”.

 

En el comunicado difundido por la organización, se denuncia que la familia Noboa, ligada al actual Presidente de la República, tendría acciones en Curimining, lo cual explica —según los abogados— la alineación del gobierno con los intereses de las grandes empresas extractivas.

 

El Colectivo de Abogados Democráticos, que se define como una organización antiimperialista y antifascista, ha asumido la defensa legal de los tres dirigentes comunitarios, al considerar que se trata de un caso emblemático de persecución política.

 

La audiencia de juzgamiento está programada para este miércoles 6 de agosto de 2025, a las 10h00, en la ciudad de Quevedo. Diversos colectivos sociales, ambientales y de derechos humanos han expresado su solidaridad con los procesados y han llamado a vigilar el desarrollo de este proceso.

 

El caso se suma a una larga lista de denuncias por criminalización de líderes rurales en zonas de conflicto minero a lo largo del país, lo que genera preocupación sobre el respeto a los derechos fundamentales y la protesta social en el Ecuador actual.

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