Ley de Inteligencia: el Estado ecuatoriano hacia el fascismo

Por: Gabriel Rodríguez Unda

 

Con la nueva Ley Orgánica de Inteligencia, promulgada el 10 de junio de 2025, la dictadura del capital ya no necesita esconderse, se institucionaliza legalmente como un aparato de vigilancia que convierte al Estado ecuatoriano en enemigo de su pueblo. Esta ley no es una respuesta improvisada a la alarmante inseguridad que vive el país, es la consolidación jurídica del Narcoestado neoliberal, la pieza que faltaba para blindar con legalidad los mecanismos del miedo, el espionaje y la persecución.

 

Esta ley nace bajo el contexto de guerra interna decretada por Daniel Noboa, que ha convertido la seguridad en un nuevo fetiche nacionalista. En nombre del orden, se ha allanado el camino para la construcción de un Estado policial que desborda todo principio democrático, haciendo uso del "consenso del miedo" como nuevo cemento social. Estamos ante un Estado que deja atrás su papel mínimo o benefactor, para devenir en forma fascista, su función principal ya no es garantizar derechos, sino disciplinar a las masas para sostener el orden del capital.

 

Los derechos humanos y principios básicos de vida digna que viola la nueva ley, afectan a toda la ciudadanía, puesto que nos convierte en potenciales sospechosos. Pero para las organizaciones populares, el impacto es más grave, la infiltración, vigilancia selectiva y el espionaje masivo se convierten en herramientas legales para desestructurar procesos organizativos, tejido comunitario y movimientos que defienden la vida frente al capital extractivista.

 

Infiltración, seguimiento y mimetización: el espionaje como norma

El artículo 37 dispone que los agentes de inteligencia puedan emplear técnicas como la creación de falsas identidades, mimetización social y otras “que consideren convenientes” para obtener información. Es decir: se legaliza la infiltración en movimientos sociales, colectivos culturales, sindicatos, comunidades campesinas o indígenas.

 

Bajo el lenguaje neutral de “seguimiento técnico”, se institucionaliza el método histórico del sabotaje interno, una práctica conocida durante la Guerra Fría, donde la CIA y el Pentágono formaron a cuerpos militares de las dictaduras latinoamericanas a través de la tristemente célebre Escuela de las Américas, en doctrinas de inteligencia, contrainteligencia y control social. Sus manuales incluían técnicas de infiltración, desinformación y destrucción de estructuras organizativas. Esta ley no solo recoge ese legado, lo legaliza.

 

Con este movimiento el Estado ecuatoriano abandona la hegemonía por el consenso, y transita hacia la hegemonía por la coerción. La inteligencia estatal se usará legalmente para desestructurar toda forma de organización autónoma y sustituir la movilización por el miedo.

 

Sin control ni transparencia

Con el artículo 13 el Gobierno del presidente-hacendado configura una estructura de impunidad total. Los fondos de inteligencia serán auditados por la Contraloría, pero después incinerados. No es una metáfora, la ley ordena que la documentación de auditoría trimestral sea destruida físicamente por el Contralor General del Estado. ¿Qué significa esto? Que no solo se blinda el espionaje, se protege financieramente todo posible abuso, corrupción o montaje desde la oscuridad. El dinero del pueblo se usará para espiar al pueblo, y ningún funcionario podrá ser juzgado por ello, porque no quedará huella.

 

Una de las cláusulas más alarmantes es el artículo 44, que permite al Estado ecuatoriano “mantener relaciones con organismos de inteligencia de otros Estados”. Esta disposición, sumada al reciente ingreso de la empresa israelí-estadounidense Palantir, marca un salto cualitativo en la entrega de soberanía.

 

Palantir es conocida por su participación directa en la cadena de mando militar israelí. Su software Gotham integra datos de múltiples fuentes —desde cámaras hasta redes sociales— y ha sido usado para decidir objetivos de asesinato, lo que llaman la “kill-chain”. Israel se jacta de utilizar este software para eliminar “objetivos humanos” en Gaza.

 

Se trata de una arquitectura de vigilancia ya probada en el genocidio palestino y hoy esa tecnología es usada en el país indiscriminadamente. ¿Quién garantiza que no se usa contra dirigentes, comunidades o periodistas? Con la nueva ley, no hay mecanismos de control ciudadano ni judicial para impedirlo.

 

Privacidad abolida: todo ciudadano puede ser vigilado sin saberlo

El artículo 25 dicta que las instituciones de inteligencia tendrán acceso a toda información que consideren necesaria, sin requerir consentimiento, orden judicial ni notificación a la persona investigada. La ley habla de forma amplia: pueden acceder a tus ubicaciones en tiempo real, tus contactos, tus redes sociales, tus datos biométricos, tus interacciones financieras y tus comunicaciones privadas.

 

Esto no es una exageración. Es la legalización del espionaje masivo, sin necesidad de prueba, de acusación ni de sospecha. Avalado además bajo la noción de “seguridad nacional”, heredada de las dictaduras del siglo XX.

 

Esta ley permite criminalizar cualquier forma de organización que se considere "riesgosa" para el Estado. La definición es tan vaga que puede abarcar desde asambleas comunitarias hasta editoriales críticas o marchas estudiantiles.

 

La historia reciente lo confirma: los líderes antimineros ya son perseguidos, los colectivos estudiantiles son infiltrados, y los dirigentes indígenas son acosados por fiscales y policías. Esta ley le da el marco legal a lo que ya estaba ocurriendo.

 

El Claroscuro de los monstruos

Si bien es cierto que la ley de inteligencia no inaugura la represión, si le da legitimidad bajo un marco legal. Ya no se necesita un estado de excepción para vigilar, infiltrar y perseguir. El espionaje se convierte en parte rutinaria del Estado.

 

Es el descenso del Estado ecuatoriano al fascismo, en un momento histórico en donde el bloque en el poder puede perder capacidad de consenso y recurre al uso crudo de la fuerza, donde y cuando lo considere necesario.

 

Son tiempos de monstruos, el poder político-económico del Ecuador se encuentra alineando todas las condiciones para un escenario de explotación absoluta, tanto de la fuerza de trabajo como de los territorios, cuerpos racializados y cuerpos feminizados. El verdadero proyecto del “Nuevo Ecuador” se cumple al pie de la letra: una sola mega-hacienda narco-banano-minera, conectada a una red algorítmica global de vigilancia, destinada a servir los intereses del imperialismo occidental.

 

Frente a esto, no cabe la neutralidad. Es urgente rearticular las fuerzas populares, las colectivas, los medios populares y comunitarios, las organizaciones sindicales y antiextractivistas en una estrategia común de defensa y ofensiva. Si la historia se repite dos veces, que esta ocasión el fascismo nos vuelva a encontrar organizados en un bloque histórico.