En estas tierras ecuatoriales no hay tiempo para el
aburrimiento. En medio de una situación de crisis múltiples un nuevo escándalo
sacudió el tablero político. Una empresa de la esposa del presidente de
República pretendía construir un complejo habitacional de lujo en un remanente
de manglar, menos de tres hectáreas, en la provincia de Santa Elena. La
reacción de la comunidad de la zona fue inmediata tanto como la indignación en
amplios sectores de la sociedad. Tan es así, que dicha empresa se vio forzada a
suspender su cometido.
En medio del barullo, el presidente Daniel Noboa emitió un decreto conformando
una comisión para por fin comenzar a cumplir con el mandato popular referido al
Yasuni-ITT, expresado mayoritariamente en las urnas el 20 de agosto pasado.
Esta decisión, según algunas lecturas, habría sido tomada para distraer la
opinión pública por el escándalo de Olón, que se transformó en duro golpe para
la credibilidad presidencial.
ENTRETELONES DE ESTE OLONCIDIO
A pesar de que se habría suspendido el proyecto inmobiliario, bien vale
la pena conocer brevemente algunos pormenores de este caso, que desnuda, con
claridad, cómo se maneja un Gobierno de los Dueños.
El intento de talar el bosque de esta zona costera, llamada Esterillo de
Oloncito, nos remite a una larga historia de luchas comunales. No es la primera
vez que la familia del presidente está envuelta en estas disputas de tierras
con comunidades del perfil costanero. Basta recordar lo que sucedió con la
comuna de Engabao en Playas, en la misma provincia de Santa Elena, que dio
lugar a enfrentamientos y desplazamientos violentos. Práctica que conlleva, con
frecuencia, el rompimiento de la unidad de las comunidades, como aconteció en
Oloncito.
Hace 23 años los habitantes de ese territorio en Olón, unas 300
familias, consiguieron que se declare al manglar como bosque y vegetación
protectora, por su riqueza vegetal y faunística. Este tipo de territorios forma
parte del Patrimonio Natural del Ecuador, como establece el artículo 404 de la
Constitución de Montecristi. Es más, según sentencia de la Corte Constitucional
del año 2021, en los manglares -destruidos masivamente en especial por la
actividad camaronera- solo se puede construir infraestructura pública si es
para garantizar servicios para las comunidades y siempre que sean respetuosos
de los ecosistemas.
El cuestionado proyecto lo impulsa la empresa Vinazin S.A, fundada por
el actual presidente de Ecuador, el año 2016. Noboa vendió la empresa a un
empleado de alto nivel administrativo de la naviera de la familia del
mandatario Y desde hace dos años la esposa del presidente, Lavinia Valbonesi,
aparece como la única propietaria de la compañía. Hasta aquí aparece todo en
orden dentro del mundo de los negocios, en el que la familia presidencial
lidera uno de los emporios empresariales más grandes del Ecuador.
Demos un paso más a la actualidad. Ahora Noboa no solo es empresario,
sino presidente de la República. Y entonces constatamos que en este tipo de
gobiernos de propietarios, tal como sucedió con el banquero-presidente, la
gestión presidencial no se desliga de su ámbito empresarial. Eso explica cómo
este proyecto inmobiliario en Olón se aceleró de forma vertiginosa con el
inicio del nuevo gobierno. En dos semanas, a inicios de este año, con una
suerte de acción exprés -para nada común en este tipo de procesos-, la empresa
de Valbonesi obtuvo el registro ambiental por parte del Ministerio del
Ambiente, presidido por una joven ministra de 26 años, que carece de
experiencia en la materia de su gestión, pero que forma parte del grupo íntimo
de Noboa.
Eso no es todo, los estudios de factibilidad estuvieron a cargo de la
empresa Geosísmica, de quien es hoy ministro de Transporte y Obras Públicas,
encargado también de la cartera de Energía. Para ir cerrando el círculo, la
gerente general de la empresa Vinazin S.A., es la presidenta nacional del
partido de Noboa, ADN. El proceso para la conformación de la empresa los
realizó, la abogada que hoy actúa como ministra del Interior. Y para proteger
el inicio de las obras en Olón, el régimen no dudó en enviar soldados a la
zona.
[Debemos tener en cuenta, además, que Lavinia Valvonesi, en su calidad
de “primera dama”, actúa en varios ámbitos de la gestión gubernamental. Así,
pocos días antes del escándalo de Olón, recibió, con bombos y platillos, una
donación de la empresa minera canadiense Dundee Precious Metals para proyectos
sociales en el páramo de Quimsacocha. Justo en la zona en donde pretende operar
dicha compañía, a pesar de que allí, como resultado de una consulta popular de
marzo del 2019 en el cantón Girón, provincia del Azuay, está prohibida la
minería; mandato popular que se pretende revertir declarando inconstitucional
dicha consulta.]
DE OLÓN A LOS MUCHOS YASUNIS
En medio del revuelo mediático provocado por el claro abuso de poder en
Olón, apareció el decreto presidencial para poner en marcha el proceso de
suspender la actividad petrolera en el bloque 43 o ITT en el Yasuni. Este
decreto que debe ser valorado por lo que representa esta decisión, teniendo en
cuenta que el tiempo para cumplir lo dispuesto por la Corte Constitucional,
aprobado mayoritariamente en las urnas, se acaba inexorablemente. Sin minimizar
esta decisión presidencial, más allá de que podría ser vista como una cortina
de humo, es a todas luces evidente que el decreto aparece como incompleto: no
hay plazos, ni se establece financiamiento alguno. No solo eso, en esa comisión
solo están funcionarios del más alto nivel ministerial y de la empresa estatal
petrolera Petroecuador. No hay ningún representante del pueblo waorani, ni de
las diversas organizaciones que llevaron adelante la campaña del Yasuni.
Resaltando la importancia histórica de desplegar todas las acciones
necesarias para cristalizar el significado del abrumador triunfo del 20 de
agosto pasado en la consulta popular, recuperando el mensaje profundo de
avanzar hacia una sociedad y economía postextractivistas, cabe comprender lo
sucedido en Olón.
Este es un ejemplo de defensa comunitaria de un territorio concreto.
Situación que se repite en muchas otras regiones del país, como sucede
actualmente en el cantón Sigchos en la provincia de Cotopaxi, cuya comunidad
enfrenta a la minería y a la brutal represión gubernamental. En síntesis, es
preciso entender que la esencia de la lucha por el Yasuni está presente en los
territorios en los que sus habitantes defienden la vida.-
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