LAS ORGANIZACIONES AMBIENTALISTAS, SOCIALES Y DE DDHH, APOYAN LA LUCHA SOCIAL Y LAS ACCIONES DE LOS DEFENSORES DEL AGUA

Las organizaciones ambientalistas, sociales y de DDHH, apoyan la lucha social y las acciones de los defensores, brindaron una rueda de prensa en dónde expresaron las acciones que realizaron, ante la sentencia del Tribunal de Garantías Penales de Bolívar, que los sentenció a seis campesinos defensores de la naturaleza a tres años de prisión por el delito de asociación ilícita.

 

Las acciones de los luchadores sociales se basan en rechazar la presencia y actividades de la empresa minera Curimining subsidiaria de Adventus Mining que lleva a cabo el proyecto minero Curipamba-El Domo, en donde se explota cobre y oro, ubicado en el cantón Las Naves, provincia de Bolívar. Por su parte los sentenciados aseguran que todo esto es una persecución del Gobierno Nacional ya que la empresa minera que opera en el sitio tendría vínculos económicos con el Grupo Nobis. A pesar de que están sentenciados no desistirán la lucha e invitaron a la población a sumarse a respaldar las acciones y rechazar el extractivismo en los territorios.

 

Además, sostienen que los territorios están en peligro por la contaminación que deja la minería, piden al Gobierno que se verifiquen los ríos que serían afectados y por consiguiente los habitantes serían los que consumirían el agua con químicos dañinos.

 

Emily Conrad, técnica ambiental del proyecto ambiental Dulcepamba en Bolívar, sostuvo que se ha hecho un estudio ambiental del proyecto Curipamba-El Domo, en dónde se ha determinado que la empresa no tiene un plan de manejo de sustancias tóxicas; tienen un plan de desvío de aguas contaminadas pero esto afectaría a los territorios colindantes al proyecto influencia, no tienen estudio de factibilidad y plan de manejo ambiental; sin embargo el Ministerio del Ambiente y Transición Ecológica ha dado la licencia ambiental para la operación minera.

 

Yaku Pérez, abogado de los sentenciados, sostuvo que este tipo de delitos ya no son casos aislados con la criminalización de la lucha social, ya que sin haberse comprobado el delito imputado se los sentenciados, con este antecedente se prevé que en otros sectores que se oponga al extractivismo también se procederá de la misma manera.

 

Como cuerpo jurídico han presentado un recurso de apelación en la Corte provincial de Justicia de Bolívar; una denuncia ante organismos internacionales y se reunirán con la defensoría del Pueblo.