Los combates en
Nariño, entre disidentes de la guerrilla y autoridades, se sienten en nuestro
país.
A
las 10:10 del pasado 5 de octubre comenzó la masacre. Un tiro irrumpió en el
monte y casi enseguida, según los testigos, comenzó el fuego indiscriminado de
fusiles y ametralladoras. También se escucharon explosiones que partían los
árboles. La gente corrió despavorida sin saber qué ocurría y cayó el primer
hombre al suelo, luego otro y otro y otro…En total siete campesinos muertos,
mientras 15 quedaban heridos arrastrándose por el suelo.
Según
el brigadier general William René Salamanca, comandante policial en la
región, “Alias ‘Guacho’ y su grupo de
disidentes de la columna Daniel Aldana de las FARC lanzaron al menos cinco
cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la
multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron a los manifestantes y
a las autoridades”. Ocurrió en la vereda El Tandil, Tumaco, muy cerca de
Ecuador.
Una masacre
Una
fuente de Tumaco dio otra hipótesis de lo ocurrido: El Esmad (Escuadrón Móvil
Antidisturbios de la Policía) lanzó
gases lacrimógenos y los campesinos en defensa lanzaron los recipientes que
llevaban, la Policía reaccionó al pensar que estaba siendo atacada y disparó.
De
otro lado, Wilson Barahona, uno de los sobrevivientes, dijo: “Nosotros
estábamos encerrándolos (a los policías) para que no nos arrancaran las matas
de coca, entonces comenzaron los antimotines a dispararnos gases lacrimógenos,
nosotros corrimos y nos tapamos la boca, después nos empezaron a disparar (...)
de los campesinos no salió ninguna bala”.
¿Quién disparó
primero?
La
gran pregunta, entonces, es de dónde vinieron las balas. Ese jueves, cientos de
campesinos se reunieron en El Tandil. Se habían citado para protestar contra la
erradicación forzada de matas de coca que el Ejército y la Policía
Antinarcóticos venía adelantando en la zona durante las últimas semanas.
Hombres,
mujeres y niños llegaron cargados de provisiones, pues la jornada sería larga y
no terminaría hasta que una de las dos partes diera su brazo a torcer. Los
ciudadanos llevaban más de ocho días defendiendo una causa suya, pero también
ajena. Todos dependen de la siembra del cultivo, del que han vivido durante los
últimos cuatro años. Querían, simplemente, defender su sustento aunque sea
considerado ilegal. Estos campesinos no son narcotraficantes: simplemente se
dedican a la siembra y recolección de la hoja de coca y luego se la venden al
mejor postor. Hasta hace poco, la guerrilla les compraba. Ahora se la llevan
los grupos disidentes que quedaron. O las mismas FARC, o su contraparte el ELN,
o los paramilitares o las llamadas Bacrim (bandas criminales) que pululan en la
zona.
Sinaloa en Ecuador
De
todos modos, uno y otro la pagan, se la llevan y luego la procesan en diversos
laboratorios clandestinos, algunos ubicados en plena selva. La ‘mercancía’ ya
está negociada con importantes carteles de la droga, principalmente el de
Sinaloa. Los cargamentos que no logran salir por el Puerto de Tumaco –debido a
los controles policiales– se envían por los ríos Mira y Patía y otros afluentes
hasta Ecuador. Y de aquí se va por el mar
en semisumergibles o lanchas rápidas hasta Centroamérica, México y
Estados Unidos.
Cada
mes, según estiman varios investigadores, salen por lo menos 10 toneladas de
cocaína cuyo valor alcanza los 250
millones de dólares.
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ESPERA. Los campesinos se reunieron para rechazar la intervención de las autoridades, luego de la matanza. (Foto: El Espectador) |
Promesa incumplida
Lo
que ocurre en Tumaco es una tragedia. Seis meses atrás, el Gobierno creó el
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, con la finalidad
de erradicar unas 50 mil hectáreas de sembradíos ilegales y beneficiar a cien
mil familias.
Desde
Bogotá se les ofrecieron incentivos a los campesinos: dinero para invertir en
nuevos cultivos, asistencia técnica y líneas especiales de crédito. Pero el
plan nunca se concretó a pesar de estar establecido en el Acuerdo de Paz
suscrito con las FARC.
“Como
siempre, el Gobierno incumplió su promesa”, dijo Miguel Méndez, al rememorar lo que sucedió. “Tuvimos,
entonces, que volver a trabajar con la coca: cosechar la planta y venderla a
los que vienen a comprarla que son los de siempre: hombres uniformados y
armados que siguen insistiendo en que son guerrilleros.
Matanza tras matanza
Doce
días después de la matanza, el líder comunitario José Jair Cortés fue asesinado
en un sector denominado la Y, en pleno centro de Tumaco. Este hombre fue quien denunció la situación
de emergencia humanitaria que campesinos afro-colombianos, mestizos e indígenas
viven en la zona. Sabía que estaba amenazado y lo denunció publicamente. Pero
nadie lo protegió.
Pese
a las advertencias, Cortés no tenía guardaespaldas y había sido declarado
‘enemigo de la coca’ por quienes se oponen a la eliminación de los plantíos
ilegales, según Célimo Cortés, de la Red de consejos comunitarios del Pacífico
Sur (Recompas).
El
dirigente comunal, que para su protección había recibido del Estado un chaleco
antibalas y un celular, es una de las recientes víctimas de los ataques a
activistas sociales. ‘Iba en su moto a su casa, cuando lo interceptaron y lo
mataron’, contó el portavoz de Recompas.
Sin
parentesco entre ellos, Cortés recuerda que habló con el líder asesinado tras
una reunión con el vicepresidente de Colombia, Óscar Naranjo, quien había
viajado a la zona para intentar contener la guerra por la coca que a fuego
lento se cuece en la frontera con Ecuador.
La guerra por la coca
Para
completar, el lunes último dos indígenas fueron asesinados por desconocidos en
la convulsa zona. Alirio Taicus Sabala y su hijo Geovanny Sabala Quistial
fueron atacados con ráfagas de fusil disparadas por dos hombres que llegaron al
lugar donde desayunaban, indicó en un comunicado que hizo llegar a La Hora la
Unidad Indígena del Pueblo Awa (Unipa).
El
acto violento ocurrió en la vía que conecta Pasto, capital del departamento de
Nariño, con el municipio de Tumaco.
“Indígenas,
afros y campesinos nos hemos visto afectados por una guerra que libran varios
grupos armados legales e ilegales, quienes buscan tener el control territorial
de la zona”, agregó Unipa.
Meses
antes también habían matado a Genaro García, otro dirigente social.
Y
es que aparte de la columna Daniel Aldana, también hay gente de otro frente que
no se ha desmovilizado: el Mariscal Sucre, igualmente de las FARC.
Se destapa la lucha
En
la conflictiva región también fue atacado esta semana un helicóptero de la
Policía Antinarcóticos.
La
acción -que no dejó víctimas- se produjo durante la destrucción de un
gigantesco laboratorio para la producción de clorhidrato de cocaína en el
municipio de Barbacoas, a 50 kilómetros de Tumaco.
La
realidad es que el fin del enfrentamiento de medio siglo con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) destapó una lucha por el dominio de
territorios y del negocio del narcotráfico que involucra a rebeldes del ELN
-actualmente en negociaciones de paz-, bandas de origen paramilitar y
‘disidentes’ de la primera guerrilla.
“Hay
una ausencia de Estado muy grande. Salen las FARC pero no ingresa el Estado”,
comentó Édgar Insandará, secretario de Gobierno de Nariño. Lo peor, sin embargo, apenas estaba por
llegar. Fuente: Diario la Hora.
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VÍCTIMA. José Jair Cortés, el líder social asesinado. (Foto: Semana) |
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