Andrés Mendoza Reynoso
Agencia Popular de Comunicación
Ser Públicos
Corría el 27
de Marzo del 2015, eran horas de la mañana cuando de pronto la tranquilidad de
la Melida de Toral, cooperativa de Isla Trinitaria, ubicada al sur de la ciudad
de Guayaquil fue interrumpida de manera abrupta por centenares de policías
quienes en como operativo de aquellos que se ven en las mega producciones de
cine norteamericano por aire, estero y tierra llegaron a desalojar de manera
imprudente e indolente a más de 40 familias que a esa hora se encontraban unas
preparándose para ir a desayunar, otras a sus labores cotidianas laborales
formales e informales.
Pero días antes de aquel violento desalojo que dejo
personas heridas y detenidas, en otro sector de la misma cooperativa, entrega de
manera sorpresiva el 5 de marzo del 2015 según versión de los moradores, una
orden de desalojo emitida por la Secretaria Técnica de Prevención de
Asentamientos Humanos Irregulares que afectaría a cientos de familias asentadas
en la rivera de la Isla Trinitaria en Guayaquil, 15 agentes de las Policía
Nacional vestidos de negro acompañados de civiles con chalecos distribuyeron
Boletas de Desalojo fechadas ese mismo día y sin nombres individualizadas de
las familias, en las que se anota lo siguiente:
“En virtud de los fundamentos legales expuestos,
esta Secretaria Técnica del Comité de Prevención de Asentamiento Humano
Irregulares, de conformidad con el Decreto Ejecutivo 1227 de fecha 28 de junio
de 2012, y atendiendo la petición realizada mediante oficio N°
MAE-CGZ5-DPAG-2015-0667, de fecha 23 de febrero del 2015, solicita el retiro de
todas las personas que se encuentran en esta edificación por encontrarse la misma
construida dentro de la Reserva de Producción Faunística Manglares El Salado
y/o en sus área de influencia en un término de 48 horas.
Según el
testimonio de las habitantes, esta orden desalojo ocurre luego de censo de
vivienda de noviembre del 2013, realizado por trabajadores de diferentes
instituciones estatales quienes durante esas fechas del censo, los moradores no
recibieron información clara y oportuna para saber cuál sería sus destinos años
después.
Resultado del inminente y sorpresivo entrega de notificaciones,
el mismo 5 de marzo los pobladores realizaron una protesta en la autopista Perimetral,
a la altura de almacenes Jaher, en Isla Trinitaria, cerraron la vía y fueron
duramente reprimidos por agentes de la Policía Nacional que llegaron en buses y
patrullas. En esta circunstancia, una mujer de nombre Rosa M. de 32 años de
edad que se manifestaba contra el desalojo fue fuertemente golpeada y un
Policía Nacional que portaba arma de electrochoques de contacto “Taser” le
aplicó descarga que provoca graves problemas en su avanzado embarazo. Rosa fue
internada en hospital y al día siguiente perdió el bebe de 6 meses de
gestación.
A más del uso desmedido de la fuerza en contra de
población civil y desarmada (los elementos policiales usan el selecto nombre de
neutralizar), a más de personas golpeadas, hubieron detenidos por el hecho de
manifestar su descontento como toda persona que se siente afectado en sus
derechos a tener un espacio a donde vivir y si estos tendrían que ser
desalojados por lo menos debería de haber primado un plan de contingencia
concreto para haber permitido una salida pacífica de las viviendas en las
cuales han vivido según testimonios de los moradores más de 20 años.
Nadie discute las razones que tendrá el Gobierno
Nacional para realizar el desalojo pero es cuestionable el plazo de apenas 48
horas para el abandono de las viviendas y la destrucción de casas y la ausencia
de información detallada e individualizada sobre los planes a ejecutarse en el
sector evitando rigurosamente la incertidumbre y la zozobra; pero cabe destacar
que los moradores intentan llegar a un mecanismo de diálogo y conciliación que
en días pasados presentaron ante la Defensoría del Pueblo del Ecuador en
Guayaquil, una queja donde daban a conocer la vulneración de derechos. Ante
este hecho garantista de derechos, la Defensoría convocó a las partes: la
ejecutora de los desalojos y los moradores afectados en su buen vivir.
Resultado de aquello: La Secretaría de Asentamientos
Irregulares, se negó a todo tipo de negociación o de acuerdo con los habitantes
de la Melida de Toral.
La falta de dialogo sobre la necesaria reubicación
de todas las personas afectadas por el inevitable desalojo. El Gobierno
Nacional tiene la obligación de evitar el desamparo a las personas y debe de
procurar que la reubicación de las familias sea planificada, progresiva y
manteniendo las relaciones vecinales construidas; además los planes de
viviendas de la reubicación (si las hubiere) deben considerar características
de las familias beneficiadas.
La Isla Trinitaria es un sector profundamente
afectado por la pobreza extrema. La orden dictada por la Secretaria Técnica de
Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares es cruel e inhumana contra esta
población que no se resiste a los planes de desarrollo ambiental. Lo ocurrido
el 5 de marzo último en la Isla Trinitaria va en sentido contrario a la
operación desarrollada durante el 2013 y 2014 por el Proyecto Guayaquil
Ecológico para la reubicación de la población asentada en la rivera del Estero
Salado.
Un aspecto separado y extremadamente grave es la
muerte de bebe en estado de gestación por el uso de arma de electrochoques por
parte de agente de la Policía Nacional en circunstancia de protesta social. El
uso de estos instrumentos represivos es ampliamente criticado por los
organismos de Derechos Humanos en varias partes del mundo por su descontrolada
aplicación provocando la inmovilización abusiva de la persona en situación que
no lo amerita.
Quizás las entidades estatales deberían de revisar
los procedimientos usados en las notificaciones y desalojos, y según por lo visto dentro del
Plan Guayaquil Ecológico del Ministerio de Ambiente, es posible que continúen
la cadena de desalojos, a lo que salta una pregunta lógica ¿Qué va a pasar con
las otras miles de familias ubicadas en las orillas del Estero Salado? Y otra:
¿Hay un plan de contingencia para las ya desalojadas?
En estos días la Fiscalía Provincial del Guayas debió
iniciar una investigación exhaustiva del
ataque a la mujer embarazada durante la represión policial el 5 de marzo en la
vía Perimetral, incluyendo el examen del registro de las cámaras del sistema
ECU 911 ubicadas en el sector, de lo cual conocemos no se tiene resultado a
pesar de que esta identificado el gendarme responsable de la agresión.
Hasta ahora las familias desalojadas, las que se
encontraban las carpas, se encuentran en albergues cerca de la zona, a la
espera de una respuesta oficial sobre su situación.
Pero si de desalojos en otro sector de
Guayaquil, también hay intentos, pero que provisionalmente han sido
suspendidos, ese es otro capítulo aparte, pues se está tejiendo un proceso, una
historia….