La medida, adoptada el 26 de abril, se fundamenta en el incumplimiento de requisitos legales relacionados con el número mínimo de afiliados.
Según el organismo electoral, la
decisión responde a informes técnicos y jurídicos elaborados por sus equipos,
amparados en lo que establece el Código de la Democracia; desde esta
perspectiva, el CNE sostiene que se respetaron los procedimientos y plazos,
incluyendo el derecho de las organizaciones a presentar documentación de respaldo.
El Consejo Nacional Electoral (CNE)
resolvió la cancelación definitiva de Construye y Unidad Popular, tras
determinar que no cumplieron con el número mínimo de afiliados exigido por la
ley.
Sin embargo, en barrios, colectivos y
espacios comunitarios se han encendido voces de preocupación. Para varios
actores sociales, la reducción de opciones políticas podría afectar la
participación ciudadana y limitar la diversidad de propuestas en el escenario
electoral.
El analista Marcelo Espinel ha señalado
que este tipo de decisiones no solo deben revisarse desde lo legal, sino
también desde su impacto en la democracia; a su criterio, eliminar
organizaciones en medio de un contexto político complejo puede debilitar la
confianza en las instituciones.
Una de las agrupaciones afectadas
anunció que acudirá al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) para apelar la
resolución, lo que abre un nuevo capítulo en este proceso.
Mientras tanto, en las comunidades se
mantiene el debate: ¿se trata de una aplicación estricta de la ley o de una
decisión que reduce el pluralismo político? La respuesta, para muchos, marcará
el rumbo de la democracia en el país.
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