 |
| Foto: INREDH |
El
pronunciamiento se realizó durante una rueda de prensa convocada para analizar
el alcance de la reciente sentencia No. 4-24-CN/26 de la Corte Constitucional
del Ecuador, emitida el pasado 10 de marzo. En su fallo, el organismo determinó
que es inconstitucional exigir la mayoría de edad para el cambio del marcador
de género en la cédula, habilitando a adolescentes entre 12 y 18 años a ejercer
este derecho bajo ciertas condiciones.
No
obstante, el escenario se tensó tras el inicio, el 16 de marzo, de un proceso
de fiscalización impulsado por la Comisión de Transparencia, Participación
Ciudadana y Control Social de la Asamblea Nacional del Ecuador, cuyo objetivo
es revisar los efectos jurídicos y sociales de la sentencia. Organizaciones
sociales advierten que esta acción podría abrir la puerta a cuestionamientos
que limiten derechos ya reconocidos.
Durante
el encuentro con la prensa, voceras de colectivos enfatizaron que el reconocimiento
de la identidad de género forma parte del derecho al libre desarrollo de la
personalidad, especialmente en el caso de adolescentes que históricamente han
enfrentado exclusión y discriminación.
Desde
el ámbito jurídico, representantes señalaron que la sentencia establece
mecanismos de acompañamiento, incluyendo evaluaciones psicosociales, para
garantizar que las decisiones se adopten con base en la madurez y capacidad de
los adolescentes, en coordinación con sus representantes legales.
En
paralelo, activistas cuestionaron la falta de participación de las poblaciones
directamente involucradas en los espacios de discusión legislativa. Indicaron
que, pese a ser actores centrales en este debate, no han sido convocados a
aportar con sus experiencias y perspectivas.
Las
intervenciones también hicieron énfasis en desmontar percepciones erróneas que
circulan en la opinión pública. Activistas trans recalcaron que el acceso a
este derecho no implica procesos inmediatos ni masivos, sino que responde a
procedimientos regulados, orientados a garantizar el reconocimiento de la
identidad de las personas.
Al
cierre, las organizaciones reiteraron su respaldo al fallo de la Corte
Constitucional y manifestaron su rechazo a cualquier intento de retroceso en
materia de derechos. Asimismo, exhortaron a las instituciones del Estado a
cumplir y garantizar la aplicación de la sentencia, así como a promover
políticas públicas inclusivas.
Finalmente,
hicieron un llamado a frenar los discursos de odio y la desinformación, alertando
que estos profundizan la estigmatización y aumentan los riesgos de violencia
hacia la población trans. También insistieron en la necesidad de sostener un
debate público responsable, basado en información verificada y en el respeto a
la dignidad humana.
SUSCRIBETE EN: WHATSAPP
TELEGRAM
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Déjenos su comentario