Educación en riesgo: universidades enfrentan el mayor recorte de los últimos años

Por: Infórmate Pueblo

 

La aprobación del Presupuesto General del Estado 2026 por parte de la Asamblea Nacional abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno y el sistema de educación superior. Con 78 votos de la bancada de ADN y sus aliados, el Legislativo dio paso a una proforma que incluye un recorte total de USD 128,9 millones para 19 universidades públicas, medida que ha desatado indignación en estudiantes, docentes, comunidades indígenas y organizaciones barriales.

 

Los recortes más críticos

 

La Universidad Central del Ecuador (UCE), la institución pública más grande del país, enfrentará una disminución de USD 15,5 millones, lo que afecta directamente su ya limitada capacidad de infraestructura, investigación y oferta académica.

La Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) sufrirá una reducción cercana a los USD 20 millones, mientras que el impacto más severo recae sobre la Universidad Intercultural Amawtay Wasi, cuya asignación cae de USD 12,2 millones a USD 3,7 millones: un recorte de casi 70%, considerado por dirigentes indígenas como “un golpe frontal a la educación intercultural y comunitaria”.

 

Otros centros de educación superior también experimentarán reducciones que comprometen inversiones, mantenimiento, laboratorios y apertura de cupos para nuevos estudiantes.

 

Estudiantes denuncian hacinamiento, abandono y precarización

 

El anuncio del recorte reavivó denuncias sobre las condiciones ya deterioradas de las universidades públicas. En la UCE, dirigentes estudiantiles señalaron que la institución carece de aulas suficientes, que existen cursos con más de 50 estudiantes y que los laboratorios e infraestructura se encuentran en estado crítico.

 

Camila Aguirre, coordinadora de Transformación Universitaria, afirmó durante un plantón:

 

“A Noboa le damos un ultimátum: si no revierte los recortes hasta el 31 de diciembre, debe dar un paso al costado. No puede dirigir un país quien castiga la educación”.

 

Aguirre reclamó que los USD 200 millones destinados inicialmente para una Asamblea Constituyente deberían ser redirigidos hacia educación, salud y seguridad. También denunció que la Universidad Central ni siquiera ha podido pagar sus licencias de Microsoft y que los baños “no cumplen estándares mínimos”.

 

“La juventud despertó”

 

El representante universitario Luis Chuquimarca enfatizó que la derrota del Gobierno en la última consulta popular es una señal clara del malestar nacional:

 

“Más del 60% del país rechazó las políticas del presidente. Entre ese porcentaje está la juventud que exige una educación digna. No vamos a permitir que nos quiten el futuro”.

 

La campaña estudiantil frente al aparato estatal

 

Mientras el Gobierno destinó USD 60 millones a bonos, juguetes y campañas institucionales, los estudiantes impulsaron iniciativas con recursos mínimos: charlas, brigadas informativas, foros, debates y actividades comunitarias.

Mía Barona, tesorera de la Asociación de Química y Biología, destacó:

 

“Nosotros pusimos creatividad y organización comunitaria. Cocinamos pancitos, hicimos murales, debatimos en cada aula. Ellos tuvieron millones; nosotros, voluntad. Y ganó el NO”.

 

Barona subrayó que los jóvenes defenderán la gratuidad de la universidad pública ante cualquier intento de privatización o reducción de derechos.

 

FEUE alerta riesgo de colapso institucional

 

El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), Nery Padilla, advirtió que el recorte profundiza el deterioro estructural de las universidades:

 

“Si la Central ya tiene problemas de infraestructura, hacinamiento e investigación, este recorte la empuja al borde del colapso”.

 

Padilla detalló que, de los USD 130 millones destinados a la UCE, USD 108 millones se van a salarios docentes, quedando solo USD 22 millones para inversión, una cifra insuficiente para mantener las operaciones básicas, y ahora golpeada con la nueva reducción.

 

Comunidades barriales e indígenas se suman al rechazo

 

Organizaciones barriales señalaron que afectar a las universidades públicas no solo golpea a los estudiantes, sino a los territorios: Centros de salud universitarios, prácticas comunitarias, proyectos sociales, mediación legal, investigación agrícola y programas culturales dependen de estas instituciones.

 

La CONAIE y otras organizaciones indígenas denunciaron que el recorte a Amawtay Wasi vulnera el derecho de los pueblos y nacionalidades a una educación intercultural creada desde sus propias cosmovisiones.

 

Senescyt no responde y crece el malestar

 

A pesar de la gravedad de la situación, la Secretaría de Educación Superior no ha emitido un pronunciamiento claro sobre los criterios de recorte ni sobre posibles mecanismos de compensación.

 

Las universidades reclaman una reunión urgente con el Ministerio de Finanzas, sin obtener respuesta.

 

Movilizaciones en camino

 

Estudiantes, docentes, colectivos barriales e indígenas preparan nuevas acciones de protesta para diciembre y los primeros meses de 2026.

 

Las jornadas incluirán marchas, plantones, asambleas interuniversitarias y una posible movilización nacional.

 

“Defender la universidad pública es defender al pueblo”, señalaron en un comunicado conjunto.