Comunidades exigen respeto a la vida frente al proyecto La Plata

Quito, 22 de agosto de 2025. – Las comunidades de Palo Quemado y Las Pampas, en la provincia de Cotopaxi, recorrieron más de cinco horas hasta Quito para ofrecer una rueda de prensa frente al Ministerio de Ambiente, donde expresaron su rechazo absoluto a la nueva “consulta ambiental” anunciada por el Gobierno. Según denunciaron, este proceso busca allanar el camino a la explotación del proyecto minero La Plata, impulsado por la canadiense Atico Mining a través de su filial en Ecuador.

 

Las y los habitantes recordaron que en marzo de 2024 se intentó realizar un procedimiento similar, acompañado por un fuerte operativo policial y militar, que dejó decenas de campesinos heridos y alrededor de 100 personas judicializadas y acusadas de “terrorismo”, evidenciando –según señalaron– el carácter represivo con el que el Estado promueve la megaminería.

 

El panorama actual se agrava luego de que el 15 de agosto de 2025, la Corte Provincial de Justicia rechazara el recurso de apelación interpuesto por las comunidades. La resolución, emitida sin audiencia y sin escuchar a las familias afectadas, fue calificada como un nuevo acto de injusticia y vulneración de derechos.

 

Asimismo, recordaron que el Decreto 754, base de estas consultas, ya fue declarado inconstitucional en noviembre de 2023, al haber vulnerado derechos colectivos en Cotopaxi (Sigchos) y Bolívar (Las Naves). Pese a ello, el Gobierno de Daniel Noboa insiste en su aplicación, esta vez bajo el amparo de un Estado de Excepción en ambas provincias, medida que, de acuerdo con las comunidades, profundiza la militarización de los territorios y busca silenciar la resistencia social.

 

Con consignas como “Ecuador es megadiverso, no megaminero”, las comunidades exigieron respeto a los derechos humanos, a la naturaleza y a la autodeterminación de los pueblos. Además, hicieron un llamado a la sociedad ecuatoriana y a la comunidad internacional a mantenerse atentos frente a este nuevo atropello, denunciando que el Estado, en complicidad con la empresa La Plata – Atico Mining, pretende imponer un proyecto extractivo que amenaza la vida campesina y los ecosistemas del país.