La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos ALERTA a la
opinión pública y a las autoridades nacionales: Defensoría del Pueblo, Policía Nacional del Ecuador, Fiscalía
General del Estado, que personas campesinas de la comunidad Las Pampas en el
cantón Sigchos provincia del Cotopaxi, durante la semana del 5 al 10 de marzo
de 2024 recibieron amenazas a su integridad física, retenciones de sus motos y
amedrentamientos en las vías de acceso de la comunidad de Palo Quemado, por
parte de trabajadores de la empresa canadiense Ático Mining Corporation, según
testimonios de los habitantes de la zona.
Según las personas afectadas estas amenazas buscan generar temor en la
comunidad previa realización de la consulta ambiental convocada por el
Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, MAATE para la ejecución
del proyecto minero La Plata, pues las comunidades de los recintos Galápagos,
La Florida de la parroquia Palo Quemado, y los recintos de la parroquia Las
Pampas, se oponen a la implementación del proyecto, ya que afectará sus vidas,
la producción agrícola y campesina y contaminará los ríos de los cuales
dependen para la subsistencia.
El miércoles 6 de marzo en la parroquia Palo Quemado, una de las
lideresas recibió amenaza directa contra su vida y la de sus hijos por parte de
la señora Guadalupe Núñez y otras tres personas, después de haber manifestado
que el recinto Galápagos se opone enérgicamente a la instalación del proyecto
minero La Plata. Existe mucho temor por su seguridad, su vida y la de su familia.
Según testimonios, el sábado 9 de marzo en horas de la tarde dos
comuneros se trasladaban en moto desde la parroquia Las Pampas al recinto
Toachi y fueron interceptados por tres desconocidos que dijeron ser policías,
quienes se negaron a mostrar su identificación y les acusaron de haber
insultado a otras personas y luego le arrancharon la llave de la moto
impidiéndole movilizarse por aproximadamente 30 minutos. Luego llegaron 5
personas más en un vehículo, una de ellas la señora identificada por los comuneros
como Guadalupe Nuñez, la misma persona que amenazó a la lideresa campesina el
06 de marzo.
El sábado 9 de marzo habitantes de la parroquia Las Pampas acompañaron a
los familiares de las víctimas, a poner la denuncia en la Unidad de la Policía
Nacional de la parroquia, que fue recibida por el subteniente Basantes Jeferson
y el sargento Acurio César, quienes señalaron que realizarán, previo al parte
policial, un acercamiento a las personas agresoras para investigar sobre el
hecho y advertir que no pueden detener o amenazar a ninguna persona.
Desconocemos el resultado esta intervención.
Los hechos mencionados no son aislados, pues durante años se han
registrado amenazas, hostigamientos y amedrentamiento por parte de personas
vinculadas a la empresa minera, en contra de líderes y lideresas defensoras de
derechos humanos y de la naturaleza, que se oponen a la actividad minera.
Existen procesos penales en contra de varios defensores, por ejercer su derecho
a la resistencia frente a la imposición violenta de la consulta ambiental en la
parroquia realizada por el Estado en julio del año pasado. Alertamos que la
reactivación del proceso de consulta convocada por el MAATE en este mes, está
generando nuevos enfrentamientos y poniendo en riesgo la vida de las personas
campesinas.
Ante esta grave situación, que supone nuevas vulneraciones a derechos
humanos, instamos a las autoridades competentes a tomar medidas inmediatas para
garantizar la seguridad de las personas campesinas defensoras y prevenir
cualquier acto de violencia o represalia que ponga en riesgo su integridad
física o la de sus familiares.
Solicitamos a la Defensoría del Pueblo activar de manera URGENTE el
Protocolo de Actuación Frente a Vulneraciones de Derechos Humanos y de la
Naturaleza, y el mecanismo de protección de personas defensoras en el marco de
sus competencias, para prevenir nuevas vulneraciones de derechos. Solicitamos
realizar una visita URGENTE a la parroquia Las Pampas, para evidenciar el
riesgo y amenazas a las que están expuestas e instar a la Policía Nacional
actuar de manera diligente para precautelar la seguridad y la vida.
Informamos al Ministerio de Ambiente Agua y Transición Ecológica, que el
proceso de consulta ambiental que impulsa en estas parroquias, genera graves
conflictos socio ambientales y enfrentamientos entre las personas que están a
favor y en contra de las actividades mineras, lo cual pone en riesgo su vida y
seguridad. Recordamos la obligación que tienen como funcionarios públicos de
garantizar el ejercicio de derechos, en particular el de información,
participación y consulta reconociendo las características de previa, libre, de
buena fé, informada, sin que medien actos de violencia, descritas en los
estándares internacionales, la normativa nacional vigente y las sentencias de
la Corte Constitucional. Recordamos también la responsabilidad que tienen los funcionarios
públicos, cuando derivado de su accionar, se registran amenazas o vulneraciones
a derechos humanos o de la naturaleza.
Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, medios de comunicación
y organismos internacionales de derechos humanos a estar alertas y vigilantes
sobre lo que ocurre y posiblemente puede acontecer en las parroquias Las Pampas
y Palo Quemado, pues la vida e integridad de personas las campesinas defensoras
de derechos está en riesgo.
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