Por: Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
Durante
el siglo XIX la “democracia” ecuatoriana -como ocurrió en toda Latinoamérica-
fue un ideal ajeno a las realidades sociales del país, sometido al dominio de
familias de hacendados, comerciantes y banqueros, que estancaron el desarrollo
económico y la promoción del bienestar social.
En tales
condiciones parece raro que Gabriel García Moreno convocara el primer referendo
en la historia nacional, para aprobar la Constitución de 1869. Triunfó en su
propósito y la Constitución consagró el sistema conservador, proclamó a la
religión católica como única reconocida por el Estado e introdujo el requisito
de “ser católico”, para obtener la ciudadanía.
Las otras
12 consultas populares y referendos que ha tenido Ecuador pertenecen a la
historia contemporánea. El 15/01/1978 se escogió entre dos proyectos y ganó la
nueva Constitución que entró a regir con la posesión de Jaime Roldós
(1979-1981), primer presidente del largo ciclo “democrático” que vive el país.
Esa Carta fortaleció capacidades del Estado, definió 4 sectores de economía
(privado, público, mixto y comunitario), reconoció recursos nacionales
estratégicos, garantizó derechos individuales y sociales. Las derechas
económicas y políticas la consideraron “estatista” y hasta “comunista”.
León
Febres Cordero, que inició el primer gobierno empresarial-oligárquico de esta
época, convocó a pronunciarse sobre una sola pregunta, para que los
“independientes” sean candidatos, sin requerir afiliación a un partido
(1/6/1986); pero fue derrotado, pues el NO ciudadano fue movilizado para
expresar el rechazo al gobierno, convertido en un régimen despótico y represor.
La misma pregunta obtuvo el SI en el referendo que hizo Sixto Durán Ballén
(28/8/1994) sobre 7 preguntas, que incluyeron la posibilidad de realizar
reformas constitucionales, limitar facultades del Congreso sobre el presupuesto
y los fondos públicos, elección de asambleístas, facultar la reelección y
posibilidad de adquirir una segunda nacionalidad. Al gobierno interesó
apuntalar su gestión y logró apoyo. Pero Durán Ballén fue un continuador de la
misión económico-empresarial que despertó el régimen febrescorderista, de
manera que confió en obtener el apoyo popular a un nuevo proceso de consulta
sobre 11 preguntas (26/11/1995), que incluyeron asuntos sobre descentralización,
recursos nacionales, paralización de servicios públicos, disolución del
Congreso, elecciones distritales y uninominales, presidencia del Congreso,
reformas a la función judicial, creación del Tribunal Constitucional y,
especialmente, la posibilidad de “privatizar” la seguridad social. El país negó
todas las preguntas, expresando el rechazo a la vía neoliberal-oligárquica del
gobernante.
Fabián
Alarcón, presidente interino, consultó sobre 13 preguntas (25/5/1997), con el
interés de que se ratifique su gobierno tras el derrocamiento del corrupto
régimen del antecesor Abdalá Bucaram, aunque las preguntas incluyeron la
posibilidad de una Asamblea Constituyente, regular sobre partidos políticos,
integrar los organismos de control, modernizar la Función Judicial e incluso
adoptar la revocatoria del mandato. Del proceso constituyente surgió la
Constitución de 1998, reaccionaria Carta, que consagró el neoliberalismo
económico, aunque revistió sus principios con conceptos políticos
modernizantes. Años más tarde, Alfredo Palacio consultó sobre 3 preguntas
realmente ineficaces y hasta innecesarias (26/11/2006), porque buscaban, en
definitiva, que se de prioridad a las inversiones públicas en salud, algo que
podía cumplir cualquier gobierno con decisión política y eficacia
gubernamental.
Rafael
Correa convocó 4 procesos: como punto de partida, realizar una Asamblea
Constituyente (15/04/2007) y aprobar la nueva Constitución (28/09/2008). Tuvo
amplio apoyo y nació una nueva Constitución, que recobró el camino para una economía
social, con Estado plurinacional y amplias garantías sociales. Esta Carta nunca
ha sido del agrado de las derechas económicas y políticas, y en la actualidad
incluso hay sectores que plantean el retorno a la Constitución de 1998. El
gobierno se inscribió en el marco del progresismo latinoamericano del siglo
XXI, hizo inversiones públicas y mejoró las condiciones económicas y sociales
del país, que fueron logros reconocidos en informes de los principales
organismos internacionales. Realizó otra consulta sobre 10 preguntas
(7/5/2011), referidas a varios asuntos penales, prohibir a empresas financieras
participar en las de comunicación, reformas a la Función Judicial, prohibir
casinos y sus juegos, así como espectáculos con muerte de animales, sobre la
ley de comunicación, el delito de enriquecimiento privado y la no afiliación a
la seguridad social (IESS) como infracción penal. Y tuvo enorme repercusión, al
mismo tiempo que resistencias elitistas, la única pregunta en otra consulta
(19/2/2017) para prohibir el desempeño de cargos de elección popular a quienes
tengan bienes o capitales en paraísos fiscales. En todas las consultas y
referendos triunfaron, en forma contundente, las propuestas del gobierno.
Lenín
Moreno dio un giro total a la conducción del Estado que hubo en la década
inmediata anterior, revirtió los logros sociales del gobierno precedente,
inauguró una inédita persecución al “correísmo” y restauró el modelo
empresarial-neoliberal, los vínculos de dependencia con el capital extranjero y
las políticas imperialistas. Hizo una consulta sobre 7 preguntas (4/2/2018),
relativas a sancionar la corrupción, volver a la reelección por una sola vez,
reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS)
encargado de designar a las autoridades de control, sobre la prescripción de
delitos sexuales, prohibir la minería metálica en áreas sensibles, derogar la
Ley de Plusvalía y reducir zonas de explotación petrolera. El gobierno logró el
apoyo ciudadano.
Sobre las
herencias del gobierno de Moreno, se levantó el triunfo de Guillermo Lasso a la
presidencia, quien ha consolidado, en forma definitiva, un gobierno
empresarial-neoliberal sustentado en un inédito bloque de poder con hegemonía
de los grandes grupos económicos, mediáticos y el dominio de fuerzas de la
derecha política. El gobierno de Lasso convocó a pronunciarse sobre 8 preguntas
el domingo 5 de febrero (2023), de modo que los resultados de este proceso no
estuvieron listos al momento de escribir y publicar este artículo. Las preguntas
tenían que ver con la extradición, autonomía de la Fiscalía, reducción de
asambleístas, el registro de partidos, sobre autoridades de control,
reestructura del CPCCS, el subsistema de protección hídrica y compensaciones
por apoyo a generación de servicios ambientales.
Si bien
las consultas populares y los referendos son mecanismos de la democracia
directa, es indudable, al mismo tiempo, que, en sus respectivos momentos, cada
gobierno ha buscado afianzar sus políticas. Ha sido reiterado el afán por
lograr reformas sobre la Función Legislativa, a fin de tener mayor incidencia
en sus decisiones, pero también sobre la Función Judicial y el sistema de
justicia e incluso sobre los organismos de control (Contraloría, Fiscalía,
Superintendencias, Defensorías). En varios procesos no solo el número de
preguntas, sino sus “anexos”, han complicado la conciencia colectiva y esconden
a la población más amplia las verdaderas intenciones e implicaciones que tienen
los temas consultados para la vida del país. Sin duda esos procesos se
inscriben en el marco de las luchas políticas y sociales en torno al poder. Y
así como el país ha vivido otros momentos de carácter reformista, progresista y
democrático, se evidencia, en la actualidad, una época de reflujo, en la cual las
elites oligárquicas y las burguesías neoliberales, están aferradas al
mantenimiento de su hegemonía por todos los medios que les da la captura del
Estado y sus instituciones.
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