LAS ELECCIONES EN COLOMBIA Y SUS IMPLICACIONES PARA ECUADOR

Por: revista Crisis.

 

Este 29 de mayo se celebró la primera vuelta electoral presidencial en Colombia, posicionando al Pacto Histórico a la cabeza, con el 40,3% del total de los votos, seguido por Rodolfo Hernández, con el 28,2%. La segunda vuelta se celebrará el siguiente 19 de junio, ante un panorama que podría constituir un gobierno progresista en Colombia por primera vez en su historia republicana. Sin duda, gran parte del voto del uribismo, cuyo candidato Federico Gutiérrez, alcanzó apenas el 24%, se concentrarán tras el empresario Hernández, requiriendo que para un posible triunfo, Petro movilice una parte importante del 45% del padrón electoral que no votó en esta primera vuelta.

 

El análisis geopolítico de las elecciones en Colombia, devela que estas se encuentran interrelacionadas directamente con la situación de seguridad en el Ecuador. La violencia generalizada que atraviesa el país, tiene paralelas estrechas con la violencia en Colombia en los años 80s, que fue la antesala del Plan Colombia y su imposición a sangre y fuego. Mientras “la guerra contra las drogas” podría perder la mayor parte de su influencia en territorio colombiano, esta puede ser una oportunidad para otorgarle a la militarización del Ecuador una lógica explosiva con potenciales consecuencias nefastas: el reacercamiento del imperialismo yanqui.

 

El acercamiento de Colombia lo que podría ser el primer gobierno progresista de su historia -misma que se ha caracterizado por la violencia institucionalizada en el para-narcoestado, la injerencia del imperialismo yanqui y una profunda desigualdad; en términos geopolíticos-, coloca al Departamento de Estado de EE.UU., en la necesidad de colocarse con fuerza en otro territorio desde el cual seguir imponiendo ley y orden en la región. Desde el 2017, el Ecuador se ha presentado a sí mismo como un aliado estratégico sumiso y agradecido, en un movimiento que poco a poco ha ido estrechado relaciones entre ambos gobiernos en temas de cooperación militar y en materia de inteligencia, e imponiendo la política de deuda de manera sostenida. Inclusive Guillermo Lasso ha planteado numerosas veces la posibilidad de oficializar un Plan Ecuador, que abriría las puertas a una intervención a gran escala de las políticas imperialistas de EE.UU. en el país y la región.

 

La estrategia imperialista de EE.UU. se encuentra reubicando desde el gobierno de Moreno y su cercanía a Pompeo, Pence, Trump y compañía. El hecho de que EE.UU. le otorgue un  protagonismo cada vez mayor al Ecuador en su agenda regional, por medio de cooperación en seguridad y en materia jurídica, además de inversiones millonarias en los aparatos represivos del Estado, denota un renovado interés por ubicar al Ecuador en el radar de operaciones continentales a favor de “la democracia hemisférica”. No cabe duda de que a donde quiera que vayan los aparatos imperiales del régimen yanqui, estos multiplican las violencias sistémicas estructurales y paraestatales.

 

El 23 de marzo, el Comité de Relaciones Exteriores del senado de EE.UU. presentó el United States Ecuador Partnership Act 2022. De ser aprobada, esta sería la primera ley dictada por el senado de EE.UU. que regula de manera explícita relaciones bilaterales, enfocándose en áreas como el entrenamiento militar y policial en suelo yanqui, además de mayor cooperación en materia de promoción de la democracia, conservación medioambiental, cooperación en telecomunicaciones y en temáticas judiciales. Esta potencial ley marcaría un precedente en una dependencia restaurada hacia los EE.UU., al mismo tiempo que significa un paso importante para la firma definitiva de un TLC entre ambos países.

 

En términos estratégicos, al imperialismo le conviene un estallido de inseguridad en el Ecuador, que lograría justificar inclusive una enmienda constitucional que permitiría la implantación de bases militares estadounidenses en territorio. Esto no solo lograría imponer la fuerza contra la organización popular anticapitalista puertas adentro, sino que también les permitiría sostener la vigilancia e injerencia en Colombia, ante un proyecto político que  propone una política pro-legalización de las drogas, como medida para combatir al narcotráfico. En el caso de materializarse una realidad como esta, el gobierno del Pacto Histórico daría el golpe más contundente en contra del crimen organizado en la historia del continente, implantando una política anti narcotráfico y las múltiples violencias que le orbitan, que podría empezar a reparar décadas de injusticias en Colombia, que atraviesan de una u otra forma a todxs lxs colombianxs.

 

Es precisamente esta propuesta, que gira en torno a una profunda transformación de la política anti-drogas impulsada desde el mismo pentágono, la que más genera ansiedad entre la narco-burguesía colombiana. El Narcoestado se encuentra enraizado profundamente en el campo político y social de Colombia, con el uribismo en el centro de un aparato que combina política institucional con redes paraestastales de control territorial, vinculadas con el crimen organizado. La retórica de la lucha contra el narcotráfico en Colombia, ha generado el campo propicio para los ensayos de control de poblaciones más perversos en América Latina, fortaleciendo las redes de tráfico de drogas, enriqueciendo desproporcionalmente a la burguesía terrateniente, y generando condiciones precarias, desplazamiento y muerte para los sectores más empobrecidos del pueblo. En Colombia, el progresismo de Petro podría hacer frente a uno de los peores monstruos gestados por el capitalismo perverso: el Narcoestado y la parapolítica.

 

Por su parte el ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández -confeso admirador de Hitler-, se presenta como el candidato conservador populista, que entra a la contienda electoral con un guión inequívocamente parecido al que llevó a Lasso a la presidencia del Ecuador. Un aparente viejito inofensivo en TikTok hablando un Estado obeso, de recortes, austeridad, de la supresión del uso de aviones y helicópteros de la presidencia, de planes de construcción de viviendas populares, y de donar su sueldo presidencial. Un efecto Lasso podría avizorarse para el hermano país, con un político ultra conservador, con historial de escándalos de corrupción. En Ecuador, Lasso y sus implicaciones en el Feriado Bancario y evasión de impuestos en paraísos fiscales, espejean a Hernández y sus implicaciones de corrupción en el caso Vitalogic en Bucaramanga, que finalmente lo obligó a dejar funciones en la alcaldía antes de tiempo.

 

De constituirse como gobierno la dupla entre Gustavo Petro y Francia Márquez, habrá repercusiones en como el imperialismo enmarca su estrategia continental, en particular respecto a Ecuador y la “guerra contra las drogas”. Ante una posible replegada del negocio de las drogas en Colombia, el gobierno oligárquico-neoliberal de Guillermo Lasso, entreguista por excelencia al espectro ideológico de influencia de EE.UU., seguramente se ratificará como el aliado que precisan en estos momentos. Lasso promete librar una guerra sin tregua en contra del crimen organizado y el narcotráfico, recordando a Álvaro Uribe en los años 80s, cuando emprendía su genocidio antipopular como cruzada anticomunista con el aval de EE.UU. Así, la violencia generalizada en el Ecuador se encuentra correlacionada con la estrategia imperialista estadounidense, la cual persiste en perpetuar una política militarista a flote, que presupone un mecanismo de amedrentamiento y persecución, que beneficiará al oficialismo en situaciones adversas, y necesariamente respaldará el sostenimiento de la parapolítica y la acumulación capitalista del narcotráfico. La relación e influencia histórica entre Ecuador y Colombia, ingresa a un nuevo momento geopolítico, que tendrá repercusiones en la vida de ambos pueblos hermanos.