Nueve
autoridades serán designadas en el primer semestre de este año por el Consejo
de Participación Ciudadana y Control Social (CPC). Serán los primeros procesos
que realizará luego de que sus vocales asumieran en julio del 2015.
En enero deberá designarse a los superintendentes
de Bancos y Compañías, pues su etapa de funciones culminó.
Pedro Solines fue posesionado el 30 de diciembre de
2010, pero renunció y el resto del periodo lo cumplió Christian Cruz. Suad
Manssur asumió el 7 de enero de 2011.
Para esta designación, que se realiza a través de
ternas del Ejecutivo, el CPC solicitó recién el pasado 21 de diciembre la
nómina con sus candidatos al presidente Rafael Correa.
Los consejeros derogaron el reglamento de
designación y retiraron el requisito de la edad base, que era de 35 años.
A la par, el pasado lunes, el organismo convocó a
la integración de la Comisión Ciudadana de Selección para la renovación parcial
(dos jueces) del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), concurso que fue
suspendido en mayo del 2015 por un juzgado de Quito.
A estos procesos se suman el de selección de cinco
representantes de los denominados consejos de Igualdad de Género,
Intergeneracional, Pueblos y Nacionalidades, Discapacidades y Movilidad Humana.
El Ejecutivo emitió en junio pasado el reglamento a
la ley de consejos de la igualdad, pero los siete vocales no aprueban las
reglas para designarlos.
Tampoco han resuelto sobre la designación de los
defensores de audiencia para los medios de comunicación. Ellos debían estar
designados en enero del 2015, pero el concurso se detuvo por falta de
aspirantes.
El Consejo de Regulación de la Comunicación
(Cordicom) no ha informado sobre una consulta que hizo a la Procuraduría
General del Estado meses atrás respecto a las funciones administrativas que
tendrán estos actores.
Eso mantiene detenida la elección, aseguró la
presidenta del CPC, Raquel González.
Pese a estos retrasos, González afirma que la
gestión del consejo ha sido “positiva”, pues, según ella, han logrado
“posicionar a la institución al hacer presencia en provincias”.
Para su trabajo interno, los consejeros
implementaron una nueva modalidad para los debates de reglamentos. Ahora, junto
a sus asesores, se reúnen en denominados “talleres” para la elaboración de
estos documentos y, luego, en el pleno, un colaborador lee un resumen de la
propuesta; se discuten temas de forma y el voto es unánime.
Según González, esto no es una “falta de
transparencia”, sino que “son documentos que están trabajados y hay que
optimizar los tiempos”.
En la lucha contra la corrupción, el CPC no ha
divulgado resultados de sus investigaciones. Apenas hace dos semanas se hizo
público de un caso de presunta manipulación del sistema informático del
Servicio de Contratación Pública (Sercop), en cuya indagación participaron la
Fiscalía y el CPC.
Pero el organismo, a través de un reglamento,
asumió la atribución para investigar de oficio porque, según González, se
requiere analizar denuncias que les llegan por las redes sociales o por la web
institucional.
16,4
millones de dólares
es el presupuesto que tiene la institución para
trabajar en este año, según el Ministerio de Finanzas. (I) FUENTE: DIARIO EL
UNIVERSO.
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