El Gobierno
presentó una propuesta para negociar un acuerdo con la empresa petrolera
estadounidense.
La decisión final del Caso OXY, tomada por el
Comité de Anulación en relación al laudo dictado en octubre de 2012, y
notificada al Ecuador el 2 de noviembre de este año le deja al país una nueva
deuda neta por pagar de 1.061’775.000 dólares, monto del cual deberán
descontarse las costas judiciales, según informó la Procuraduría General del
Estado (PGE).
En la resolución de hace tres años, la cifra que se
pretendía que Ecuador entregue a la empresa petrolera era de 1.769 millones de
dólares por indemnización y unos 530 millones de dólares por intereses. Así,
con la nulidad parcial del laudo dictada esta semana se obtuvo una rebaja del
40% del monto anterior.
El presidente, Rafael Correa, en su cuenta de
Twitter señaló que ya se presentó a la OXY una propuesta para continuar las
negociaciones, mientras que la Procuraduría y el Ministerio de Finanzas
confirmaron su intención de trabajar para llegar a una “pronta y amigable
solución” con la petrolera, sin embargo aún se desconoce si en el Presupuesto
de 2016, previsto en 29.835 millones de dólares, se tiene una partida destinada
para este tipo de egresos.
Pro y contra
Luis Calero, asesor legal del Foro Petrolero,
señaló que es parcialmente positivo que se haya logrado la rebaja del 40%,
asegurando que con la recuperación del manejo del Bloque 15 y teniendo la
producción solo para el país durante estos nueve años el resultado es favorable
por el promedio del precio del petróleo. “Pese al monto que hay que pagar, el
Estado ecuatoriano salió ganando, lo que pasa es que no guardamos”, dijo Calero
al explicar que si una parte de la producción del Bloque se ahorraba para un
eventual pago, el país estaría en posibilidades de afrontarlo directamente.
Sin embargo, para el experto económico Pablo
Dávalos que el Ecuador reconozca este fallo atentaría contra la estabilidad
económica del país, abriendo las puertas para nuevos juicios de empresas que
podrían demandar al país, por el precedente de pago de las mismas,
independientemente de sus condiciones internas.
“El Gobierno ecuatoriano, bajo ningún concepto
puede pagar un centavo a la OXY”, dijo Dávalos, y aseguró que esta sería una
señal que podría desencadenar una “avalancha de juicios” que podrían alcanzar
los 14.000 millones de dólares, por lo que lo adecuado, a su criterio es que se
desconozca el fallo apelando a un estatuto de protección del convenio de las
Naciones Unidas, porque la empresa no cumplió con la Ley sabiendo que podía
acarrearle la caducidad del contrato.
Dificultades
económicas
Dávalos señaló, además, que esos más de 1.000
millones de dólares que dispone el fallo, corresponden al 75% del presupuesto
de salud planificado para el siguiente año, por lo que se podría poner en
riesgo los programas sociales. Esto además, tomando en cuenta que el país atraviesa
un momento de “crisis de liquidez” y no está en cuenta con recursos para
financiar este tipo de demandas.
De su parte, Calero señaló que ahora es importante
ver los términos de la negociación que plantea el Gobierno con la OXY, calcular
los intereses y ver de qué forma se paga.
El exministro de Economía, Mauricio Pozo, indicó
que dicha negociación implicaría un proceso de pago gradual, que tendrá que
asignarse el valor que corresponda en los presupuestos de los próximos años.
Pozo dijo que esto generará más presión de recursos para el país, recordando
que la falta de ahorros también es perjudicial porque ahora la situación es
mucho más difícil.
Para el exministro, desconocer el fallo podría
atraer acciones negativas de distinta índole e intensidad, al ser el país
miembro de las instancias de decisión internacionales.
Negociación
a destiempo
Calero dijo que en su momento, la caducidad fue la
sanción que correspondía de acuerdo a la Ley de Hidrocarburos y el contrato por
la transferencia de derechos sin autorización del Estado, pero luego de
declarase la caducidad se debió empezar a negociar.
Con él coincide Pozo, quien aseguró desde un
principio se recomendó que el arreglo se haga directamente entre el Estado y la
compañía, ya que sacarlo a la luz degeneró en el resultado actual. Para Pozo,
un problema es que el tema se politizó y entró en una etapa de litigio
internacional donde Ecuador tenía “bastantes posibilidades de no salir airoso”,
debido a la forma en la que se manejó el tema. (ABT)
Apoyo a la caducidad
En enero de 2006, el entonces candidato a la
Presidencia, Rafael Correa, hizo un llamado a la resistencia civil para impedir
la posibilidad de que el Gobierno de Alfredo Palacio negocie con la OXY y se
evite la declaratoria de caducidad por la cesión del 40% sus derechos a la
compañía AEC, sin notificar al Estado ecuatoriano.
Correa apoyó la caducidad y calificó de “traidores
a la patria” a quienes acepten el arbitraje que interpuso la petrolera, ante el
Ciadi, el centro de arbitraje del Banco Mundial, asegurando que tras la
decisión había intereses de “grandes grupos empresariales” a los cuales no les
importaba que el país pierda más de 1.000 millones de dólares.
El dato
La caducidad se produjo porque Oxy pasó el 40% de
su participación en el Bloque 15 a otra compañía sin alertar de esto al Estado.
FUENTE: DIARIO LA HORA.
SUSCRIBETE EN: WHATSAPP
TELEGRAM
