Puyo, 21 de
Octubre de 2015.
Habiéndose
cumplidos 60 días de injusta detención de 11 ciudadanos en la Amazonía tras las
protestas del 13 de Agosto, ha crecido el descontento ante la arbitrariedad de
las detenciones y el proceso llevado en contra de nuestros hermanos amazónicos.
Aumenta la desconfianza en la independencia de la justicia. No solo la lucha
del pueblo fue reprimida durante las jornadas del Levantamiento y Paro
Nacional, sino que la respuesta de la función judicial -apéndice de los
intereses del gobierno central- ha sido procesar a 40 personas de la Amazonía
por el hecho de luchar y exigir derechos.
Suman 11 los detenidos con prisión preventiva en
las provincias de Pastaza (2) y Orellana (9), a la espera de la audiencia
preparatoria de juicio, cuya injusta detención violando derechos elementales
puede ser corroborada en el expediente del caso. 9 personas más son procesadas
en Pastaza incluyendo menores de edad y miembros de base de CONFENIAE y 16 en
Morona Santiago, entre ellos el Presidente de CONAIE, Jorge Herrera, Presidente
de CONFENIAE, Franco Viteri y Presidente de FICSH, Agustín Wachapa, con proceso
de indagación previa.
Como CONFENIAE rechazamos tajantemente el abuso y
prepotencia de las detenciones, así como la falta de información, agilidad y
transparencia en el procesamiento de los 40 amazónicos. Denunciamos la
influencia de dirigentes de Alianza País sobre la justicia en Pastaza y la
reciente acusación particular emitidas contra todos los detenidos y procesados
de la provincia de Pastaza por parte del Ministerio del Interior y la Policía
Nacional. Tales actos confirmar las intenciones del gobierno de sancionarlos
con el afán de desmovilizar la lucha y la resistencia en la Amazonía.
El Estado, en lugar de cumplir su rol de velar por
los derechos de los ciudadanos, pasa con estas acusaciones a victimizarse,
acusando a personas inocentes de supuestos delitos de ataque o resistencia,
sabotaje y terrorismo, violentando incluso el legítimo derecho a la resistencia
consagrado en el art. 98 de la Constitución de Montecristi, lo que demuestra
una clara incongruencia jurídica que debe ser denunciada a nivel nacional e
internacional. Debemos aclarar que ha sido el Estado quien ha violentado la
principal infraestructura de vida de las nacionalidades amazónicas, es decir el
territorio y la biodiversidad.
Denunciamos el aplazamiento de las audiencia una vez
cumplidos 2 meses de proceso, esperamos que esto no constituya una estrategia
para ganar tiempo ante la falta de pruebas existentes, además se pretende abrir
nuevas instrucciones fiscales o vincular a nuevos ciudadanos, esto es una
muestra más de la intención de criminalizar la lucha y la protesta social.
Las protestas dadas en la Amazonía en el marco de
Levantamiento y Paro Nacional del Pueblo, fueron respuestas legítimas de
nuestras bases ante una convocatoria nacional a movilizarse. Por tanto lo detenidos
y procesados en estas jornadas son presos y procesados políticos. Luchar y
protestar por los derechos no es un delito. Basta de criminalizar a nuestros
dirigentes y bases.
Franco
Viteri
Presidente
de CONFENIAE