El juez
nacional Luis Enríquez definió el viernes pasado el mecanismo para la
“reparación integral de la víctima”, el presidente Rafael Correa, quien acusó y
ganó un juicio por injurias al exasambleísta Cléver Jiménez, su asesor Fernando
Villavicencio y al activista Carlos Figueroa.
Y dio un plazo de 30 días para que paguen al
primer mandatario una indemnización de unos $ 140.000 y se disculpen de manera
pública.
En caso de no hacerlo, dijo Caupolicán Ochoa,
abogado de Rafael Correa, “el juez que juzgó tiene la obligación de ejecutar lo
juzgado”.
Fernando
Villavicencio ya anticipó que no tiene los recursos para este pago. ¿Qué hará
para que se cumpla con la indemnización al primer mandatario?
La ley dice que el juez que juzgó tiene la
obligación de ejecutar lo juzgado y eso le corresponde a la Corte Nacional. Yo
pedí el jueves pasado que aclare este tema y en un auto del viernes, a las
11:00, el juez Enríquez hace una reflexión interesante sobre lo que debería
entenderse como reparación integral... que no solo es indemnización, sino
también la disposición de que se den disculpas públicas al primer mandatario y
da 30 días para que ello se cumpla.
¿Ha
recibido alguna disposición del mandatario sobre cobrar o no la indemnización?
Cuando presenté la querella en nombre del
presidente no hice referencia a ninguna indemnización a pesar de que la ley me
obligaba; y, para evitar malentendidos, pedimos que sean los jueces que fijen
de acuerdo a su buen criterio... Ellos en derecho fijaron esa cifra (la suma
del sueldo del presidente de cada uno de los meses que duró la sustanciación
del proceso –agosto 2011– hasta la notificación de la resolución –abril 2013– y
establecieron el método de cálculo. Más allá de que quiera o no quiera, ellos
tienen la obligación de exigir a los sentenciados que cumplan con el pago de
indemnización.
¿El no
pago les llevaría otra vez a las cortes?
Los jueces en derecho deberán tomar las
medidas necesarias para cerciorarse de que se ha cumplido la sentencia.
En el caso
de la disculpa pública, ¿quién juzgará que es la correcta?
Los jueces tendrán que valorar si lo hecho
tiene coherencia y si guarda armonía con el objeto de su disposición. Pero aquí
hay un tema que me preocupa y es la inversión en valores. Aquellos condenados
por cometer delitos y objetos de sanción penal ahora aparecen en los medios en
primera plana. Hablan de temas que comprometen a la seguridad del Estado y
rebasan los límites. Acabo de ver que Fernando Villavicencio asegura que irá al
Senado de Estados Unidos para pedir que imponga sanciones a Ecuador similares a
las de Venezuela. Es un atentado a la soberanía, es una amenaza que no tiene
sentido, sumamente grave, una orgía de la sinrazón.
¿Es una
advertencia de que puede ser objeto de otro proceso por atentar a la seguridad
del Estado?
En lo que yo digo no subyace nada de eso, es
solamente mi preocupación. Yo quisiera saber como abogado, porque no estoy
ejerciendo la política aquí, si la Conaie y Pachakutik están de acuerdo, me
gustaría saber qué piensan los padrinos de los señores Jiménez y Villavicencio,
que dicen ser de izquierda, que defienden la soberanía del país.
Pero esta
opinión es política, ya no de abogado.
Lamentablemente, todo lo que yo diga pueda ser
usado en mi contra... Hay medios que están ejerciendo abiertamente la defensa
de los procesados.
¿En qué
sentido?
En el sentido de que hacen suyos los
planteamientos y no es que simplemente informan y llegan ya a una suerte de
apología del delito, y eso es sumamente grave...
¿En qué
medio? Sería importante decirlo.
No creo que sea momento para que yo me atreva
a hacer una acusación de esa naturaleza. (I)
Para
que la sentencia sea válida el juez debía hacer constar en la disposición de
que se pague una indemnización económica”. Caupolicán Ochoa, abogado FUENTE: EL UNIVERSO