La Asamblea Nacional Legislativa comenzará hoy el debate de la Ley Orgánica de
Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, en base al informe de mayoría
presentado por Miguel Carvajal, Presidente de la Comisión de Soberanía
Alimentaria.
Con ello, la Asamblea Nacional atropella los derechos de miles
de indígenas, campesinos y ciudadanos que participaron de la construcción de la
propuesta de Ley de Tierras y Territorios desarrollada por la COPISA, de las
más de 40.000 personas que firmaron apoyando la presentación de esta propuesta
por Iniciativa Ciudadana , y los acuerdos alcanzados por los distintos sectores
indígenas, campesinos y rurales, entre ellos la CONAIE, sobre los contenidos
que debe incluir la Ley para avanzar en una verdadera revolución agraria, deuda
flagrante de este gobierno.
Además de no proceder en cumplimiento de la Ley de Iniciativa
Ciudadana, por la cual la Asamblea Nacional estaba en la obligación de debatir
la propuesta campesina en un lapso máximo de 180 días, el CAL cometió una
ilegalidad al autorizar a la Comisión de Soberanía Alimentaria que se unifiquen
los 5 proyectos de ley presentados por distintos asambleístas, diluyendo la
expresión de la participación popular campesina e indígena entre las propuestas
de las Cámaras Empresariales, y negándole el tratamiento especial que
corresponde por Ley.
Si bien la consulta previa es un derecho de los Pueblos y
Nacionalidades reconocido por el derecho internacional y la Constitución que el
Estado y las autoridades deben cumplir irrestrictamente, no debe ser manipulada
políticamente solo para legitimar una imposición de un proyecto de ley no consultada
ni consensuada con los pueblos y nacionalidades y la sociedad en general.
El proyecto de Carvajal, muy a pesar del discurso que posiciona
en los medios, protege la gran propiedad monopólica de la tierra, no sanciona
el latifundio ni la violación a la función social y ambiental de la tierra, y
fortalece una institucionalidad agraria vertical que mantiene al MAGAP,
históricamente volcado al agro negoció de exportación, en el centro de las
decisiones.
La CONAIE junto a organizaciones campesinas, agroecológicas y de
trabajadores rurales, exigimos una Ley que establezca un límite al latifundio y
promueva una distribución equitativa de la tierra para los campesinos que
producen para el pueblo ecuatoriano sosteniendo la soberanía alimentaria, que
obligue al cumplimiento de los derechos sociales y de la naturaleza a través de
la sanción concreta a las violaciones de la función social y ambiental, que
garantice la integridad de los territorios ancestrales, y que concrete una
institucionalidad agraria de carácter intercultural y plurinacional,
participativo y democrático para el cumplimiento de la soberanía alimentaria.
Por ello exigimos que el debate se continúe sobre el proyecto de
Ley de Tierras y Territorios presentado por Iniciativa Ciudadana, con la
inclusión de los acuerdos y propuestas del conjunto de las organizaciones
campesinas, indígenas, agroecológicas y rurales, que el único camino que
garantizará que la Ley de Tierras y Territorios contribuya a la soberanía
alimentaria nacional, a la democratización de la tierra y al respeto de los
derechos colectivos.
Departamento de COMUNICACIÓN CONAIE
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