ESCRITO POR:
por Nelson Erazo*
A inicios de
diciembre del 2014, más de un centenar de trabajadores de la estatal
Petroamazonas fueron sorpresivamente notificados con la culminación de la
relación laboral, a través del despido intempestivo.
Lo particular de este hecho es que la mayoría de
los trabajadores despedidos son los ex terceriados de Petroecuador, que
conquistaron con una ardua lucha su estabilidad, establecida a través de
mandato constitucional de la Asamblea Constituyente del 2008. Cuando
Petroamazonas asumió las funciones operativas de Petroecuador, también asumió
las responsabilidades de sus trabajadores.
Haciendo un poco la historia, fueron los
trabajadores petroleros tercerizados quienes lograron ubicar como una
preocupación de carácter general, las reales connotaciones de la tercerización
laboral. Por primera vez organizaron una federación de tercerizados, la
Federación Regional de Trabajadores Petroleros Tercerizados, FETRAPET en el
2005; y, al año siguiente, en marzo del 2006, realizaron una huelga que afectó
en un 75% la producción petrolera y alcanzó una gran repercusión nacional.
Coincidencialmente, esta acción enfrentó al
gobierno de Alfredo Palacio, del que formaron parte varios y destacados
integrantes del actual régimen correísta. Partiendo del propio presidente
Correa, en el gobierno de Alfredo Palacio se destacan Galo Chiriboga, José
Serrano y Richard Espinoza, todos vinculados al campo laboral.
El mayoritario rechazo de la población a esta
precaria modalidad de subcontratación laboral, y con la insistencia de los
Asambleístas de izquierda en la Constituyente, principalmente: Jorge Escala,
Lenin Hurtado y Abel Ávila, el régimen se obligó a impulsar el mandato
constituyente de prohibición de la tercerización laboral.
Mas, aparte de las salvedades que precisamente para
el sector petrolero y otras áreas estratégicas de la economía, incorporó el
propio mandato, en la actualidad se constata un agresivo retorno a diversas
modalidades subcontratación, como la externalización de servicios que, a la
postre, sirve para el mismo objetivo de la tercerización: primero evadir la
contratación directa de los trabajadores y, segundo, eludir la garantía de la
estabilidad laboral.
Particularmente el derecho a la estabilidad laboral
(que curiosamente registra el gobierno en su propuesta de Reforma al Código del
Trabajo, bajo la forma de “contratación indefinida”), ha sido uno de los
blancos principales del actual régimen.
Se estima en 30.000 los trabajadores despedidos del
sector público, al amparo del decreto 813 y al arbitrio autoritario del
presente régimen que, no repara en nada cuando se trata de librarse de los
trabajadores “indeseables”, para implantar una suerte de limpieza generacional
e ideológica al interior de las empresas e instituciones públicas, al puro
estilo de gobiernos totalitarios y dictatoriales.
Afectando o desconociendo derechos colectivos como
el de la contratación colectiva, el régimen ha buscado manos libres hacer y
deshacer con los derechos laborales, lo cual se extiende al comportamiento del
sector privado, en cuyo caso, el gobierno ha adoptado una actitud
contemplativa. En este contexto se han registrado despidos masivos en ECUDOS,
Colchones Paraíso, ERCO, SINOHIDRO, MEGAGRAF, MAXIGRAF, REYSAC, ECUACORRIENTE,
SALUD, CHEVRON, EDESA, entre otros, que han contado con el aval del Ministerio
de Relaciones Laborales, con los ex ministros Espinoza y Vacas, y con el actual
Carlos Carrasco.
Resulta evidente que en el campo de los derechos
laborales, se constata una gran distancia entre las palabras y los hechos. El
gobierno de la “revolución ciudadana” que se autoproclama ser “un gobierno de
los trabajadores” y, que se reconoce como el que, supuestamente, “más ha hecho
por los trabajadores”, es precisamente el que más casos registra en cuanto a
las afectaciones a los derechos laborales de los trabajadores.
Retornando al caso de los trabajadores despedidos
de Petroamazonas, conviene que se conozca otros datos. Siendo la principal
empresa pública del sector estratégico, no cuenta con contrato colectivo, a
pesar de existir un Comité de Empresa estructurado, desde luego, a la manera
del régimen, es decir desde arriba y con dirigentes gobiernistas, que no dicen
nada cuando se violan los derechos de los trabajadores. Por otro lado se negó
el reconocimiento de un Sindicato que organizaron los trabajadores ex
tercerizados, arguyendo que en la empresa ya existía otra organización (el
comité de empresa referido).
De esta forma, a los trabajadores ex tercerizados
de Petroamazonas, al haberles notificado con el despido intempestivo, se les ha
informado también que, en el mejor de los casos, sus indemnizaciones serán
calculadas sobre la base de los cuatro o tres años de contratación directa,
desconociendo los 10, 15 o 20 años que laboraron en la condición de
tercerizados. Es decir, cuando el gobierno habla de que ha terminado con la
tercerización laboral, debería añadir que también está terminando con los
trabajadores ex tercerizados.
Estas son la razones por las que, los trabajadores
despedidos de Petroamazonas han dicho un rotundo NO a los despidos, y se
predisponen a luchar por el reingreso. Están programando diferentes acciones de
denuncia y resistencia hasta que se reconozcan y respeten sus derechos.
*Nelson Erazo es presidente del Frente Popular:
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