EL NO CONTUNDENTE A LA CONSULTA TRAMPOSA Y LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO

Por: Natalia Sierra

Las estrategias de las consultas populares hechas desde los gobiernos tienen, creo, dos razones principales: 1) Acumular más poder frente a los otros poderes del Estado, para poder gobernar sin tener que lidiar con el llamado equilibrio de poderes, es decir, con el juego de la democracia liberal. 2) Buscar legitimidad ante una escasa aceptación popular que hace difícil el ejercicio de gobierno. En cualquiera de los dos casos, no se trata de un acto político encaminado a fortalecer la democracia participativa de la población. Este tipo de consultas gubernamentales parten de un engaño, pues en estricto sentido no se quiere consultar al pueblo en función de resolver problemas cruciales que afectan a la vida social, lo que se busca es adquirir más poder y concentrarlo en el Ejecutivo para garantizar la realización de planes e intereses particulares del grupo de gobierno y sus aliados; intereses de beneficio económico o estrictamente político.

Las razones que mueven las consultas gubernamentales no tienen, así, nada de democráticas, aunque usen un mecanismo democrático contemplado en la Constitución. La consulta popular supone un proceso de diálogo en el cual, siguiendo los planteamientos habermasianos, los actores del diálogo se reconozcan mutuamente en su validez argumentativa, que reconozcan verdad y verosimilitud en el argumento del otro y que cada uno parta de esas premisas. De lo contrario, el intercambio de opiniones argumentadas que pueda conducir a acuerdos en beneficio común se hace imposible. No hay democracia cuando el gobierno hace preguntas cuyas premisas son absolutamente falsas, por ejemplo: que con la extradición se va a acabar la violencia del narcotráfico. No hay democracia cuando los anexos esconden, en lenguajes enredados, la pretensión de concentrar poder sobre otras funciones del Estado. No hay democracia cuando el gobierno empieza el proceso con mentiras y engaños, cuando obviamente no reconoce al pueblo como sujeto de diálogo, con capacidad de entender, descifrar y tomar una decisión sobre una propuesta verdadera y verosímil.

El engaño del populismo plebiscitario conduce necesariamente a un enfrentamiento violento de insultos y descalificaciones, que nada tienen que ver con el diálogo que define un proceso de democracia participativa y directa, que debería ser la consulta al pueblo. Es así que, durante toda la campaña previa a las votaciones del referéndum del 5 de febrero hemos asistido a una violencia política cada vez más agresiva, sobre todo de parte de los sectores alineados con el gobierno. No ha existido en absoluto espacio para debatir con argumentos las preguntas, y poder dar las opiniones a favor o en contra, pues no se puede debatir ni argumentar cuando partimos de premisas falsas, de mentiras. Frente a las mentiras, que en sí mismas son violencia porque descalifican al pueblo como actor válido de diálogo y lo que quieren es convertirlo en un número de voto, no hay opinión ni argumento que funcione. Así, hemos visto como el “argumento” del gobierno ante la negativa de grandes sectores de la sociedad a aceptar su consulta tramposa, ha sido la descalificación, la acusación y el insulto. Se nos acusó, durante la campaña sucia, de “antipatrias” y “narcotraficantes”, en el peor de los casos, y, en el mejor, de ser todas y todos correístas, por negarnos a aceptar su manipulación.

El contundente NO a las preguntas tramposas de Lasso, no es a las preguntas en su literalidad. Creo, más bien, que es un NO a la mentira que la consulta significa; un NO al gobierno; un NO a su intento de humillarnos y tratarnos como si no entendiésemos qué esconden sus preguntas; un NO al engaño del poder; un NO a su intento de concentrar más poder cuando su legitimidad es prácticamente inexistente; un NO a su tentativa de recuperar credibilidad y confianza, las mismas que ciertamente nunca tuvo. Si enfocamos nuestro análisis a los “argumentos” mentirosos y malintencionados que de forma velada intentaban legitimar la validez de sus preguntas, (léase: “No permitiremos paros financiados por el narcotráfico; no permitiremos que los indios hagan lo que les da la gana; no permitiremos que mancillen la vida de la gente de bien; ni que ensucien con su vandalismo la vida democrática de la República; ni que atenten contra el Estado, etc., etc.”), el NO es la respuesta a todo el discurso colonial, racista y clasista en contra de los pueblos y nacionalidades indígenas, en contra de los sectores empobrecidos, en contra de las izquierdas.

Hay que tomar en cuenta que, en la gran mayoría de provincias de la Sierra y la Amazonía, donde se ubican los pueblos y nacionalidades indígenas, el NO fue indiscutible. Que cuatro de las siete provincias de la Costa le dijeron NO; que las zonas rurales de la provincia del Guayas y de Guayaquil, azotadas y abandonadas al crimen organizado, le dijeron NO; que, en muchos barrios populares de Guayaquil, atrapados en la violencia criminal, el NO se hace presente. Al final, más del 50% de la población ecuatoriana, según el discurso del presidente y sus seguidores, somos narcotraficantes.

El triunfo del NO es doble, si tomamos en cuenta que el gobierno hizo su propaganda con todo el aparato del Estado, con todos los medios de comunicación hegemónicos de su lado y con todos los empleados-trolls de internet. Ahora ya es tarde para querer abrir un diálogo y un acuerdo, después que promovieron la violencia, el insulto y las amenazas como “diálogo” previo a la gubernamental. El llamado al diálogo social que hacen ahora, después de perder en su tramposa consulta, es una mentira más que se cae por su propio peso. Esperemos que los gobiernos entiendan que no se usa un mecanismo democrático para sus ejercicios antidemocráticos, los pueblos tienen sabiduría e intuición a pesar de toda la campaña de empobrecimiento político que lanzan en su contra.