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lunes, 4 de enero de 2016

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PREPARA PRIMEROS CONCURSOS DE AUTORIDADES DESDE SU POSESIÓN

Nueve autoridades serán designadas en el primer semestre de este año por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPC). Serán los primeros procesos que realizará luego de que sus vocales asumieran en julio del 2015.

En enero deberá designarse a los superintendentes de Bancos y Compañías, pues su etapa de funciones culminó.

Pedro Solines fue posesionado el 30 de diciembre de 2010, pero renunció y el resto del periodo lo cumplió Christian Cruz. Suad Manssur asumió el 7 de enero de 2011.

Para esta designación, que se realiza a través de ternas del Ejecutivo, el CPC solicitó recién el pasado 21 de diciembre la nómina con sus candidatos al presidente Rafael Correa.

Los consejeros derogaron el reglamento de designación y retiraron el requisito de la edad base, que era de 35 años.

A la par, el pasado lunes, el organismo convocó a la integración de la Comisión Ciudadana de Selección para la renovación parcial (dos jueces) del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), concurso que fue suspendido en mayo del 2015 por un juzgado de Quito.

A estos procesos se suman el de selección de cinco representantes de los denominados consejos de Igualdad de Género, Intergeneracional, Pueblos y Nacionalidades, Discapacidades y Movilidad Humana.

El Ejecutivo emitió en junio pasado el reglamento a la ley de consejos de la igualdad, pero los siete vocales no aprueban las reglas para designarlos.

Tampoco han resuelto sobre la designación de los defensores de audiencia para los medios de comunicación. Ellos debían estar designados en enero del 2015, pero el concurso se detuvo por falta de aspirantes.

El Consejo de Regulación de la Comunicación (Cordicom) no ha informado sobre una consulta que hizo a la Procuraduría General del Estado meses atrás respecto a las funciones administrativas que tendrán estos actores.

Eso mantiene detenida la elección, aseguró la presidenta del CPC, Raquel González.

Pese a estos retrasos, González afirma que la gestión del consejo ha sido “positiva”, pues, según ella, han logrado “posicionar a la institución al hacer presencia en provincias”.

Para su trabajo interno, los consejeros implementaron una nueva modalidad para los debates de reglamentos. Ahora, junto a sus asesores, se reúnen en denominados “talleres” para la elaboración de estos documentos y, luego, en el pleno, un colaborador lee un resumen de la propuesta; se discuten temas de forma y el voto es unánime.

Según González, esto no es una “falta de transparencia”, sino que “son documentos que están trabajados y hay que optimizar los tiempos”.

En la lucha contra la corrupción, el CPC no ha divulgado resultados de sus investigaciones. Apenas hace dos semanas se hizo público de un caso de presunta manipulación del sistema informático del Servicio de Contratación Pública (Sercop), en cuya indagación participaron la Fiscalía y el CPC.

Pero el organismo, a través de un reglamento, asumió la atribución para investigar de oficio porque, según González, se requiere analizar denuncias que les llegan por las redes sociales o por la web institucional.

 16,4  millones de dólares
es el presupuesto que tiene la institución para trabajar en este año, según el Ministerio de Finanzas. (I) FUENTE: DIARIO EL UNIVERSO.

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