QUITO.- Son 54 fondos creados por empleados de
entidades públicas para tener un beneficio extra al momento de jubilarse o
quedar cesantes. Juntos suman un total de $ 936 millones y empezaron a formarse
desde la década del sesenta con descuentos del salario de los trabajadores.
Algunos de ellos incluyeron aportes patronales de las instituciones estatales.
Estos ‘fondos complementarios previsionales
cerrados’, como se los denomina en la legislación vigente, están en la mira de
la Asamblea y del Gobierno. El presidente de la República, Rafael Correa, dio
su apoyo en el enlace sabatino del 2 de agosto pasado a un proyecto de ley que
implica reformas a la Ley de Seguridad Social y a la del Banco del Instituto
Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) para que estos fondos pasen a ser
administrados por el Biess.
Lo hizo casi seis años después de que vía decreto
ejecutivo prohibió el aporte que entidades públicas hacían a sus empleados para
estos ‘fondos privados de jubilación complementaria y de cesantía privada’.
Entre los cerca de 200 mil jefes de familia que
aportan a estos fondos hay 141.590 maestros y personal del sistema educativo
fiscal que han alimentado el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano
(FCME), que tiene la mayor cantidad de activos con $ 431’410.201.
Administradores de estos fondos, entrevistados por
este Diario, afirman que el dinero aportado por el Estado en calidad de
patrono, similar al que da para el Seguro General Obligatorio o el que otorgan
las empresas a sus trabajadores, corresponde a un derecho laboral ganado por
los empleados públicos, por lo que rechazan el traspaso. Dicen que esta
potestad debería quedar en los dueños del dinero, según afirman.
Pero el presidente Correa tiene otra concepción.
“Es mentira que en estos fondos no hay plata pública (...). Son dineros
públicos a sectores privados sin que sea una obligación del Estado”, dijo el 2
de agosto.
La reforma planteada preocupa a empleados de
ministerios, gobernaciones, municipios, de la Función Judicial, de las Fuerzas
Armadas, de universidades y de gremios como el de la Unión Nacional de
Educadores (UNE), que creó el FCME.
Los maestros están divididos frente a los cambios.
Unos están en contra del traspaso, como Martha (pidió la reserva de su
apellido), quien aporta al FCME desde hace 27 años cuando ingresó a laborar en
la escuela fiscal 9 de Octubre, en el sur de Guayaquil. “Sí sé que es alto (el
interés) que cobran (el FCME), pero por lo menos nos lo dan (el préstamo).
Ahorita estoy tratando de hacer un préstamo en el IESS, pero no me lo dan desde
hace un año porque sale que mi patrono está en mora”, dice.
Mientras que otra docente, que se identifica como
Patricia, está a favor del traspaso de los fondos ya que, según ha escuchado,
conseguirían préstamos con menores tasas de interés.
Wilmer Santacruz, afín al Gobierno, dejó de aportar
al fondo del magisterio en 2012. Es coordinador de la Red de Maestros, un
gremio que incluye a 30 mil docentes y compareció en la Asamblea a favor del
traspaso de los fondos, de los que, dijo, han sido manejados con falta de
transparencia.
Mónica Ayala lo hizo en representación del FCME.
Esta dirigente afirma que las reformas violentan el art. 66 de la Constitución
vigente sobre el derecho a la libre organización.
Entre el 2005 y el 2008, el IESS transfirió al FCME
(por disposición de ley) un total de 60,8 millones correspondientes al contrato
del seguro de cesantía adicional que esta entidad administró entre 1964 y el
2005 y que se financió con descuentos del sueldo de los maestros fiscales. “No
sé si por esta transferencia hay la confusión de que el FCME contiene dinero
público, pero eso no es así”, dice Ayala.
El asambleísta de AP Holger Chávez (antes de
Sociedad Patriótica) fue quien planteó el Proyecto de Ley del Fondo de Cesantía
del Magisterio Nacional para transferir solo estos fondos.
Pero en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores,
presidida por la oficialista Betty Carrillo, este proyecto dio un giro al
convertirse en reformas a la Ley de Seguridad Social y la del Biess.
El 31 de mayo pasado cuando la Asamblea aprobó en
primer debate estas reformas, Chávez expresó que el tema de los fondos compete
a la seguridad social: “El Estado no puede esperar que se dé un descalabro
económico en el país para recién tener que estar tomando medidas”, manifestó.
Carrillo, por su parte, ha recalcado que los fondos
del magisterio tendrán mayor rentabilidad en el Biess, aunque el proyecto no
precisa porcentajes.
Milton Villavicencio, presidente del Fondo
Complementario Previsional de los Empleados Civiles de las Fuerzas Armadas, el
segundo con más activos ($ 80 millones), afirma que en el caso de otros fondos
como el que él administra se recibió dinero público como aportes patronales,
pero que ello no justifica el traspaso al Biess: “Lo cierto es que esos dineros
son nuestros, independientemente del medio por el cual nos hayan asignado”, afirma.
Creación y evolución
1.- En la década del sesenta se establecen seguros
adicionales para empleados de instituciones públicas, como el formado mediante
Decreto Supremo en abril de 1964 que crea el seguro adicional de cesantía del
magisterio fiscal cuya administración se concede a los pocos meses, mediante un
contrato, a la Caja Nacional del Seguro Social (lo que ahora es el IESS). Para
su financiamiento se estableció un aporte adicional mensual y obligatorio del
3% del sueldo de los maestros fiscales, adicional al del Seguro Social
Obligatorio.
2.- Otros seguros adicionales de cesantía se crean
a partir de esta época. Algunos de ellos, como el de la ahora Petroecuador,
Fuerzas Armadas y el de la Universidad de Guayaquil, incluían aportes del
Estado en calidad de patrono, así como de los trabajadores.
3.- En 1991, basadas en la Ley de Seguridad Social
vigente, tres agremiaciones del sistema educativo fiscal (entre ellas la Unión
Nacional de Educadores) crean un nuevo Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano
que determinaba un aporte voluntario de los maestros administrado por el Banco
Filanbanco, que obtuvo su personería jurídica en 1994.
4.- En 1998 una nueva Constitución establece en su
art. 61 que los “seguros complementarios” serán de carácter opcional y “se
financiarán con el aporte de los asegurados, y los empleadores podrán efectuar
aportes voluntarios. Serán administrados por entidades públicas, privadas o
mixtas, reguladas por la ley”.
5.- En noviembre del 2001 rige una nueva Ley de
Seguridad Social que da facultad jurídica a las entidades que manejan los
fondos de seguros adicionales al Seguro General Obligatorio, y se los llamó fondos
complementarios previsionales cerrados.
6.- Mediante una resolución de septiembre del 2004,
la Superintendencia de Bancos asume la autorización, aprobación del registro,
constitución, organización, funcionamiento y liquidación de los fondos gremiales
adicionales al Seguro General Obligatorio.
7.- Entre el 2005 y el 2008, mediante varias
resoluciones, el IESS transfiere los montos acumulados de los seguros
adicionales que administraba desde la década del sesenta a los fondos
complementarios previsionales cerrados. Se reconoce que “son de beneficio
social y sin fines de lucro, tienen el carácter de privado y comprenden un
patrimonio autónomo diferente e independiente del patrimonio de las
instituciones administradoras o de aquellas de las que deriva la relación
laboral o gremial”.
8.- Mediante decreto ejecutivo 1493 del 7 de
noviembre del 2008, el presidente Rafael Correa prohíbe la aportación de dinero
público a los fondos complementarios. FUENTE: EL UNIVERSO
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