‘FONDOS PRIVADOS’ PASARÍAN AL BIESS

QUITO.- Son 54 fondos creados por empleados de entidades públicas para tener un beneficio extra al momento de jubilarse o quedar cesantes. Juntos suman un total de $ 936 millones y empezaron a formarse desde la década del sesenta con descuentos del salario de los trabajadores. Algunos de ellos incluyeron aportes patronales de las instituciones estatales.

Estos ‘fondos complementarios previsionales cerrados’, como se los denomina en la legislación vigente, están en la mira de la Asamblea y del Gobierno. El presidente de la República, Rafael Correa, dio su apoyo en el enlace sabatino del 2 de agosto pasado a un proyecto de ley que implica reformas a la Ley de Seguridad Social y a la del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) para que estos fondos pasen a ser administrados por el Biess.

Lo hizo casi seis años después de que vía decreto ejecutivo prohibió el aporte que entidades públicas hacían a sus empleados para estos ‘fondos privados de jubilación complementaria y de cesantía privada’.

Entre los cerca de 200 mil jefes de familia que aportan a estos fondos hay 141.590 maestros y personal del sistema educativo fiscal que han alimentado el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME), que tiene la mayor cantidad de activos con $ 431’410.201.

Administradores de estos fondos, entrevistados por este Diario, afirman que el dinero aportado por el Estado en calidad de patrono, similar al que da para el Seguro General Obligatorio o el que otorgan las empresas a sus trabajadores, corresponde a un derecho laboral ganado por los empleados públicos, por lo que rechazan el traspaso. Dicen que esta potestad debería quedar en los dueños del dinero, según afirman.

Pero el presidente Correa tiene otra concepción. “Es mentira que en estos fondos no hay plata pública (...). Son dineros públicos a sectores privados sin que sea una obligación del Estado”, dijo el 2 de agosto.

La reforma planteada preocupa a empleados de ministerios, gobernaciones, municipios, de la Función Judicial, de las Fuerzas Armadas, de universidades y de gremios como el de la Unión Nacional de Educadores (UNE), que creó el FCME.

Los maestros están divididos frente a los cambios. Unos están en contra del traspaso, como Martha (pidió la reserva de su apellido), quien aporta al FCME desde hace 27 años cuando ingresó a laborar en la escuela fiscal 9 de Octubre, en el sur de Guayaquil. “Sí sé que es alto (el interés) que cobran (el FCME), pero por lo menos nos lo dan (el préstamo). Ahorita estoy tratando de hacer un préstamo en el IESS, pero no me lo dan desde hace un año porque sale que mi patrono está en mora”, dice.

Mientras que otra docente, que se identifica como Patricia, está a favor del traspaso de los fondos ya que, según ha escuchado, conseguirían préstamos con menores tasas de interés.

Wilmer Santacruz, afín al Gobierno, dejó de aportar al fondo del magisterio en 2012. Es coordinador de la Red de Maestros, un gremio que incluye a 30 mil docentes y compareció en la Asamblea a favor del traspaso de los fondos, de los que, dijo, han sido manejados con falta de transparencia.

Mónica Ayala lo hizo en representación del FCME. Esta dirigente afirma que las reformas violentan el art. 66 de la Constitución vigente sobre el derecho a la libre organización.

Entre el 2005 y el 2008, el IESS transfirió al FCME (por disposición de ley) un total de 60,8 millones correspondientes al contrato del seguro de cesantía adicional que esta entidad administró entre 1964 y el 2005 y que se financió con descuentos del sueldo de los maestros fiscales. “No sé si por esta transferencia hay la confusión de que el FCME contiene dinero público, pero eso no es así”, dice Ayala.

El asambleísta de AP Holger Chávez (antes de Sociedad Patriótica) fue quien planteó el Proyecto de Ley del Fondo de Cesantía del Magisterio Nacional para transferir solo estos fondos.

Pero en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, presidida por la oficialista Betty Carrillo, este proyecto dio un giro al convertirse en reformas a la Ley de Seguridad Social y la del Biess.

El 31 de mayo pasado cuando la Asamblea aprobó en primer debate estas reformas, Chávez expresó que el tema de los fondos compete a la seguridad social: “El Estado no puede esperar que se dé un descalabro económico en el país para recién tener que estar tomando medidas”, manifestó.

Carrillo, por su parte, ha recalcado que los fondos del magisterio tendrán mayor rentabilidad en el Biess, aunque el proyecto no precisa porcentajes.

Milton Villavicencio, presidente del Fondo Complementario Previsional de los Empleados Civiles de las Fuerzas Armadas, el segundo con más activos ($ 80 millones), afirma que en el caso de otros fondos como el que él administra se recibió dinero público como aportes patronales, pero que ello no justifica el traspaso al Biess: “Lo cierto es que esos dineros son nuestros, independientemente del medio por el cual nos hayan asignado”, afirma.

Creación y evolución

1.- En la década del sesenta se establecen seguros adicionales para empleados de instituciones públicas, como el formado mediante Decreto Supremo en abril de 1964 que crea el seguro adicional de cesantía del magisterio fiscal cuya administración se concede a los pocos meses, mediante un contrato, a la Caja Nacional del Seguro Social (lo que ahora es el IESS). Para su financiamiento se estableció un aporte adicional mensual y obligatorio del 3% del sueldo de los maestros fiscales, adicional al del Seguro Social Obligatorio.

2.- Otros seguros adicionales de cesantía se crean a partir de esta época. Algunos de ellos, como el de la ahora Petroecuador, Fuerzas Armadas y el de la Universidad de Guayaquil, incluían aportes del Estado en calidad de patrono, así como de los trabajadores.

3.- En 1991, basadas en la Ley de Seguridad Social vigente, tres agremiaciones del sistema educativo fiscal (entre ellas la Unión Nacional de Educadores) crean un nuevo Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano que determinaba un aporte voluntario de los maestros administrado por el Banco Filanbanco, que obtuvo su personería jurídica en 1994.

4.- En 1998 una nueva Constitución establece en su art. 61 que los “seguros complementarios” serán de carácter opcional y “se financiarán con el aporte de los asegurados, y los empleadores podrán efectuar aportes voluntarios. Serán administrados por entidades públicas, privadas o mixtas, reguladas por la ley”.

5.- En noviembre del 2001 rige una nueva Ley de Seguridad Social que da facultad jurídica a las entidades que manejan los fondos de seguros adicionales al Seguro General Obligatorio, y se los llamó fondos complementarios previsionales cerrados.

6.- Mediante una resolución de septiembre del 2004, la Superintendencia de Bancos asume la autorización, aprobación del registro, constitución, organización, funcionamiento y liquidación de los fondos gremiales adicionales al Seguro General Obligatorio.

7.- Entre el 2005 y el 2008, mediante varias resoluciones, el IESS transfiere los montos acumulados de los seguros adicionales que administraba desde la década del sesenta a los fondos complementarios previsionales cerrados. Se reconoce que “son de beneficio social y sin fines de lucro, tienen el carácter de privado y comprenden un patrimonio autónomo diferente e independiente del patrimonio de las instituciones administradoras o de aquellas de las que deriva la relación laboral o gremial”.

8.- Mediante decreto ejecutivo 1493 del 7 de noviembre del 2008, el presidente Rafael Correa prohíbe la aportación de dinero público a los fondos complementarios. FUENTE: EL UNIVERSO