Comunidades defienden el río Guallupe: Acción de Protección busca detener los daños de la minería ilegal

Imbabura. La defensa del agua y de uno de los principales afluentes de la parroquia La Carolina llegó a los tribunales de justicia, un colectivo de defensores ambientales, junto con habitantes de las comunidades afectadas, presentó una Acción de Protección con medidas cautelares con el propósito de frenar las actividades de minería ilegal que, según denuncian, están causando graves afectaciones al río Guallupe y poniendo en riesgo el abastecimiento de agua para cientos de familias.

 

La demanda, registrada bajo la causa SATJE N.º 10203202601136, busca que la justicia ecuatoriana adopte medidas urgentes para garantizar los derechos de la naturaleza, proteger las fuentes hídricas y salvaguardar el acceso al agua de las comunidades que dependen de esta cuenca.

 

El río Guallupe constituye una de las principales fuentes de agua para las comunidades de El Limonal, Guallupe, Luz de América y Peña Negra, donde el líquido vital es captado para consumo humano, sin embargo, los accionantes advierten que la extracción minera ilegal está alterando el cauce natural del río, destruyendo su lecho y generando contaminación por metales pesados, situación que podría desencadenar graves consecuencias para la salud pública, la biodiversidad y los ecosistemas de la zona.

 

De acuerdo con los promotores de la acción constitucional, el deterioro ambiental no solo amenaza la riqueza natural del territorio, sino también la seguridad hídrica de las actuales y futuras generaciones, señalan que la pérdida de calidad del agua afectaría directamente a niños, adultos mayores y familias enteras que utilizan este recurso para el consumo diario, la agricultura y otras actividades esenciales.

 

El abogado Pedro Leiva, portavoz legal del proceso, manifestó que la demanda se sustenta en la Constitución del Ecuador, que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos y obliga al Estado a prevenir y reparar los daños ambientales.

 

"La defensa de la naturaleza no es un asunto político, sino una necesidad para garantizar la vida. Si el río desaparece o continúa contaminándose, las comunidades perderán su principal fuente de agua y se comprometerá su futuro. La justicia debe actuar antes de que el daño sea irreversible", sostuvo el jurista.

 

Como parte del proceso judicial, la audiencia constitucional contó con el respaldo de especialistas en derechos ambientales, entre ellos se anunció la participación del abogado Luis Ávila, quien presentó un Amicus Curiae, documento técnico-jurídico destinado a aportar elementos de análisis sobre la obligación constitucional del Estado de proteger los recursos hídricos y garantizar los derechos colectivos y de la naturaleza.

 

Los impulsores de la Acción de Protección, quienes decidieron mantener su identidad en reserva por razones de seguridad debido a las tensiones existentes en la zona, afirmaron que el proceso también busca sensibilizar a la ciudadanía sobre los efectos de la minería ilegal y promover una mayor participación comunitaria en la defensa del patrimonio natural.

 

Los ambientalistas sostienen que ningún beneficio económico derivado de actividades extractivas ilegales puede justificar la pérdida de una fuente de agua que abastece a varias comunidades y sostiene la biodiversidad de la parroquia La Carolina.

 

Mientras avanza el proceso judicial, los habitantes esperan que las autoridades competentes dispongan medidas inmediatas para detener las actividades que afectan al río Guallupe y emprendan acciones de restauración ambiental, para las organizaciones y comunidades involucradas, la protección del agua representa una prioridad inaplazable, pues consideran que defender el río es también defender la salud, la producción agrícola, la biodiversidad y el derecho de las futuras generaciones a vivir en un ambiente sano.