La prolongada ausencia de lluvias está provocando una grave afectación al sector agrícola en varias provincias del país, especialmente en Manabí, Los Ríos, Guayas y Loja, donde miles de hectáreas de maíz se encuentran en riesgo de pérdida.
Productores agrícolas reportan que los cultivos
atraviesan una etapa crítica de desarrollo sin acceso suficiente a agua, lo que
ha generado estrés hídrico, crecimiento limitado y, en muchos casos, daños
irreversibles; en zonas de la costa, se han registrado entre 15 y más de 20
días sin precipitaciones, agravando la situación en el campo.
En la provincia de Manabí, uno de los principales
polos productivos de maíz, agricultores de diversos cantones han evidenciado el
deterioro de sus cultivos, lo que impacta directamente en la economía de las
familias rurales que dependen de una sola cosecha anual.
La problemática también se extiende hacia el sur
del país; en la provincia de Loja, extensas áreas agrícolas enfrentan
condiciones similares, con miles de hectáreas comprometidas por la falta de
lluvias.
A la crisis climática se suma un complejo escenario
económico para los productores; los bajos precios del maíz en época de cosecha
contrastan con el alto costo de insumos como fertilizantes y fungicidas, lo que
reduce significativamente la rentabilidad del sector.
Agricultores señalan que esta combinación de
factores los coloca en una situación de alta vulnerabilidad, donde los ingresos
no logran cubrir los costos de producción, afectando la sostenibilidad de sus
actividades.
Representantes del sector agrícola advierten que,
de mantenerse la sequía, las pérdidas podrían incrementarse considerablemente
en las próximas semanas, comprometiendo no solo la producción nacional de maíz,
sino también la seguridad alimentaria y la economía rural.
Asimismo, existe preocupación por la falta de
medidas inmediatas para atender la emergencia, lo que ha generado llamados a
las autoridades para implementar acciones urgentes que permitan mitigar los
efectos de la sequía.
Productores y actores del sector hacen un llamado a
la implementación de políticas públicas que incluyan apoyo técnico, acceso a
sistemas de riego, financiamiento y mecanismos que garanticen precios justos
para el maíz.
La situación actual refleja la vulnerabilidad del
sector agrícola frente a eventos climáticos extremos y la necesidad de
fortalecer estrategias de respuesta y prevención en el país.



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