Desde los territorios, organizaciones sociales,
colectivos ambientales y habitantes locales mantienen procesos de denuncia,
vigilancia comunitaria y defensa de la vida frente a lo que califican como una
crisis ambiental aún no resuelta.
Lejos de cerrarse, el impacto del
derrame continúa presente en la cotidianidad de quienes dependen del agua, la
tierra y los ríos. Las comunidades aseguran que la contaminación persiste en
los ecosistemas y que sus efectos se extienden a lo largo del sistema hídrico
que conecta con el mar, afectando no solo a la naturaleza, sino también a las
formas de vida ancestrales y a la economía local.
Territorio
contaminado, comunidades organizadas
Los testimonios dan cuenta de una
afectación integral: disminución de la pesca, deterioro de cultivos, pérdida de
biodiversidad y dificultades para acceder a agua segura. Los ríos Caple y Biche
son señalados como parte de los afluentes impactados, cuyos efectos se expanden
hacia el río Esmeraldas.
“Esto no es solo un derrame, es una
herida abierta en el territorio”, expresan líderes comunitarios, quienes han
asumido la tarea de documentar, informar y alertar ante la falta de respuestas
estructurales.
Salud,
silencio institucional y saberes locales
Las preocupaciones también atraviesan el
ámbito de la salud. Habitantes de las zonas afectadas advierten sobre síntomas
y enfermedades que podrían estar relacionadas con la exposición a
contaminantes, mientras denuncian la ausencia de estudios independientes y de atención
médica adecuada.
Frente a esto, las comunidades han
fortalecido sus propias redes de cuidado, articulando saberes ancestrales y
mecanismos de apoyo colectivo, en medio de lo que consideran un abandono
estatal.
Remediación
cuestionada y exigencia de verdad
Las acciones impulsadas por entidades
estatales, como Petroecuador, son vistas con desconfianza. Desde los
territorios se sostiene que las intervenciones han sido parciales, sin abordar
la contaminación profunda ni garantizar procesos transparentes de información.
La exigencia no es solo técnica, sino
también política; acceso a la verdad, participación real de las comunidades y
respeto a los derechos de la naturaleza.
Memoria,
justicia y defensa del territorio
A un año del derrame, las comunidades no
solo exigen reparación, sino también memoria. Insisten en que estos hechos no
pueden repetirse y que es necesario avanzar hacia un modelo que respete los
territorios y la vida.
En medio de la contaminación, las
comunidades continúan defendiendo el agua, la tierra y su derecho a existir con
dignidad.
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