La soberanía radica en el pueblo. Este precepto es un
pilar fundamental del estado moderno. El respeto de la voluntad popular
manifestada en las urnas es la base fundamental de la democracia.
Nuestra nación, hoy azotada por la corrupción, la criminalidad, la
violencia, necesita levantarse afincada en el respeto a las instituciones
democráticas y al estado de derecho para salir de la crisis y construir un
futuro mejor. Toda decisión política que debilite la institucionalidad,
resquebraje la democracia o niegue al pueblo la validez de su voz y su decisión
de exigir derechos, terminará siendo una traición imperdonable.
El presidente Daniel Noboa gobierna legítimamente al Ecuador gracias a
la voluntad soberana de 5'251.695 personas, equivalentes al 51,83% del
electorado. Ese resultado electoral debe ser respetado. Nadie puede pretender
que el presidente Noboa deje la función para la que fue electo, si no es por
las causas y por los canales previstos en la Constitución.
Que se deje de explotar petróleo en el ITT fue decidido por 5’541.585
personas que votaron por ello en la consulta popular de 2023, un 58,95% del
electorado, precisamente en el mismo proceso electoral en el que fue electo el
presidente Daniel Noboa.
Ambos resultados son legítimos y vinculantes. Los dos
deben ser respetados.
Resultaría inaceptable que un gobierno nacido de la voluntad popular
proponga o promueva estratagemas para desvirtuar la decisión de mantener el crudo
en tierra del proyecto ITT. El pueblo ya se pronunció al respecto y lo hizo
para proteger un parque nacional como es el Yasuní, de extraordinaria
importancia biológica para Ecuador y para el mundo y para proteger los derechos
de los pueblos indígenas en aislamiento cuyo territorio ancestral resulta
afectado por dicho proyecto.
Pretender desacatar el resultado de la consulta atenta contra la
Constitución e incluso pretender revocar la decisión tomada con una nueva
consulta es jurídicamente improcedente porque resultaría ser una medida
regresiva, es decir constitucionalmente prohibida.
Sería, además, contradictorio,
que lo impulse un gobierno que, al mismo tiempo, promueve una nueva consulta
popular sobre otros temas. Resultaría una tomadura del pelo al pueblo que se le
llame a las urnas para consultarle cuando lo que decidió en la consulta
anterior no es respetado.
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