PUEBLOS INDÍGENAS PRESENTARON ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL UNA DEMANDA EN CONTRA DEL PRESIDENTE DE ECUADOR POR LA EMISIÓN DE LOS DECRETOS QUE PRETENDEN EXPANDIR LA FRONTERA EXTRACTIVA EN LA AMAZONÍA ECUATORIANA

Quito-Ecuador, 18 de octubre, desde tempranas horas de la mañana llegaron hasta el parque El Arbolito, varias delegaciones de los pueblos indígenas de la Amazonia ecuatoriana, donde se concentraron previo a una marcha pacifica para entregar a la Corte Constitucional, la instancia judicial más alta del país, una solicitud de medidas cautelares para derogar los planes de ampliación de las extracciones petrolíferas y mineras en las provincias amazónicas.

 

La demanda, presentada hoy por organizaciones indígenas, alegaría que el derecho internacionalmente reconocido de los pueblos indígenas a la consulta y el consentimiento libres, previos e informados, estaría siendo violentado por el Decreto Ejecutivo 95 que pretendería duplicar la producción de petróleo del país hasta un millón de barriles diarios mediante la desregulación de los procesos operativos de la industria del petróleo y el gas.

 

Leónidas Iza presidente de la Conaie, señaló que, el Gobierno nacional debe garantizar la vida de los pueblos y nacionalidades, con la aplicación del derecho a la consulta libre previa e informada como lo establece los estamentos nacionales e internacionales, y no pretender vulnerar los derechos colectivos y humanos de los pueblos indígenas con decretos que no son vinculantes. 

 

“Los territorios de los pueblos y nacionalidades están en peligro. Estos territorios permiten equilibrar la vida y los ecosistemas. Por ello, por cada territorio de cada pueblo y cada nacionalidad indígena, que ahora está amenazado por la ampliación de la explotación petrolera y minera, necesitamos que se garantice nuestro derecho a la consulta previa, libre e informada, pero de manera vinculante; que exista consentimiento y esto debería ser reconocido por la Corte Constitucional.” citó, Iza

 

Informó que, en las siguientes semanas, las organizaciones y comunidades indígenas también presentarán una segunda demanda contra el Decreto Ejecutivo 151, que busca relajar los controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonía. Ello, pese a la firme decisión de los pueblos indígenas de mantener sus territorios libres de minería.

 

Jorge Acero representante de derechos humanos, señaló que la decisión del presidente demuestra un grave retroceso en la garantía de los derechos humanos y colectivos y de los derechos de la naturaleza. Así, refuerza una larga historia de abusos de los derechos humanos y conflictos socioambientales en la Amazonía, vinculados a los sectores del petróleo, el gas y la minería.

 

Marlon Vargas presidente de la Confeniae, enfatizó que, como obedientes de las decisiones colectivas de sus pueblos, han resuelto en la asamblea ampliada desarrollada el 16 octubre en Tiputini, la exigencia al gobierno de la derogación del decreto 95 y 151, como una política para el dialogo, caso contrario continuaran en la resistencia desde sus territorios.

 

"Desde la organización indígena de la Amazonía ecuatoriana (CONFENIAE) rechazamos los decretos que promueven ampliar la frontera extractiva petrolera y minera. A través de ellos, el gobierno de Guillermo Lasso busca violar todos los derechos colectivos dentro de los territorios indígenas, derechos que son reconocidos no solo por la Constitución ecuatoriana, sino por los tratados internacionales. Por ello, alertamos a todas las nacionalidades. Defenderemos nuestros derechos y nuestros territorios, porque son nuestros espacios de vida".

 

La demanda contra el Decreto Ejecutivo 95 fue presentada por la Organización Indígena Nacional de Ecuador - CONAIE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador), la Federación Indígena Amazónica - CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) y la Organización política Waorani de Pastaza - CONCONAWEP (Consejo Coordinador de la Nacionalidad Waorani de Ecuador-Pastaza). La demanda contra el decreto ejecutivo 151 será presentada a finales de este mes por la CONAIE, la CONFENIAE, la comunidad A'i Cofan de Sinangoe y el Pueblo Shuar Arutam (PSHA).