Han pasado más de 250 días desde que los ciudadanos de las
parroquias noroccidentales de Quito empezaron a ser conscientes de la gruesa
capa de invisibilidad que los cubre. Son 250 días desde que un grupo de
moradores de la parroquia de Pacto (noroccidente de Pichincha) incautaron
decenas de sacos de material aurífero ilegal de la empresa minera Melina Changó
Santa Bárbara, armaron un campamento y se organizaron para hacer vigilia en
espera de que las autoridades ambientales constataran la evidencia de la
extracción ilegal y tomaran las medidas pertinentes.
Pensaron
con cierta ingenuidad, –la que compartimos muchos ecuatorianos que confiamos en
la Constitución y en las leyes–, que sería cosa de pocos días, teniendo en
cuenta que la minera no posee los permisos ambientales, ni se ha cumplido el
proceso de consulta previa. Agregaron los pacteños a la denuncia, el uso de
explosivos en áreas protegidas municipales de alta biodiversidad. Más allá de
una visita de inspección del Ministerio de Ambiente y algunas promesas
incumplidas del ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, nada ha pasado. La
resistencia o Frente Antiminero, como se autodenomina el grupo de la comunidad,
continua en vigilia hasta hoy, denunciando por todos los medios con pocos
resultados.
El
29 de marzo de este año, por iniciativa ciudadana de seis parroquias del Chocó
Andino (Nono, Calacalí, Nanegal,
Nanegalito, Gualea y Pacto), se solicitó a la Corte Constitucional del Ecuador
autorizar una consulta popular para que los quiteños puedan decidir si quieren
minería en sus territorios que, además, son parte del Subsistema Metropolitano
de Áreas Protegidas y espacios núcleo de la Reserva de Biósfera del Chocó
Andino, declarada por la UNESCO en 2018. Tres meses después la solicitud de
consulta fue negada por la Corte. Lejos de darse por vencidos, piensan apelar y
seguir en la lucha.
Chocó
Andino tiene una extensión de 286 mil hectáreas, el 30.31% del territorio de
Pichincha.
El
Frente Antiminero (FA), apoyado por una buena cantidad de pobladores que
pregonan: “minería no, agricultura sí”, se presentaron a finales del mes de
julio ante la Unidad Judicial de San Miguel de Los Bancos para pedir medidas de
protección así como la caducidad de los títulos mineros. El técnico de la
Mancomunidad del Chocó Andino, Inty Arcos, denuncia que al momento existe
persecusión y amenazas a los dirigentes de la resistencia. Hace incapié sobre
los efectos de la contaminación con drenaje ácido de mina y la fragmentación
social en una comunidad pácífica como la de Pacto. Por otro lado, Yuli Tenorio,
abogada del FA, en declaraciones a Noticias Noroccidente, señaló que la
compañía minera Melina Chango Santa Bárbara ha venido trabajando diez años sin
licencias ambientales, tiempo en el que han contaminado vertientes de agua,
talado árboles y destruido la biodiversidad.
La
solicitud de medidas de protección la firmaron: la Asociación de Paneleros, el
Gobierno Parroquial de Pacto y la Defensoría del Pueblo. Tenorio recalca que
solo están buscando justicia para la comunidad y que se respeten los derechos
de la naturaleza, la participación ciudadana, la consulta ambiental, consulta
previa, libre e informada.
El
Ministerio de Ambiente menciona que la zona del Chocó Andino tiene una
extensión de 286 mil hectáreas, que representan el 30.31% del territorio de
Pichincha. Posee una concentración de flora y fauna que incluye especies
emblemáticas como el oso de anteojos, el zamarrito pechinegro, el gallo de la
peña, olingos, tigrillos e infinidad de insectos, anfibios y reptiles. Cada
hectárea de bosque es capaz de absorber hasta 250 toneladas de carbono,
renovando el aire que respiramos.
«Las
medidas de protección buscan justicia para la comunidad y que se respeten los
derechos de la naturaleza, la participación ciudadana, la consulta ambiental,
consulta previa, libre e informada».
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Lo maxino yuli
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