Por:
Revista Crisis
Este
28 de mayo se cumple un mes del estallido social que ha dignificado nuevamente
al pueblo colombiano, sacudiendo la realidad política del país. La revuelta en
su inicio exigía el retiro y archivo de la reforma tributaria y la reforma a la
salud pública, ha pasado a exceder con creces estas dos propuestas. Estas
fueron retiradas hace semanas el gobierno neoliberal de Iván Duque, que
perpetua y multiplica la desigualdad social en Colombia. Como se multiplican la
dignidad y la resistencia en todo el territorio colombiano, también se han
multiplicado los crímenes de lesa humanidad a manos de las fuerzas represivas
del Estado. La lucha de clases se acrecienta en Colombia, en lo que presupone
una guerra interna prolongada. Por más de seis décadas, la oligarquía ganadera,
en contubernio con la clase política, el paramilitarismo y su piedra angular,
el uribismo, se han dedicado a arremeter en contra del pueblo y cualquier forma
de resistencia.
La
revuelta colombiana demuestra un momento de contingencia dentro de la lucha de
clases, la cual se traduce en un claroscuro, en una suerte de resolución
abierta. El aparataje político-militar-ideológico-económico que se impone, y
replica todas sus dimensiones de dominación, en Colombia ha comenzado a
tambalear, ante un pueblo que resiste los embates incesantes y atentados contra
la vida por las fuerzas del “orden”. La revuelta excedió las demandas
iniciales, y varias reivindicaciones históricas se hicieron presentes, siendo
Colombia el 5to país más desigual del mundo. Entre las más relevantes se
encuentran las demandas campesinas, las demandas de lxs estudiantes, las
demandas de las mujeres, marikas y cuerpos feminizados, las demandas obreras y
ecológicas. Siendo una de las demandas más resonantes y compartida por todos
los sectores: la reforma de la policía y el desmantelamiento del ESMAD, el
grupo policial más criminal que ha visto América Latina, unidad creada en el
marco del Plan Colombia.
Todas
estas demandas, se posicionan en un rechazo frontal al neoliberalismo, y a la
guerra interna que en Colombia lleva más de seis décadas. En la historia de
Colombia, el peso de la parapolítica es el más relevante. El paramilitarismo
está directamente relacionado y financiado por los grandes terratenientes
ganaderos, que al mismo tiempo son los grandes accionistas del resto de
industrias del país, y grandes funcionarios públicos, reproduciendo lógicas feudales.
Uno de los mayores exponentes de la parapolítica es el asesino, genocida,
paramilitar, terrateniente ganadero, corrupto y narcotraficante, el
Matarife Álvaro Uribe Vélez. Durante su
mandato se generaron más de 6402 falsos positivos, y cientos de fosas comunes,
siendo Colombia el territorio de América Latina con mayor cantidad de fosas
comunes. Salvatore Mancuso, ex comandante de las Autodefensas Unidas de
Colombia, declaró que el ejército les daba los albúmenes fotográficos de los
objetivos militares durante el periodo de Uribe Vélez.
Los
grupos paramilitares han sido conformados y financiados por los grandes
terratenientes, en toda la región, pero toman un rol especialmente relevante
con el “boom de la cocaíana”. En los años 80s y 90s se inyectaron miles de
millones de dólares en Colombia, auspiciados por los cárteles de narcotráfico,
con Pablo Escobar como uno de sus grandes exponentes. En años dorados de la
coca –que coinciden con el primer periodo neoliberal-, familias terratenientes
ganaderas, fundan y financian varios grupos paramilitares-. La familia ganadera
fue la Ochoa, con los hermanos Juan David, Jorge Luis y Fabio a la cabeza de
las bases del paramilitarismo en Colombia: el Clan Ochoa, vinculados
directamente con Escobar, y grandes puentes del narcotráfico a los EE.UU. Los
hermanos Castaño –Fidel, Carlos y Vicente- hijos de un ganadero ajusticiado por
las FARC-EP en 1981, fundaron las AUC, responsables de miles de masacres, entre
tantos el asesinato de Jaime Garzón y Carlos Pizarro. Y finalmente, los
hermanos terratenientes y ganaderos, los Uribe -Álvaro y Santiago-, con
innegables vínculos a Los Doce Apóstoles, grupo paramilitar avocado
principalmente a la “limpieza social” y a la eliminación sistemática de
guerrillerxs y colaboradores.
Los
vínculos entre el paramilitarismo, Uribe Vélez y la violación sistemática de
Derechos Humanos durante el Paro Nacional, son evidentes. Recordemos que no es
hasta después de que Uribe Vélez incitara a la violencia, por medio de sus
pronunciamientos en Twitter, que se iniciaría con intensidad nunca antes vista,
el tratamiento militar a la protesta social, y los escuadrones paramilitares en
las calles del país. La represión desmedida y violación sistemática a Derechos
Humanos, solo pueden considerarse crímenes de lesa humanidad y terrorismo de
Estado, han causado hasta el 26 de mayo, al menos 43 asesinatos en manos de la
fuerza pública, 17 asesinatos por presuntos paramilitares, 46 mutilaciones
oculares, 22 agresiones sexuales, 1388 detenciones arbitrarias y más de 550
personas desaparecidas[1]. Las denuncias de centros de tortura, instalados en
filiales de la cadena de supermercados “Éxito”, como el caso de Calipso,
corresponden a una lógica de alianza público privada creada para el extermino.
Se
plantea que el paramilitarismo en Colombia se le adjudica al menos 94.754
muertes, durante la guerra interna,
entre 1958 y julio de 2018. Es evidente que el apoyo político y militar del
Departamento de Estado de los Estados Unidos juega un rol fundamental en el
mantenimiento de la parapolítica en Colombia. El orden oligárquico-burgués, se
sostiene por medio del apoyo explícito en materia de seguridad interna,
militar, financiera, logística e ideológica de EE.UU.
En
términos geopolíticos, los Estados títere de EE.UU. a nivel regional en América
Latina y Oriente Medio son justamente y por excelencia Colombia y el Estado
sionista de Israel. Estos se mantienen por la injerencia de EE.UU. a nivel
interno y regional, con su blindaje frente a organismos internacionales y el
beneplácito de la oligarquía ganadera exportadora. En términos estratégicos, la
importancia de Colombia para EE.UU. reside en dos elementos centrales: por una
parte, es el país con mayor producción de cocaína a nivel mundial y por otra,
se encuentra en una cercanía privilegiada a Venezuela. Colombia termina siendo
el enclave geopolítico del imperialismo yanqui en la región, alojando un total
de siete bases militares en su territorio.
Ante la
violencia estatal sistemática y múltiple, la revuelta adquiere y se adentra en
dinámicas sociales sin precedentes en el territorio colombiano en más de cinco
décadas. Existe un potencial incalculable de radicalización de las masas en
contra del capitalismo, de darse una articulación de todas las fuerzas populares
antineoliberales y anticapitalistas en un mismo frente. Que la oligarquía y su
aliada eterna, la pequeña burguesía, no encuentren descanso en Colombia. Existe
un pueblo digno que resiste a la maquinaria de exterminio, que con rabia ha
dicho basta. Colombia hace 30 días y 30 noches que despertó, exclamando su
esperanza por mundos mejores posibles.
¡Gloria
al pueblo colombiano en resistencia! ¡Vivan siempre los pueblos que luchan!
[1] No es posible replicar datos exactos, ya que el Estado colombiano no contabiliza desaparecidxs, y maquilla las cifras.
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