Los
precios fijados para los productores no se respetan. Los agricultores asumen
deudas sin saber sus ingresos ante la fluctuación de lo que reciben.
Una
disminución de ingresos durante los meses del confinamiento es uno de los
efectos de la pandemia del COVID-19 en las zonas rurales del país, según una
encuesta del Fondo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO por sus siglas en inglés) y el ministerio del ramo.
El
COVID-19 maximizó los problemas del campo nacional, en el que casi la mitad de
su población (48 %) sobrevivía con un ingreso mensual menor a $ 84 en diciembre
del 2020. Mientras, casi una tercera parte, el 27,5% de los habitantes del
campo, vivían con menos de $ 2 al día ($ 47 al mes).
El 79% de
los hogares del campo percibieron ingresos menores durante la pandemia, lo que
repercutiría en que haya menos cultivos. El 29% de los hogares encuestados
espera una reducción de la superficie plantada este año ante la falta de dinero
para financiar los sembríos y la cosecha.
A ello se
suma la falta de acceso a tecnología, afirma Eiter Lozano, un arrocero de 51
años del cantón Santa Lucía, en Guayas. “Como la movilización se vio afectada,
entonces el uso de una herramienta como internet fue indispensable, pero la
mayoría no tiene acceso”.
Desde
antes de la pandemia había una afectación con el incremento de los costos de
producción. Un factor fue la disposición gubernamental que llevó a la subida
paulatina del diésel tras las protestas de octubre del 2019. “Se incrementó
casi el 25%, lo que encarece el trabajo. Un tanque de diésel de 55 galones
valía $ 60, ahora cuesta $ 81. En bombas de riego, tractores y traslado de los
camiones que son a diésel se gasta $ 300 por cada hectárea. Con el combustible
subsidiado se gastaba hasta $ 220”.
Las
restricciones de movilidad desde las 14:00 afectaron el ciclo productivo,
porque las cosechadoras entraban a los arrozales a partir de las 18:00, luego
de que el grano húmedo se secara durante el día. “Las máquinas perdían de
trabajar y parte de la producción se perdió”, indica.
El 37% de
los hogares encuestados menciona que el precio de sus productos fue más bajo de
lo normal el año pasado con respecto al mismo periodo del 2019.
Los
arroceros vendieron a un promedio de $ 30 por quintal entre abril y octubre del
2020, pero el precio bajó y fluctuó desde noviembre hasta enero del 2021 de $
22 a $ 25. “Tenemos que vender por encima de $ 25 para pagar las deudas y
ganar, por eso hay un precio de sustentación que el Estado fijó en $ 31,5, lo
que genera ya una rentabilidad, pero no se respeta”, asegura Lozano.
La
intermediación afecta al consumidor, ya que la baja de precios no se evidencia
en las ciudades, donde la libra de arroz se vende entre $ 0,35 y $ 0,45, es
decir, a $ 35 o $ 45 por quintal. “La intermediación aduce que los fletes
suben”.
El cierre
de los silos públicos para almacenar los granos obliga a los campesinos a
vender su producción a las piladoras privadas al precio que se disponga en ese
momento, lo que genera desfases en la economía de las familias rurales.
La caída
de los ingresos también afectó a la producción ganadera, lo que limitó el
acceso a alimentos para animales, a servicios veterinarios y la compra de
insumos que tuvieron precios más elevados.
El
problema es que los campesinos asumen deudas con tasas de interés y plazos
fijos sin saber lo que finalmente obtendrán por sus productos. No pueden ni
planificar el pago de una deuda. Es un ciclo que los lleva a prestar a
chulqueros, cuando entran en mora y ya no son sujetos de crédito en las
instituciones financieras, o a migrar a las ciudades.
El 20% de
la población con edades entre 16 y 29 años vive en las zonas rurales. De estos
jóvenes solo el 4% tiene estudios superiores, indica Ángel Catucuamba,
coordinador del Frente de Productores de Leche y dirigente ganadero.
Él mismo
es la excepción, ya que decidió retornar al campo tras empezar sus estudios de
educación superior. “Solo llegué hasta sexto nivel en Administración de
empresas, los recursos eran limitados”, dice este ganadero de 36 años del
cantón Cayambe (Pichincha).
La falta
de relevo generacional deja comunidades rurales envejecidas con tierras de
sembríos abandonadas, indica.
En el
caso de la comercialización de leche, los precios bajos ya se mantenían desde
antes de la pandemia. “Hay un precio oficial establecido por decreto en $ 0,42
el litro más beneficios de calidad, pero nadie lo acata. Hay empresas que nos
pagan entre $ 0,30 y $ 0,35. En las fronteras pagan entre $ 0,22 y $ 0,25”,
afirma Ángel.
En
Ecuador hay 250.000 familias ganaderas que producen 6,5 millones de litros de
leche al día, pero solo 4,5 millones logran comercializarse.
El 25% de
esa cantidad tiene un costo de producción promedio de $ 0,25 por litro. “La
mayoría no produce eficientemente por falta de conocimiento o de asistencia
técnica con costos que superan incluso los $ 0,35”.
Un factor
es el costo de los insumos que casi siempre están al alza. Un saco de 45 kilos
de nitrógeno se vende en $ 28, antes costaba $ 22.
Hay un impacto en la seguridad alimentaria
En las
zonas rurales del Ecuador hay un menor nivel de desarrollo. Foto: CORTESÍA
DIANA PROAÑO RIMISP
El
estudio de la FAO y del Ministerio de Agricultura y Ganadería recomienda, entre
otros aspectos, una innovación agrícola digital para que los campesinos accedan
a “información de precios y mercados en tiempo real, detección automática de
plagas y enfermedades en la agricultura y líneas especiales de financiamiento
para el mantenimiento de la capacidad productiva”.
Con ello
podrán mejorar y tener más fiabilidad de los ingresos que obtendrían las
familias rurales.
Agustín
Zimmermann, representante de la FAO en Ecuador, afirma que la pandemia irrumpe
en un escenario que ya era complejo en toda la región de América Latina y el
Caribe desde antes del COVID-19. “Con siete años de bajo crecimiento en las
economías y de aumento de la pobreza. Todos los avances en la reducción de las
tasas de malnutrición se habían revertido ya hace algunos años. La pandemia lo
que hace es profundizar estas desigualdades estructurales, impulsando aún más
los niveles de informalidad, desprotección social y baja productividad”.
En el
sector agrícola, agrega Zimmermann, hay un impacto en la seguridad alimentaria
de las familias rurales que reportaron una disminución de ingresos durante los
meses del confinamiento por el COVID-19.
Una familia
de cinco miembros, indica el especialista, necesita como mínimo un ingreso de $
8,5 diarios para acceder a una dieta saludable en nutrientes en Ecuador, sin
tomar en cuenta el resto de gastos del hogar. “Considerando que el ingreso
total per cápita de una persona pobre es menor a $ 84 mensuales y de un pobre
extremo, menor a $ 47, hay una brecha importante”, indica.
Desde la
FAO se plantea una agenda de recuperación con transformación. La propuesta
incluye reforzar los programas de alimentación escolar, apoyar las iniciativas
de asistencia alimentaria con las organizaciones de la sociedad civil y
facilitar el acceso a insumos para los agricultores y pescadores artesanales,
entre otras acciones.
Zimmermann
manifiesta que la FAO apoyó al Ministerio de Agricultura y Ganadería en la
construcción del Plan Nacional Agropecuario (2020-2030), en el que se abordan
estas temáticas y sus soluciones fundamentales. “Con estas medidas entendemos
que a largo plazo se puede sacar al sector rural adelante, convertiéndolo en un
motor de crecimiento y de la recuperación económica con transformación”.
Una de
las acciones es reducir los niveles de intermediación de los circuitos de
comercialización, fortalecer la política de asociatividad y la agenda de
innovación y de conectividad.
“Todo
esto es reflejo de los hallazgos de la encuesta que hicimos”, afirma
Zimmermann. (I) Fuente: El Universo.
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