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| En la vía Chical - Maldonado, se intensificaron los controles, con la presencia de más de 15 militares, hay retenes móviles y otros controles, Cortesía. |
Las
masacres en Samaniego, Pialapí (Ricaurte) y la Guayacana (Tumaco), en Nariño,
Colombia, frente a Carchi y Esmeraldas, que dejan 18 muertos en ocho días,
evidencia el retorno de una nueva ola de violencia que tiende a recrudecerse y
podría provocar desplazamientos hacia Ecuador.
La
situación obligó al presidente de Colombia, Iván Duque, a visitar el sábado
último Samaniego, donde dijo que fueron homicidios colectivos.
Advirtió
que no habrá impunidad. Acusó al narcotráfico de expandir cultivos ilícitos y
anunció que seguirá erradicando las estructuras criminales.
Harold
Ruiz, exasesor de Paz de Nariño, califica a los múltiples asesinatos como una
tragedia humana provocada por el narcotráfico. Y dice que han hecho esclavas a
las comunidades indígenas Awá, a las que someten con los grupos armados,
forzándolos a migrar.
Estos
corredores ilegales en la frontera colombo-ecuatoriana son utilizados para el
tráfico de drogas, minería ilegal y trata de personas. El investigador señala
que en ese territorio fronterizo (Nariño) hay 36 000 hectáreas de cultivos
prohibidos, custodiados por 20 grupos armados que operan en la costa pacífica y
en la cordillera.
La falta
de presencia del Estado colombiano, sumado a la intención del regreso de las
fumigaciones aéreas con glifosato; la instalación de carteles mexicanos; y el
cuestionado proceso de paz, recalientan la frontera norte, generando una estela
de miedo y terror en sus habitantes fronterizos.
Según el
mandatario colombiano, en los últimos 22 años se han registrado 1361 escenas de
asesinatos colectivos con 7458 víctimas, presentándose en su gobierno 158
fallecidos. Y detrás de todo está el crimen organizado, pero también el ELN,
las disidencias de las FARC, Los Pelusos, Los Caparros, Oliver Sinisterra, el Clan
del Golfo, entre otros.
Para él,
las columnas Oliver Sinisterra (que sembró también terror en Ecuador y cuyo
líder en el 2018 fue el ecuatoriano Walter Arizala, alias Guacho), Dagoberto
Ramos, Jaime Martínez, la Nueva Marquetalia son disidencias de las FARC, que se
burlaron del proceso de paz colombiano.
Según
Ruiz, en lo que va del 2020, en Nariño se ha registrado el desplazamiento
interno de 8000 personas en 22 ocasiones y el asesinato de más de una decena de
indígenas Awá, el objetivo de los grupos al margen de la ley.
Awá de
Ecuador, tensos
Por los
asesinatos de tres nativos Awá en Pialapí y por la ola de violencia reciente,
el Comité Técnico Binacional Awá se reactivó y mantienen reuniones virtuales
desde el miércoles 19.
Las tres
organizaciones Awá de Colombia y una de Ecuador (Esmeraldas, Carchi, Imbabura y
Sucumbíos) coinciden que viven en medio de un conflicto ajeno y expuestos a
riesgos.
Jairo
Cantincuz, presidente de la Federación Awá de Ecuador, comenta que en este mes
líderes e indígenas han sido víctimas de la confrontación armada colombiana y
cita que en Llorente hubo un atentado contra Javier Cortes Pai.
Los
dirigentes arman una agenda y hoja de ruta conjunta para reunirse con la
comunidad internacional y representantes de los derechos humanos. Van a pedir a
la Embajada de Ecuador, en Bogotá, que denuncie a la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos los hechos que sobresaltan a estas poblaciones.
Control
militar ecuatoriano en el puente peatonal de Chical, Carchi, que lleva a
Tallambi, Colombia. Foto: Ricardo Cabezas
Cantincuz
y los Awá esperan que tras el momento crítico que vive Nariño no existan
desplazamientos hacia territorio ecuatoriano, pues aquello significaría más
riesgos.
La
dirigencia descarta algún tipo de vínculo con los grupos armados y rechazan que
los ejércitos de ambos países quieran relacionarlos. "Somos pueblos
olvidados que no tenemos sistemas de comunicación o vías de acceso",
agrega.
Consideran
que los responsables de la situación que viven los Awá de Colombia son los
gobiernos, porque si en el vecino país hubiera proyectos productivos estatales,
nadie sembraría la hoja coca y no se encendería aquel conflicto.
Sobre las
relaciones con militares ecuatorianos dicen que mantienen sus distancias y han
mejorado en algo en los dos últimos años. Piden que sean respetados sus territorios,
donde tienen y aplican sus sistemas de control con las guardias indígenas.
Pablo
Merino, comandante de la Brigada Andes, explica que hay una coordinación con la
población Awá para que se sientan seguros y aclara que el ejército ecuatoriano
tiene sus sistemas de inteligencia que identifican cualquier anormalidad.
Más
uniformados a la frontera de Carchi
Control
militar en territorio ecuatoriano, en las zonas de frontera en Carchi, frente a
Colombia. Foto: Ricardo Cabezas
En las
parroquias fronterizas de Maldonado y Chical, a 80 y 100 km de Tulcán, saben
que los últimos asesinatos advierten una probable arremetida militar colombiana
frente a estas poblaciones.
Y aquello
provocaría más desplazamientos a Ecuador como sucedió hace más de un año. Entre
el 22 y 23 de enero de 2018, 110 pobladores colombianos se movilizaron hacia
Chical, tras huir de los combates entre grupos irregulares.
Filiberto
Cantincuz regresó hace tres meses a territorio ecuatoriano. Lo hizo por la
violencia que existe y la persecución a los indígenas frente a Chical, en suelo
colombiano. Hoy dice que está más tranquilo que este país.
Esto
mientras, la Brigada de Infantería Andes envió más personal hacia los fuertes
militares fronterizos para reforzar los operativos con patrullajes, retenes en
carreteras y trabajos de inteligencia militar.
Pablo
Merino, comandante de la Brigada Andes, indicó que con sus pares colombianos
desarrollan un trabajo coordinado de información para evitar posibles
contingencias por estos días.
Los
destacamentos militares de Maldonado, Chical, Tufiño, y El Carmelo, están
alerta y reforzados.
Los
uniformados inspeccionan el ingreso y salida de vehículos, realizan control de
armas, municiones y explosivos. También impiden el ingreso irregular de cemento
y combustibles desde Tulcán, insumos usados en laboratorios cocaleros
colombianos.
En
operativos en el lado ecuatoriano, en Carchi, se revisa también debajo de los
carros para descartar la presencia de explosivos. Foto: Ricardo Cabezas
Iván
Rosero, presidente de la Junta Parroquial de Chical dice que en la población
hay tranquilidad por el momento.
El puente
colgante peatonal que une a Chical (Ecuador) con Tallambí (Colombia) está
bloqueado al paso de personas, desde el inicio de la pandemia. En el centro,
dos láminas sujetadas con una cadena y candados impiden el ingreso y salida a
los dos países.
Desde una
garita, a 150 metros del puente, los militares ecuatorianos evitan el cruce de
ciudadanos entre las dos poblaciones. (I) EL UNIVERSO.
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