EL CORONAVIRUS LLEGÓ A LAS CÁRCELES

El 18 de abril el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), anunciaba la primera víctima entre la población de personas privadas de libertad (PPL) por coronavirus en el Centro de Privación Provisional de “El Inca” en la capital; este mismo centro presentó seis casos positivos entre los guardias de seguridad, por lo que los internos realizaron una huelga de hambre pacífica. Ayer, domingo 19 de abril y en contexto con la emergencia sanitaria, se registró una protesta en el Centro de Rehabilitación Social de Ambato (CRSA) que terminó con el ingreso de las fuerzas de seguridad; anteriormente se registró un evento similar en la cárcel de Ibarra.

La denominada crisis carcelaria, que durante todo el año pasado sacudió diferentes centros de detención del país evidenció las condiciones insalubres, el hacinamiento, la violencia, pero sobre todo la incapacidad del Estado para crear un sistema efectivo de rehabilitación e inserción social de la población PPL. La emergencia sanitaria ha destapado un secreto a voces, el COVID es solo un “aparecido” que profundiza las condiciones infrahumanas en que viven los PPL.

En el sistema penitenciario nacional son impensables el distanciamiento social o las medidas sanitarias correspondientes que requiere el aislamiento, tanto en lo nutricional como en lo emocional, por lo tanto se debería contemplar con urgencia medidas que garanticen la vida de los PPL, tales como la descongestión del hacinamiento mediante la libertad de quienes no representen peligro para la sociedad, en especial aquellos con enfermedades catastróficas, mujeres embarazadas o con hijos, personas adultas mayores, entre otros. Organismos nacionales como la CIDH o locales como el Consejo de Protección de Derechos de Quito se han manifestado, sin que el Gobierno ecuatoriano se manifieste al respecto.

No obstante, el Estado ha respondido dentro de la lógica ya acostumbrada, la atención reducida de un estado neoliberal, la represión - las protestas pacíficas son “amotinamientos” - y la propaganda - “los presos quieren aprovechar la emergencia sanitaria para salir libres a toda costa”; incluso la Ministra Romo ha manifestado que quienes portan  el virus y violen el aislamiento podrán ser encarcelados por tres años, poniendo en más riesgo aún a las personas privadas de libertad.

La opinión pública se ha pronunciado principalmente desde el ámbito punitivo, replicando los argumentos del Estado y justificando el abandono; una guerra simbólica en la que el sentido humanitario se va perdiendo poco a poco por el miedo y la individualización ante el virus. El coronavirus llegó a las cárceles, los internos se enfermarán y morirán, será su culpa por ser pobres, la represión de justificará con toda la dureza del caso cuando muestren su descontento. Al parecer es solo cuestión de tiempo, los derechos humanos en la sociedad de clases no existen, son un mito liberal que se hunde en la realidad. Revista Crisis.