La
mañana de este martes 7 de enero del 2020, Yaku Pérez, prefecto del Azuay,
llegó a la Corte Constitucional (CC), de la capital de los ecuatorianos, en compañía
de organizaciones sociales como ecologistas, sindicales, estudiantes,
dirigentes indígenas y autoridades de elección popular de la provincia del
Azuay, donde presentaron a los jueces de la CC, dos preguntas para que se
convoque a una consulta popular para evitar la minería metálica en fuentes de
agua.
Pérez argumenta que su insistencia de la
consulta popular se debe a que por un lado se aproximan las fechas electorales
y el gobierno de Lenin Moreno persiste en proyectos mineros.
Entre consignas y alegría, presentaron en
la Corte Constitucional las siguientes preguntas:
Esa
pregunta decía: ¿Está de acuerdo con la prohibición, sin excepción de
actividades de prospección, exploración y explotación de minería metálica en
fuentes de agua, zonas de recarga, descarga y regulación hídrica, páramos,
humedales, bosques protectores y ecosistemas frágiles de la provincia de
Azuay?, con las opciones sí o no.
Esta pregunta se mantendrá y se agregará
la prohibición también para la minería artesanal, pequeña y de mediana escala.
La nueva pregunta dice: ¿Está usted de acuerdo que se cancele las concesiones
de minería metálica que afecten las fuentes de agua, otorgadas con anterioridad
a la consulta popular?, sí o no.
El Prefecto dijo que en septiembre de
2019 se les negó el pedido por temas de forma. "Nos dijeron que la
pregunta era inducida. Por eso ahora presentamos dos para que quede claro
todo", manifestó.
Según Pérez, la CC tiene un plazo de 30
días para pronunciarse sobre el pedido. Esperan que esta vez exista un
pronunciamiento favorable para que dicha consulta se realice durante este 2020.
En esa oportunidad, el máximo órgano de
interpretación constitucional archivó el pedido argumentando que la
"pregunta relativa al pedido de la iniciativa ciudadana para solicitar una
consulta popular, ingresada por el señor Yaku Pérez Guartambel el 30 de junio
de 2019, no garantiza la plena libertad del elector, ni cuenta con un apego constitucional".
Pérez dijo que en caso de que esta vez el pedido sea negado impulsarán una
consulta nacional sobre el tema.
En Azuay, hay más de 800 concesiones
mineras.
“Que no nos den decidiendo desde los
ministerios, si es el pueblo el soberano que decida si quiere agua o quiere
oro”, comentó Ernesto Guerrero, alcalde del cantón Santa Isabel.
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