Cuando
me senté a escribir este artículo, pensé en hacer algún análisis desde la
ciencia política sobre la situación actual del Ecuador, lamentablemente, el
escrito no será académico, ni científico y ante ello pido disculpas. El pasado
miércoles 2 de octubre el Presidente de la República Lenin Moreno, emitió una
serie de medidas económicas (vía cadena nacional), en las cuales manifestó que
el subsidio a los combustibles fósiles se eliminarían, liberando así el precio
de las gasolinas, y otras reformas laborales que perjudican abiertamente a los
trabajadores del sector público y privado, como la no paga de un día de trabajo
a los funcionarios públicos, la eliminación de 15 días de sus vacaciones, y el
descuento del 20% del sueldo de los trabajadores ocasionales.
Estas medidas antipopulares, hicieron
brotar inmediatamente un estallido popular que se convirtió en un paro
nacional, desde el jueves 3 de octubre. Como mencioné al principio, este
artículo no será “académico”, mi enunciación será desde el sentimiento, desde
la impotencia, desde la rabia. La primera movilización que realizaron miles de
manifestantes en el centro histórico de la capital fue fuertemente reprimida
por la policía, se evidenció el uso de bombas lacrimógenas, bombas vomitivas y
perdigones; es falso que la policía ha hecho el uso progresivo de la fuerza,
pues desde el primer día de las manifestaciones, los aparatos represivos del
Estado utilizaron todo su arsenal, para disipar a las personas que clamaban por
sus derechos.
El mismo jueves 3 de octubre, el
Gobierno Nacional decretó el Estado de excepción, con el que se prohibía
cualquier tipo de asociación en espacios públicos, se judicializaría a
cualquier líder social que “incitase” al desorden y al enfrentamiento social y
se coartó la libertad a los medios de comunicación para emitir información
veraz de los acontecimientos del paro nacional.
Como participe de las manifestaciones he
atestiguado una cantidad innumerable de violaciones a los derechos humanos,
policías que en grupos de 4 y más personas golpean a jóvenes, mujeres, ancianos
e incluso a menores de edad, compañerxs que han sido detenidos arbitrariamente
sin una orden de detención, sin que se les lean sus derechos y que luego son
golpeados en centros policiales; ni hablar de las personas que se encuentran
desaparecidas.
Los grandes medios de comunicación
brillan por su silencio y por el cerco mediático que en complicidad del Estado,
le niegan el derecho a la ciudadanía de informarse: es así como marchas
insignificantes como la “marcha por la democracia” convocada en la avenida de
los Shirys por las oligarquías quiteñas, tuvo más tiempo de transmisión en los
medios privados, que los plantones y movilizaciones convocados por el
movimiento indígena, estudiantes y ciudadanía en general.
El Estado ha asesinado paulatinamente a
varias personas, ante eso la Ministra del Interior María Paula Romo se excusa y
dice que las personas fallecidas se “cayeron” y que el Estado no tiene
responsabilidad por los muertos que hayan en un “Estado de Excepción”. Ni
siquiera en la guerra es permitido que se ataquen hospitales y zonas de paz,
pero el Estado a través de la Policía y el Ejército han vulnerado todos los
principios, violentando así las instalaciones del Hospital Eugenio Espejo, la
maternidad Isidro Ayora y las Universidades que sirven como centros de acopio
para mujeres y niños indígenas.
Con mucha tristeza y dolor también es
necesario relatar que varias niñas y niños se encuentran perdidos, ya que en el
furor de las movilizaciones perdieron de vista a sus padres, dichos niños se
encuentran en los centros de cuidados infantiles de las diferentes
Universidades.
Como si fuera poco, resulta que la
policía y las Fuerzas Armadas no han tenido reparo en percatarse de la fecha de
vencimiento de su arsenal asesino: se han encontrado bombas lacrimógenas y
gases que caducaron en el año 2014 y representan un peligro para la salud
humana, debido a que una vez que las bombas caducan, producen cianuro, un
componente químico letal para la vida.
El paro no ha parado, el Estado cada vez
es más represivo, los medios de comunicación masivos son cómplices del accionar
neoliberal del Gobierno y los indiferentes solo critican a los manifestantes
desde su privilegio, sin tener en cuenta que la lucha popular es para el
beneficio de todas y todos los ciudadanos.
Fotografía cortesía de "Voces Silenciadas" Fuente: revista
Crisis.
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