Martha Cecilia Santillán Sinchico
BIBLIOGRAFÍA
INTRODUCCIÓN
Desde la concepción eurocéntrica, los
indígenas, negros, oliváceos y amarillos serían las razas “inferiores” y, por
tanto, atrasadas, mientras que los blancos serían la raza desarrollada y
superior, y, por tanto, dominante (Quijano, 2000).
Esta idea de superioridad / inferioridad
continúa vigente en las sociedades latinoamericanas como el Ecuador, donde, por
ejemplo, los pueblos “en aislamiento voluntario” como los Tagaeri y los taromenane,
existen nominalmente, sin embargo, su propia existencia está en amenaza
constante ante un Estado extractivo que depende de los recursos naturales.
Para la visión occidental, las sociedades
primitivas o mal llamadas “salvajes” –sin Estado, sin fe, sin ley, sin rey-,
eran calificadas como carentes de estructura y praxis política, por lo que eran
y, son aún, concebidas como inferiores al Estado. Sin embargo, como bien lo
aclara Clastres, en Campagno (1998), “la ausencia del poder coercitivo del
Estado [en esas sociedades], no implica carencia de un poder sociopolítico
divergente a lo político estatal”.
Clastres escribió su obra “La sociedad contra
el Estado”, publicado en 1974, en una época en que el discurso estructuralista cobró
auge en Latinoamérica, abanderado por la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) y su principal representante Raúl
Prebisch. En esa época Prebisch advirtió que los países centrales conforman
visiones del orden mundial funcionales a sus propios intereses, por lo que planteó
la necesidad de fortalecer la cohesión social, de rebelarse en contra del
pensamiento céntrico y de lograr una relación simétrica no subordinada con los
círculos de poder mundial (Ornelas, 2012).
Ante el discurso desarrollista, Clastres se
identifica con ideas libertarias y anticolonialistas. En sus argumentos se
puede evidenciar que su convivencia con los pueblos indígenas de Venezuela y
Paraguay, yanomami y guaraní, respectivamente, profundizaron su espíritu anticolonialista.
En este sentido, cobra importancia descubrir
si, los pueblos indígenas rotulados “en aislamiento voluntario”, ¿Se han
aislado, ciertamente, por su propia voluntad o son acaso víctimas de un
“acorralamiento” de los colonizadores, del Estado y de las grandes
transnacionales que a su momento han invadido su territorio, su hábitat?
El objetivo de este ensayo es, a la luz de los
argumentos de Clastres, presentar las condiciones de surgimiento del Estado
ecuatoriano y el contraste de esta estructura estatal con las formas de vida
que caracterizan a los pueblos no contactados (Tagaeri, Taromenane).
Para este propósito se presentarán, en un primer
momento, los enfoques sobre la visión de Estado, tomando en consideración el
argumento central de Clastres, para quien las sociedades sin Estado están
contra el Estado, por cuanto las relaciones de dominación y monopolio, propias
del Estado, son incompatibles con las prácticas del parentesco que, en las
sociedades sin Estado, previenen las desigualdades sociales (Campagno,
1998). Como hecho posterior se abordará el
tratamiento que le merece la población indígena ecuatoriana “en aislamiento
voluntario”, a los instrumentos internacionales.
Visión de
Estado desde diversas concepciones:
A diferencia de Clastres,
Maiguashca y Oszlack (2011), presentan al Estado como una institución
integradora – cohesionadora y, como una instancia de articulación de las
relaciones sociales, respectivamente. Para Clastres, el Estado es un órgano de
poder centralizado, coercitivo, monopolizador de la violencia, opuesto a las
prácticas sociopolíticas de las sociedades primitivas que se basan en el
parentesco, donde predominan los lazos de confianza y se previenen las
desigualdades sociales.
Clastres refuta el
pensamiento eurocéntrico de que la “sociedad primitiva”, es improductiva y la
defiende como un núcleo social en donde el hombre es el fin y la producción es
el medio, entretanto que, en una sociedad capitalista, el centro es el capital
y el ser humano es el medio.
Justamente los pueblos
indígenas que viven “en aislamiento voluntario”, practican el ejercicio de la autoridad
compartida porque “el poder es ejercido por todo el cuerpo social hacia todo el
cuerpo social” (Clastres), donde la figura del jefe se sostiene sobre el prestigio,
los lazos de confianza y no sobre la monopolización del poder.
En las sociedades primitivas,
la guerra es una estructura que permite que éstas sociedades se mantengan sin
Estados, es decir, en la dispersión, evitando la unificación en unidades
mayores y previniendo la emergencia del Estado (Clastres). Es oportuno citar el
simbolismo que guardan los pueblos indígenas de Otavalo, durante las fiestas
del Inti Raymi en Cotacachi, cuando se confrontan las comunidades. Desde mi
experiencia vivida, me atrevo a asegurar que, justamente se trata de la
simbolización de la guerra como estructura de esa sociedad que define y
refuerza la identidad del Nosotros (parientes).
Cabe realizar, además,
un paralelismo de la guerra - la seguridad - (si se quiere), pues tanto en la
sociedad primitiva, como en los Estados actuales, la guerra es usada como un
mecanismo de reafirmación de ese núcleo. Oszlack (2011), se refiere a la
“externalización del poder del Estado”, como uno de los atributos para
alimentar su “estatidad”, que le permite ser más Estado, por ello se entiende
el surgimiento de las guerras estatales. Entonces la guerra se presenta como un
factor de defensa de lo “nuestro” en ambos casos. En los dos casos se detecta
una conexión causal y es el hecho de reafirmarse, de ganar solidez en su
institucionalidad.
Otro de los atributos
del Estado, mencionado por Oszlack y que tiene relación con el dominio del
Estado es la internación de una identidad colectiva, a la que también hace
referencia Maiguashca cuando señala que el Estado ecuatoriano creó “símbolos
con el propósito de hacer de la población, del país una entidad colectiva”
(Maiguashca, 2014: 357). Bordieu (1989), califica al Estado como un ente y
agente que añade la violencia en su dimensión simbólica porque produce
clasificaciones sociales y categorías patriarcales.
Dentro de esta clasificación,
los pueblos en aislamiento voluntario cuentan para el Estado en tanto en cuanto
viven en áreas de gran riqueza natural y, siempre que se piense en exploración y
explotación de recursos, inevitablemente deben también pensar en la población
en aislamiento voluntario. Es decir que el poder infraestructural del Estado
del que habla Mann (2011), debe medir estrategias de penetración en aquel
territorio.
Cuando el Estado
“coopta” a las sociedades primitivas, ocurre la dominación y la aculturización.
Maiguashca (2014: 356) señala que el naciente Estado ecuatoriano tuvo una
característica dual: como expresión política de un sistema nacional de
dominación social y, como aparato burocrático con un conjunto de instituciones
interdependientes en las que se concentra el poder y los recursos. Un Estado que penetra en la sociedad desde
los ámbitos político y administrativo y trasciende a los ámbitos social y
cultural, mediante la homogeneización de la normativa e incorporación social de
los grupos excluidos o vulnerados.
Pese al dominio del
Estado, prevalece en la actualidad, en los pueblos indígenas, prácticas,
tradiciones, lenguaje, símbolos, códigos, muchos de ellos, a manera de
destellos.
Situación
de la población indígena ecuatoriana “en aislamiento voluntario”
Para
Isabela Ponce (2014), los
pueblos en aislamiento son familias que viven en la Amazonía ecuatoriana que
tuvieron que alejarse de lo que en Occidente denomina progreso, es decir, fue
una elección forzosa, no elegida, ante el dominio y la coerción que pretendió
ejercer la colonialidad y luego el Estado. Para Ponce es errado tratar de
rotularlos como pueblos “en aislamiento voluntario”.
De acuerdo con Dinah Shelton (2012), en su
informe “Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y contacto inicial”, en el
continente americano existen alrededor de 200 pueblos indígenas en aislamiento
voluntario. Según algunos cálculos, señala Shelton, existen alrededor de 10.000
personas que viven en aislamiento voluntario, y se tiene conocimiento de su
existencia en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Venezuela,
sobre todo en zonas amazónicas y bosques tropicales de difícil acceso.
En Ecuador son parte de los
pueblos indígenas no contactados los Tagaeri, pertenecientes a la familia
huaorani y los Taromenane. El primer
contacto, señala Ponce (2014), fue en la década de 1960. Casi cuarenta años
después, en 1999, se declaró una zona intangible para protegerlos. Después de
ocho años se definieron los límites: 758.051 hectáreas en el corazón del Parque
Nacional Yasuní. Sin embargo, en la actualidad, de acuerdo con Ponce (Idem, 2012),
la zona intangible es un lugar rodeado de 10 bloques petroleros en la frontera
norte, sur y oeste. Alrededor de esos bloques hay otros diez.
El gobierno ecuatoriano, por mandato
constitucional reconoce su existencia nominal y de sus derechos, pero los
defensores de los derechos humanos como Shelton (2012) y Ponce (2014),
denuncian que el cumplimiento de sus derechos no se da en la práctica. La
situación de estos pueblos se vio alterada desde los siglos XVII, XVIII y XIX con
el auge de la explotación del caucho; el inicio de la exploración y explotación
petrolera; el ingreso del Instituto Lingüístico de Verano con las campañas de
evangelización; la presencia militar; el ingreso de las empresas madereras y
petroleras, así como por la ampliación de la frontera agrícola con la llegada
de colonos provenientes de la Costa y Sierra ecuatoriana (Andrade, 2015).
La explotación minera, maderera, petrolera
impulsada por intereses desarrollistas y capitalistas son muestra de la
indiferencia de los gobiernos de turno ante estos pueblos, lo que han
ocasionado daños importantes al ecosistema del que dependen los pueblos en
aislamiento (Shelton, 2012).
De acuerdo a las normas constitucionales del
Ecuador, todo proceso de desarrollo debe girar en torno a la garantía y
restitución de los derechos de las personas, comunidades, pueblos y
nacionalidades y de la naturaleza. Tales disposiciones están recogidas en el
Plan Nacional para el Buen Vivir, al señalar que “el nuevo pacto de convivencia
es un esfuerzo por hacer realidad un verdadero y efectivo régimen
constitucional de derechos y justicia” (SENPLADES, 2009, p. 91), pues cuando
hablamos de respetar las diferencias, deben también incluirse el respecto a la
diferencia histórico socio cultural. Un Estado Plurinacional debe llevarse a la
práctica y no quedarse en letra muerta, en indiferencia y abandono.
Si bien se han dado algunas medidas importantes
para su protección, como las áreas intangibles en Ecuador estas medidas no han
impedido masacres como el de los Taromenane en 2006, el cual, según los medios
de comunicación habría sido incentivada por madereros, como producto también de
la ocupación territorial de madereros (Universo,
2006).
La política estatal, ha subordinado, en
múltiples ocasiones la protección de los derechos de los pueblos indígenas y
del medio ambiente, a la explotación de los recursos naturales, en beneficio,
muchas veces, de la inversión privada antes que del pueblo ecuatoriano (Llanes, 2008). Los pueblos indígenas de la
Amazonía ecuatoriana que viven en aislamiento voluntario siguen amenazados por
la expansión de la frontera petrolera. Por ello Ponce (2014) denuncia que las
áreas intangibles se mantienen como tal, en tanto y en cuanto no afecten los
intereses del Estado.
En definitiva, esta
situación da cuenta de que el Estado ecuatoriano es básicamente jerarquizado,
coercitivo, que ejerce la violencia y dominación física (Weber), y también simbólica
(Bordieu, 1989); con propiedades, además, que incluyen la capacidad ideal y material
para controlar, extraer y asignar recursos (Oszlack, 2011), con poder infraestructural
(Mann, 2011), usada para ejercer el control de los recursos antes que para unir
al Estado.
El tema
desde los organismos internacionales
En el ámbito jurídico internacional, los
derechos de los pueblos indígenas en aislamiento son reconocidos: La Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas del 13 de septiembre de 2007 garantiza el
derecho de los pueblos indígenas “a vivir en libertad . . . como pueblos
distintos” (Artículo 7), y obliga a los Estados a establecer mecanismos eficaces
para prevenir y resarcir “todo acto que tenga por objeto o consecuencia
privarlos de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o
su identidad étnica”, y “toda forma de asimilación o integración forzada” de
los pueblos indígenas (Artículo 8.2).
La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo e independiente de la Organización
de los Estados Americanos, ha abordado el tema de los derechos de los pueblos
indígenas en aislamiento a través de sus diferentes mecanismos. La CIDH ha
otorgado dos medidas cautelares para la protección de los pueblos indígenas en
aislamiento: La medida cautelar 91-06 sobre los Pueblos Indígenas Tagaeri y
Taromenani de Ecuador, con la cual la CIDH otorgó medidas cautelares a favor de
los referidos pueblos.
Para garantizar el cumplimiento de estos
instrumentos, la Secretaría del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las
Cuestiones Indígenas, anualmente, solicita a los gobiernos a completar un cuestionario
con información sobre las medidas adoptadas o previstas para preservar el
bienestar y la integridad de los pueblos indígenas.
Ecuador al ser suscriptor de
convenios internacionales, entre ellas de la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en 2007, durante el gobierno de
Rafael Correa, emitió una Política Nacional de los Pueblos en Situación de
Aislamiento Voluntario que contiene lineamientos en la tarea de respetar y
proteger la vida, integridad, cultura y territorios de los pueblos Tagaeri y
Taromenane.[1]
Conclusiones
La histórica práctica extractivista de los
recursos naturales y en especial, del petróleo en el Ecuador, da cuenta de que
nuestra sociedad basa su economía en los ingresos petroleros, lo cual, sin
duda, es importante en el ámbito económico de un Estado, sin embargo, existen
aspectos sociales ignorados dentro de esta práctica extractivista y, es que, en
el pensamiento eurocéntrico de Estado, las “sociedades primitivas” son
consideradas como inferiores al Estado, un pensamiento que lleva implícito el
poder centralizado y la práctica coercitiva de ese Estado que busca su
modernización y civilización.
En las sociedades sin Estado priman los lazos
de confianza, entre tanto que entre el Estado y las sociedades primitivas como
los Tagaeri y los Taromenane reina la desconfianza, por cuanto las prácticas de
ese Estado que prioriza los recursos naturales y el capital por sobre las
personas, ha hecho caso omiso a los mecanismos establecidos en la Constitución
del Ecuador y en los instrumentos internacionales, como la Declaración de las
Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en los cuales se establecen
mecanismos eficaces para prevenir y resarcir “todo acto que tenga por objeto o
consecuencia privarlos de su integridad como pueblos distintos o de sus valores
culturales o su identidad étnica”, y “toda forma de asimilación o integración
forzada” de los pueblos indígenas.
De esta manera, la inserción coercitiva del
Estado o de las empresas privadas con la autorización del Estado en las zonas
intangibles, resultan en violencia no solo física (Weber), sino también
simbólica (Bordieu), al punto de poner en peligro la existencia y subsistencia
de estos pueblos no contactados. Además
de ello es, jerarquizado, con capacidad material e ideal para controlar, con
poder infraestructural.
Entonces, parafraseando a
Clastres, se trataría de un Estado en contra de la sociedad. En ese sentido, se
infiere que los pueblos Tagaeri y Taromenane no se han aislado, ciertamente,
por su propia voluntad, sino que se convirtieron en víctimas de un
“acorralamiento” de los colonizadores, de los colones, del Estado y de las
grandes transnacionales, quienes, a su turno, invadieron su territorio.
- Abrahams, Philip. (2000). Notas sobre la dificultad de estudiar el Estado. Revista Virajes
- Andrade, Gicela. (2015). “Destino de las comunidades indígenas ecuatorianas no contactadas, ante la decisión presidencial de explotar parte de la Reserva Petrolera del Parque Nacional Yasuní”.. Quito, Ecuador. 152 pags.
- Bordieu, Pierre. Sobre el Estado. Cursos en el College France (1989 – 1992).
- Campagno, M. (1998). “Pierre Clastres y el nacimiento del Estado: 20 años después”. Boletín de Antropología Americana. Nro. 33: 101 – 113
- Maiguashca, Juan. El proceso de integración en el Ecuador.
- Mann, M. (2011). “El poder Autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados” En lecturas sobre el Estado y las políticas públicas. Pp. 55-78
- Llanes, H. (2008). La reforma petrolera del gobierno de Correa y la desnacionalización de los hidrocarburos. s/e.
- Ornelas, J. (2012). Volver al desarrollo. Revista Problemas del Desarrollo, 168.
- Oszlack, O. (2011). “Formación histórica del Estado en América Latina. Elementos teórico – metodológicos para su estudio. En lecturas sobre el Estado y las Políticas Públicas. Buenos Aires: Proyecto de Modernización del Estado. Pp. 115 – 142.
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. s/c.
- Senplades 2009, Plan del Buen Vivir 2009 – 2013. Quito, Ecuador, Pp. 1 – 520.
- Shelton, Dina (2012). Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y contacto inicial. Tomado de http://www.ipesderechoshumanos.org/pdf/proyecto-aislados-contacto-inicial.pdf
- Universo, E. (29 de abril de 2006). Conflicto en selva deja dos muertos de los Taromenane. Conflicto en selva deja dos muertos de los Taromenane, pág. 1.
[1] Política Nacional de los
Pueblos en Situación de Aislamiento Voluntario, documento de consulta emitido
en abril de 2007, durante el gobierno de Rafael Correa (http://www.sosyasuni.org/en/files/politica_nacional_pav_versinfinal.pdf)
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