El caso de Julián
Assange está fuera de control y de forma paralela a este, el autoritarismo de
la ministra María Paula Romo, la que antes se preciaba como demócrata, pero
ahora justifica el apresamiento y aislamiento del ciudadano sueco Ola Bini.
Según
la defensa del desarrollador de software sueco, el 11 de abril a las 14h00 fue
detenido en el aereopuerto Mariscal Sucre de Quito cuando se disponía a salir a
Japón, viaje programado desde hace un mes atrás. Estando listo para salir del
país, fue interceptado y detenido con una orden de captura que no estaba
dictada en su nombre, sino para un ciudadano ruso, por parte de la Policía
Nacional.
Una
vez percatados del error cometido, redactaron nuevamente el documento de
captura para no dejarlo salir del país y posteriormente allanar su hogar en
búsqueda de elementos que sostengan su infundado accionar.
Después
de transcurridos tres días, La Fiscalía General del Estado, mediante un
pronunciamiento, señaló que se actuó bajo el artículo 444 numeral 8 del Código
Orgánico Integral Penal, el que plantea impedir la ausencia del país por no más
de ocho horas a personas cuya información sea necesaria. En este caso, pasaron fácilmente las 20 horas
antes de que las autoridades del Ministerio Público sepan de qué forma
proceder.
¿De qué se le imputa
a Ola Bini?
Según el boletín de Fiscalía, el crimen bajo el que será investigado es el de
presunta participación en ataques a la integridad de servicios informáticos,
por lo que el juez de la Unidad de Flagrancias, Rodolfo Navarrete dictó prisión
preventiva y congelamiento de sus cuentas bancarias.
Los
elementos presentados por la fiscalía son: computadoras, celulares, memorias
externas y cables USB. Estas se consideran herramientas de trabajo comunes y
corrientes en el ámbito del desarrollo informático. También se presentaron el
registro de sus viajes al exterior –siendo extranjero- y, el pago de sus
cuentas de internet, las que del 2015 al 2019 suman alrededor de 230.000 $USD
–siendo desarrollador de software libre de profesión-. Ninguna evidencia real
ha sido presentada hasta el momento.
¿Quién
puso las denuncias en contra Ola Bini? Por medio de declaraciones a medios de
comunicación, la policía señaló que se actuó a partir de una llamada al número
de emergencia 1800-delitos, al cual se había denunciado a un ciudadano ruso -no
sueco-, por lo que se inició el operativo.
La
otra opción que se considera, es que se actuó en base a las declaraciones de la
misma Ministra del Interior Romo, dada a los medios de comunicación.
Claramente,
estamos ante un escenario de persecución política, del que los medios de
comunicación, así como los políticos son articuladores y cómplices de manera
simultánea. El silencio sobre lo que sucede, denota claramente el contubernio
corrupto y el interés por desviar la atención de asuntos complejos como INA
Papers.
¿Por qué a Bini no le
fueron leídos sus derechos al momento de su detención? ¿Por qué se realizaron
preguntas al detenido sin la presencia de intérpretes ni abogados? ¿Por qué se
realizó el parte un día después de su detención? ¿Por qué no le fue permitido
reunirse con su defensa de manera inmediata y fue mantenido en aislamiento por
más de ocho horas? ¿Por qué siguió la detención sin que se presenten cargos en
contra de Ola Bini?
¿Es acaso un crimen,
como lo señala el Twitter oficial de la Policía Nacional, que: “mediante la
utilización de plataformas digitales en redes sociales se trasmita contenido de
connotación social (divulgación de información) a través de sitios web” (Sic.)?
El
viernes 12, a pesar de que Ola Bini tenía varias horas de detención, en
Ecuavisa la ministra Romo miente de forma descarada al plantear que se trata de
una detención con fines investigativos, la cual se extenderá por tan solo pocas
horas, ordenada por jueces y solicitada por la fiscalía. Lo concreto es que
después de 30 horas de su detención se confirmó el viernes 12 para las 21:45 la
audiencia de calificación de flagrancia, privando a una persona de su libertad
por política. Ola Bini estará detenido un total de hasta 90 días, sin
acusaciones sustanciales ni evidencia incriminatoria en su contra.
¿A qué Juega Romo?
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