MARCHA. Un clamor unísono fue el que se registró en distintas marchas, que se desarrollaron a escala nacional. |
Los casos de ‘Martha’ y
Diana Carolina representan el ‘epicentro’ de una sociedad violenta.
Hay
un mito, o tal vez varios. Dicen que son cosas de mala suerte: callejones
oscuros o minifaldas, que ella se lo buscó, que qué hacía por allí… que las
violaciones y los femicidios son tan solo una novedad. “Ocurren todos los días
y los casos extremos no son aislados”, dice Daniela Salazar, vicedecana de
Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), quien asegura
que el Estado no está respondiendo de forma oportuna ante las denuncias
cotidianas en las que, muchas veces, se piden pruebas con estándares que no se
ajustan a la realidad.
En
un contexto en el que el 18% de casos de femicidio, en 2018, registraba
antecedentes de violencia (según la plataforma Vivas nos Queremos), Salazar
menciona que uno de los problemas más graves es que no se les cree a las
denunciantes: “Muchas no se atreven a denunciar porque no confían en la
Justicia, no saben o actúan con miedo porque piensan que les van a culpar”.
Con
ella coincide Ana Cristina Vera, directora del Centro de Protección de los
Derechos Humanos Surkuna, quien resalta que en situaciones de violencia contra
la mujer el sistema ve a las afectadas como sospechosas. Según Vera, es
necesario que se transmita un mensaje de no impunidad y rechazo a la violencia,
directamente desde las autoridades.
Asimismo,
Vera critica el hecho de que aunque la ‘Ley para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres’ entró en vigencia en febrero de 2018, no cuenta
con el presupuesto y tampoco con el organismo rector que era el Ministerio de
Justicia, que se disolvió y ahora es parte del Ministerio de la Política y
Derechos Humanos. Además, insiste en que los cambios deben implementarse
primero en la educación sexual para los niños y adolescentes.
Machismo
no disminuye
A
pesar de que existe una mayor visibilización de la violencia contra la mujer en
el país, el machismo no disminuye. Así lo ha evidenciado la fiscal
especializada en Género, Mayra Soria. Los casos que ella ha investigado, le
llevan a concluir que “el machismo no quiere morir, no quiere perder el poder
que ha tenido”.
“Hay
un recrudecimiento del machismo”, confirma, y asegura que los actuales
‘neomachismos’ “se van transformando y adaptando a nuestras sociedades y a cómo
vamos avanzando”.
Pero
el fondo es el mismo: “El machismo es una expresión del patriarcado; de la
supremacía de lo masculino, por sobre lo femenino, y de convertir a la mujer en
un objeto, en lugar de un sujeto con derechos”.
Este
‘nuevo machismo’ se evidencia en que se reconoce que no es correcto matar o
agredir a una mujer, pero utilizan un lenguaje sutil para justificar sus
actuaciones, explica Soria. “Siguen pensando en la supremacía de una sociedad
estructurada con roles determinados previamente. Tienden a minimizar las cosas,
diciendo que es un tema de delincuencia generalizada, cuando es una violencia
específica contra las mujeres”.
En
Pichincha funcionan 19 fiscalías especializadas en Género. Soria cree que ese
número se debería duplicar o triplicar por “la cantidad de violencia desborda”.
Ella ha comprobado que “el machismo está matando a las mujeres”.
Sostiene
que el tratamiento del problema no es exclusivo del aparato de justicia, sino
de toda la sociedad. En este contexto, recalca que “los operadores de justicia
tienen la obligación legal de judicializar los casos”. En ese proceso, todas
las etapas son importantes, desde “el acceso de quienes receptan la denuncia,
los investigadores que recogen elementos de convicción, el fiscal que articula
todo el proceso de investigación y los jueces, que tienen que tener la
sensibilidad a estos temas”.
El
tipo penal
A
partir de la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, en 2014, se
reconoció al asesinato de una mujer por su condición de género como delito. Con
la tipología de femicidio, indica la fiscal Soria, se evidencia que en las
agresiones contra la mujer “hay una dinámica delincuencial diferente”, pues
existe -en la mayoría de casos- una conexión de la víctima con el agresor.
Desde
el 10 de agosto de 2014 hasta el 20 de enero de este año, se han registrado 316
casos de femicidio a escala nacional, de acuerdo con el INEC. De estos, 153 han
sido resueltos y la diferencia se encuentra en otras etapas procesales.
Para
Soria, la importancia del tipo penal es que se investiga en función de las
relaciones de poder que existe entre la víctima y el victimario, lo cual
también se considera para la sentencia, que incluye la reparación por los
hechos de violencia.
Sin
embargo, la fiscal reconoce que la redacción del artículo en el Código Penal ha
generado confusiones, especialmente en los jueces, quienes no identifican la
desigualdad de las mujeres en las relaciones de poder, aunque ese no es el
único problema en la sanción de la violencia contra la mujer. El femicidio es
el caso más grave, pero la violencia inicia con agresiones sicológicas y
físicas, que también son denunciadas.
El
90% de los casos no se resuelve por dos motivos: la deserción de las mujeres,
quienes no acuden a las diligencias (especialmente cuando ya reciben medidas de
protección y creen que eso es suficiente), o cuando la mujer se retracta de su
denuncia. Soria ha visto cómo las mujeres son manipuladas por sus agresores
para que desistan de los casos.
Por
su parte, cifras de ‘Ecuador dice no más’ revelan que el 88% de los agresores
jamás serán condenados y violentarán a más víctimas. Por lo que la vicedecana
Salazar asegura que “no es momento de desviar la atención”.
Acción
territorial
Ante
la aplicación de las leyes en cada territorio, Sybel Martínez, vicepresidenta
del Consejo de Protección de Derechos de Quito, explica que no siempre se
aplican. Por esto, ayer, se acordó que la observación al cumplimiento de las
disposiciones en todo el sistema, desde la denuncia hasta la sanción, será
permanente, en la capital.
Los
casos recientes de violencia se han sumado a un debate que ya estaba vigente
por la despenalización del aborto en casos de violación. Con respecto al tema,
la vicedecana de la USFQ menciona que en declaraciones de algunos asambleístas
que dicen que las mujeres se van a inventar que las violaron para abortar, se
nota la falta de credibilidad a las mujeres y cómo se minimiza sus vidas.
Por
esto, recalca que el mensaje de las autoridades no debe generar odio frente a
los otros, ni venezolanos ni hombres en general sino que debe decir “Sí te
creo” y empezar a repensar la sociedad y sus acciones machistas. (PCV/AGO)
- Violencia que no se olvida Los dos últimos años, Verónica Ocaña ha levantado su voz para exigir que los hombres que la violaron en febrero de 2017, después de drogarla en un bar de Quito, paguen su condena. En mayo de 2018, organizaciones de mujeres realizaron plantoneras en apoyo a la joven y en rechazo a las acciones de los jueces penales de Pichincha que no convocaron a los agresores Iván P., Byron Y. y Erick M. “porque no encontraron elementos de convicción”. En octubre de 2018, también salió a la luz el caso de Priscila, a quien un hombre con el que había tenido una relación afectiva arrastró y golpeó por cuatro cuadras en Quito. A causa de la agresión, su embarazo terminó.
- ¿Qué es femicidio y qué no? A partir de 2014, el Código Integral Penal (COIP) incluye el delito de femicidio y lo describe como un hecho en el que una persona mata “a una mujer por el hecho de serlo o por su condición de género”, esto como “resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier tipo de violencia”. Daniela Salazar, vicedecana de Jurisprudencia de la USFQ, recalca que no toda muerte de una mujer es femicidio, por ejemplo, si alguien muere en un asalto o en un accidente de tránsito, no se considera este delito. Sin embargo, la experta dice que es necesario que, en ciertos hechos, no se deje de abrir esa línea de investigación porque puede estar relacionada.
- ONU insta a la Justicia a actuar con prontitud A través de un comunicado oficial, el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador condenó los actos de violencia contra mujeres ocurridos en los últimos días en el país y se solidarizó con las víctimas y sus familiares. “La justicia tiene que actuar con prontitud y firmeza en el marco del Estado de derecho ante estos crímenes”, escribió. Recordó además que la violencia de género afecta a una de cada tres mujeres en el mundo y constituye la primera causa de muerte para mujeres de 15 a 44 años en la región y afecta a 6 de cada 10 mujeres en Ecuador.
- Uso progresivo de la fuerza Los policías están autorizados legalmente al uso progresivo de la fuerza. En Ecuador está vigente un reglamento del Ministerio del Interior, aprobado el 10 de julio de 2014, que norma el “Uso legal, adecuado y proporcional de la fuerza para la Policía Nacional”.
En
este cuerpo legal se recogen las disposiciones y protocolos de la Oficina del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh). La
Acnudh establece que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no
emplearán armas de fuego contra las personas salvo en defensa propia o de otras
personas”.
Cómo denunciar
- Violencia contra la mujer EL PRIMER PASO ES QUE LA VÍCTIMA DECIDA DENUNCIAR, para lo cual debe conocer sus derechos y reconocer la agresión. Es importante que la denuncia se realice lo más próxima a la agresión.
- LAS VÍCTIMAS PUEDEN DENUNCIAR EN CUALQUIER UNIDAD DE LA POLICÍA JUDICIAL, las 24 horas del día. También puede acercarse, pero en horario de oficina, a los juzgados especializados de violencia contra la mujer y a las fiscalías provinciales.
- CUANDO EXISTE UNA AGRESIÓN Y EL VICTIMARIO HA SIDO DETENIDO, LOS CASOS SE LLEVAN A LAS UNIDADES DE FLAGRANCIA DE LA FISCALÍA, donde se define qué pasará con el agresor, a quien se le debe realizar una audiencia de formulación de cargos dentro de las 24 horas a partir de la detención. A la mujer se le realizan exámenes para valorar las agresiones. En este caso, no es indispensable que la mujer presente una denuncia.
- CUANDO EL AGRESOR SE HA FUGADO, LA VÍCTIMA TAMBIÉN PUEDE ACERCARSE A LA UNIDAD DE FLAGRANCIA, DONDE SE LE PRACTICARÁN EXÁMENES. Si es que desea puede presentar una denuncia, de lo contrario, la Fiscalía debe iniciar una investigación de oficio. La recepción de su testimonio, en todos los casos, se realiza posterior a su primer contacto en Flagrancia.
- EL MEJOR LUGAR PARA DENUNCIAR, SEGÚN LA FISCAL MAYRA SORIA, ES EN LAS UNIDADES DE FLAGRANCIA Y FISCALÍA porque se puede asignar con agilidad las medidas de protección establecidas en el Código Penal. Mientras que si se presenta la denuncia en la Policía Judicial, estas deben ser remitidas a la Fiscalía antes de emitir la protección a la mujer.
- LA DENUNCIA ES IMPORTANTE, PERO TAMBIÉN CONTINUAR CON LA INVESTIGACIÓN. Por lo que, es necesario que las mujeres acudan a las diligencias solicitadas por Fiscalía para que los casos no queden en la impunidad.
- Cambios notorios en la conducta.
- Reproduce la violencia contra otros.
- Bajan su rendimiento escolar.
- Incremento de pesadillas y problemas para dormir.
- Conducta retraída.
- Estallidos de angustia.
- Ansiedad.
- Depresión.
- Rechazo a quedarse solos con una persona en particular.
- Conocimiento inapropiado para la edad acerca de la sexualidad, que se manifiesta mediante conductas y lenguaje sexualizados.
- En niños menores de tres años pueden presentar lesiones genitales y reacciones inespecíficas como: irritabilidad, rechazos, regresiones, llanto, trastornos del sueño y el apetito.
¿Cómo
identificar a un agresor sexual?
No
hay un patrón específico pero se conoce que:
- Circulan disimulados en el entorno familiar y social.
- Se presentan como personas afectuosas y humanitarias hacia el mundo exterior, mientras que la relación que establecen con el niño abusado sexualmente está basada en amenazas, control e intimidación.
- Establece a lo largo del tiempo una relación con el niño destinada a evitar su resistencia y pactar el secreto con el que intentará no ser descubierto.
- Mujeres adultas
- Cambio abrupto de comportamiento (manera de vestir, gustos).
- Depresión, dolor, agresividad.
- Cambio de actitud cuando está con su pareja o la persona que le agrede.
- Se aleja de su familia.
Fuente:
‘Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos’ Unicef (2016),
Surkuna. Diario La Hora.
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