Victoria
Tauli-Corpuz, relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de
las Naciones Unidas, se reunió con varias organizaciones en Quito. Se espera
que visité Zamora Chinchipe y Azuay.
La relatora Especial
sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, Victoria
Tauli-Corpuz se reunió ayer, 20 de noviembre de 2018, con más de 10
representantes de organizaciones de derechos humanos, ambientales y académicas.
En
la reunión, la relatora preguntó cómo se ha implementado la Constitución de
2008 para garantizar los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas
en el país. La primera organización en participar fue Acción Ecológica. Gloria Chicaiza, miembro de esta
organización, relató los desalojos ocurridos en Nankints, provincia Morona
Santiago, por causa del proyecto minero San Carlos Panantza que opera en la
zona sin autorización de la nacionalidad shuar, ya que no se realizó la
consulta previa, libre e informada como lo establece la Constitución.
También
hablaron sobre la presencia minera ilegal en la frontera norte del país, donde
las nacionalidades Épera, Awá y Chachis se encuentran vulneradas por la
contaminación de las empresas mineras, las pamiculturas y los conflictos
propios de la frontera.
En
el Paraninfo de la Universidad Andina Simón Bolívar, Pamela Chiriboga, de
Inredh, informa a la relatora sobre la criminalización de la protesta social.
Otro
de los problemas que también enfrentan los pueblos y nacionalidades indígenas
por resistir a los proyectos extractivos son la criminalización de la protesta
social. Para Pamela Chiriboga, parte del equipo jurídico de la Fundación
Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), en agosto de 2015 líderes y
lideresas sociales fueron criminalizadas por protestar enfrentando juicios
penales y sanciones. También, precisó que alrededor de 700 personas defensoras
de derechos humanos han sido criminalizados en el país.
De
igual manera, Nathaly Yépez, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
(Cedhu), dijo que al momento hay 25 procesos penales abiertos en indagación
previa en Nankint, producto del ingreso de la empresa minera con la fuerza
pública. Por ello, solicitó a la
relatora dar seguimiento a los casos de criminalización.
También,
en la reunión se habló de los desalojos ocurridos en Tundayme por el proyecto
minero Mirador, en Zamora Chinchipe, y el conflicto que ha generado la
presencia del proyecto Río Blanco, en la provincia de Azuay.
Criminalización de la
justicia indígena
Actualmente,
23 autoridades indígenas del alto Cañar, ubicado en la región Sierra del país,
se encuentran procesadas por el delito de secuestro, secuestro extorsivo,
cómplice de secuestro y daño al bien ajeno. Esto luego de haber administrado
justicia indígena para resolver casos de cuatrerismo, coyoterismo, pandillas
juveniles, problemas de tierras y otros, así lo comentó Nelson Atupaña parte
del equipo jurídico del Inredh, en la
reunión con la relatora de pueblos indígenas.
“Es
preocupante la situación sobre la criminalización en contra de las autoridades
de las comunidades y pueblos indígenas –dijo Atupaña- quienes han sido
sometidos a procedimientos penales por hechos relacionados directamente con el
ejercicio de administrar justicia indígena; dentro de las cuales algunas de las
autoridades indígenas han recibido sentencias condenatorias, todo esto como
consecuencia por ejercer como autoridades indígenas el derecho constitucional
de administrar justicia en sus territorios”. Esta criminalización vulnera los
principios de protección a pueblos indígenas, la autodeterminación, la
integridad y no agresión cultural, los derechos humanos, colectivos y al
ejercicio de la justicia indígena.
Según
Atupaña, de las 23 autoridades
indígenas, 7 se encuentran
sentenciados y privados de su libertad, mientras que 3 están con medidas
cautelares de prisión preventiva, 1 con arresto domiciliario y 12 con orden de
detención.
Hace
un mes, Inredh presentó un informe de 40 hojas a la relatora de pueblos
indígenas de la ONU y le recomendó que realice una visita in situ a la cárcel
Turi donde se encuentran las autoridades indígenas y a la parroquia Tundayme
para que verifique la situación de las comunidades que viven donde se ejecuta el
proyecto minero Mirador.
También
se le pidió que recomiende y asesore al Estado ecuatoriano, en el marco de su
visita, sobre la construcción de un Estado plurinacional y de pluralismo
jurídico, al considerarlos como los pilares básicos y esenciales para erradicar
prácticas coloniales y racistas en el sistema de justicia “ordinario”. Y que
recomiende y asesore al Estado para el cumplimiento de la consulta previa,
libre e informada. Ver resumen ejecutivo: aquí
Mediantes
mapas, la relatora observó como el territorio indígena es concesionado a
hidroélectricas, petroleras y mineras.
Con
los insumos recolectados en estas reuniones, se espera que Relatora Especial
presentará un informe completo sobre su visita al Consejo de Derechos Humanos
de la ONU en Ginebra en septiembre de 2019. Fuente: INREDH.
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