El consejero Pablo
Dávila pule los estándares con los que se evaluará a las autoridades de control
del Estado, que ya fueron aprobados el miércoles pasado por el pleno. Estos son
la legitimidad, el cumplimiento de funciones, la debida gestión de los
recursos, la transparencia y evaluación ciudadana. Dávila colaboró en el Frente
de Transparencia que creó el año anterior el presidente Lenín Moreno, y explica
que están incorporando las últimas recomendaciones de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
¿Los parámetros son
medibles, tienen una puntuación o calificación específica?
La
idea es poder ponderarlos de la manera más objetiva posible. Necesitamos
considerar qué temas queremos evaluar y ponderarlos a base del buen juicio de
los consejeros.
¿Cómo se puede
evaluar la injerencia entre poderes, que es uno de los subindicadores?
En
el primer parámetro tenemos la legitimidad en el cargo, ahí se evaluará el
proceso de designación de autoridades. Por ejemplo, qué nivel de participación
hubo, qué tráfico de influencias pudo haber, qué nivel de independencia hubo de
parte de la autoridad nominadora. Esos elementos nos permitirán arrojar una
opinión y tener una valoración. Otro parámetro es la legalidad en el
cumplimiento de las funciones... La probidad es un elemento clave, pues no se
trata de que soy probo en el proceso de selección, y luego dejo de ser probo.
La probidad es una característica para la prestación de servicios públicos.
¿Cumplió o no la ley?
¿Cómo medirán los
indicadores de la prensa y la sociedad civil?
Más
que la relación con la prensa, nos estamos refiriendo a que la prensa es un
testigo permanente de la gestión de las autoridades, fuente de información
sobre las autoridades evaluadas. Hay que recurrir a los medios, al reporte
histórico de la actuación de las entidades, para saber qué se hizo y qué se
comunicó. Vamos a recurrir a la prensa, y a la sociedad civil para saber qué
acceso tuvieron a los procesos de rendición de cuentas, qué nivel de
retroalimentación hubo, y qué hicieron las autoridades con sus pedidos.
Si
se observa irregularidad en la designación de una autoridad, ¿la
responsabilidad será solo del elegido o también a quienes lo eligieron?
La
responsabilidad podrá extenderse más allá de la persona evaluada. El Consejo
transitorio está obligado a investigar actos de corrupción. Si se determina que
hubo un acto de ausencia de transparencia o tráfico de influencias habrá que
ver quiénes son los responsables, y seremos claros en definir esa
responsabilidad para que la autoridad competente juzgue.
¿Cómo se blindarán de
las acciones legales que puedan iniciarles?
Los
estándares hechos con la ONU señalan que estamos aplicando mecanismos de orden
internacional, y de la forma más apropiada. Siempre hay un nivel de
interpretación, de riesgo en estas circunstancias, pero esa es la
responsabilidad que nos dio el país. No podemos dejar de hacer nuestro trabajo
por temor a retaliaciones. Alguien puede interpretar que esto no es suficiente,
o que falta. Pero ese es el riesgo de evaluar potenciales actos de corrupción.
(I) Fuente: Diario el Universo.
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