MESA DE JUSTICIA LEGISLATIVA ANALIZA SI CONCEDE O NO AMNISTÍAS EN LOS 37 CASOS DE JUICIOS A INDÍGENAS

Karina Monteros (cen.) se movilizó por las amnistías,
el 30 de mayo pasado, en Quito. Foto: Julio Estrella 

La cotidianidad de Luisa Lozano cambió de forma radical en dos años. Pasó de ser conserje de escuela y artesana a dirigente de la Confederación de Indígenas (Conaie).

Todo empezó el 17 de agosto del 2015. Ella se encontraba en su casa, en Saraguro (Loja). La menor de sus cuatro hijos tenía parálisis facial. Salió a comprar un jarabe y se encontró con varios vecinos. Ellos participaban en un paro nacional.

Los policías -relata- empezaron a lanzar bombas y a detener a varios indígenas. Entonces vio que una de sus vecinas (con seis meses de embarazo) estaba siendo retenida. Se acercó para tratar de ayudarla y también fue apresada.

 Estuvo presa 16 días. Luego empezó el proceso judicial, que en el 2016 terminó con una sentencia de cuatro años de cárcel, por haber “paralizado servicios públicos”.

La sentencia no se ha ejecutoriado todavía, pues presentaron el recurso de casación ante la Corte Nacional y -ahora- ella es parte de los 37 casos que la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional analiza para conceder amnistías.

Anastacio Pichizaca, líder indígena de Cañar, también está en esa lista. Pero, para él, el tiempo se terminó. Lo sentenciaron en medio del proceso de amnistía y ya no podrá recibir ese beneficio. Tiene 68 años. Su proceso se inició en el 2015. Lo apresaron en la misma paralización. Fue sentenciado a un año de prisión, pero sus abogados consiguieron que la sanciones se sustituyeran por otras como el trabajo comunitario. Eso no lo deja tranquilo. “Significa que acepto mi culpabilidad. Yo tenía derecho a protestar”.

La dirigencia indígena presentó a la Asamblea 220 solicitudes de amnistías. Pero solo las 37 pasaron el primer filtro.

Wilson Ordóñez, abogado de la Conaie, explica que la falta de celeridad del Legislativo les preocupa. El proceso se inició en mayo y aún no hay respuestas. En el camino se les puede dictar sentencia a los indígenas y dejar de ser potenciales amnistiados, como ocurrió con Anastacio Pichizaca.

 Jaime Vargas, nuevo presidente de la Conaie, indicó que esperarán resultados de los ofrecimientos del Gobierno hasta diciembre. De lo contrario tomarán medidas y no se descartan las movilizaciones.

De los casos que están en la Mesa de Justicia, 10 están en etapa final de juicio. 10 más en instrucción fiscal (inicio de juicio) y el resto en la etapa inicial del proceso judicial.

En la etapa final del proceso están 17 indígenas de Saraguro. También, fueron acusados de paralización de servicios en 2015. Sus casos están pendientes de casación en la Corte Nacional. Según la sentencia que recibieron, los dirigentes deben pagar USD 3 500, ofrecer disculpas, hacer trabajo comunitario y recibir un curso “para no ser una amenaza para la sociedad”.

Karina Monteros dice que los dos años que ha durado su proceso han sido un “calvario”. Antes, ella trabajaba como mesera en una cafetería en Saraguro. Renunció, pues los permisos se le agotaron entre una audiencia y otra. Tenía que viajar más de una hora a Loja.

Estuvo sin trabajo casi un año hasta que a inicios de 2017 la Ecuarunari la consideró para trabajar como facilitadora en un proyecto de educación a niños de su comunidad que se desarrolla con la Unicef.

La Comisión de Justicia ha empezado el análisis, según uno de sus miembros, Luis Fernando Torres (PSC). Insiste en que se debe estudiar cada caso y no actuar bajo presión. En la mesa también está Encarnación Duchi (Pachakutik). La legisladora es un puente entre el movimiento y la Asamblea.

Reconoce que se debe analiza en cada caso que los procesos judiciales tengan un trasfondo político, ese es el requisito legal. Y eso lleva tiempo.

Los hermanos Manuel y Luis Calle esperan que sus casos puedan ser considerados. Ellos están detenidos desde hace un año en Cañar y Azogues, respectivamente. Sus procesos no están relacionados con protestas, como la mayoría de solicitudes de amnistías presentadas.

En el 2015 fueron acusados de supuesto secuestro extorsivo. Ingresaron al despacho de un abogado para exigir un pago que supuestamente esa persona tenía con una dirigente indígena. Esa medida fue parte de una resolución de una corte de la justicia indígena.

Pero fueron apresados. El abogado los acusó de haberlo retenido injustamente por varias horas y fueron sentenciados a cuatro años de cárcel.

Ati Kuricama, coordinador nacional de justicia indígena, explica que la amnistía se pidió porque previamente les negaron un pedido de indulto al Gobierno anterior. Ahí -dice- radica la conexión política.

En contexto

Cuando se posesionó el Gobierno abrió canales de diálogo con varios sectores, incluido el indígena. Uno de los ofrecimientos fue analizar los casos de perseguidos políticos para conceder amnistías. La Asamblea Nacional debe decidir sobre cada uno. Fuente: Diario el Comercio.