Quito, EFE.-
Colectivos de ecologistas y abogados de Ecuador buscan la intervención de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para evitar que la reciente
muerte de un indígena waorani y las heridas causadas a otra, presuntamente a
manos de aborígenes no contactados, pueda derivar en una venganza.
Así lo informó hoy Ramiro Ávila, abogado del
colectivo Yasunidos, en una rueda de prensa, al comentar que el pasado 27 de
enero enviaron a la CIDH información sobre un reciente ataque a indígenas.
La Fiscalía de Ecuador investiga la muerte de un
indígena waorani y las heridas infligidas a otra, en un ataque presuntamente
perpetrado el 25 de enero por grupos en aislamiento en un sector del Parque
Nacional Yasuní, en la Amazonía del país andino.
La Fiscalía informó que tras esos hechos lideró un
operativo para rescatar a una mujer waorani herida, "que habría sido
atacada con lanzas por un grupo en aislamiento".
"Esperamos que la Comisión Interamericana se
pronuncie y mande al Estado, ordene al Estado, tomar todas las medidas
efectivas para prevenir otra posible masacre", dijo Ávila al apuntar que
la Comisión podría tomarse unas dos semanas para estudiar el caso.
El abogado recordó que en 2013, tras la muerte de
dos waoranis, presuntamente a manos de indígenas no contactados, los primeros
posteriormente se armaron, entraron a la selva y supuestamente mataron a
miembros de la etnia taromenane.
"Ahora podría suceder algo parecido si es que
no se previene esto", declaró Ávila.
Consideró que tras el ataque del 25 de enero contra
los dos waoranis, "es muy posible" que miembros de esa nacionalidad
"estén preparando una incursión armada para entrar a la selva y buscar a
los posibles autores de esto y matarles", dijo.
En la rueda de prensa, Alicia Cahuiya,
vicepresidenta de la nacionalidad Waorani, se quejó por la expansión de la
actividad petrolera en la Amazonía y consideró que el Estado debe ayudar a los
familiares de las víctimas del ataque del 25 de enero.
"Los padres de ellos (de las víctimas) están
muy bravos", dijo al expresar su temor de que pudiesen buscar venganza.
En octubre pasado, representantes del Gobierno de
Ecuador pidieron a la CIDH que archivara un caso sobre la presunta violación de
los derechos de los pueblos Tagaeri y Taromenane, en aislamiento voluntario y
supuestamente amenazados por la actividad petrolera, pues, según dijeron, están
protegidos por el Estado.
"El Estado ha tomado medidas como ningún otro
Estado para la protección de los pueblos indígenas en régimen de aislamiento
voluntario", afirmó entonces el representante de Ecuador, Ricardo Velasco,
en una comparecencia ante a CIDH.
El caso se remonta a 2006, cuando la Comisión
recibió una petición de varias organizaciones que alegaban que el Estado
ecuatoriano había violado los derechos de los Tagaeri y Taromenane porque
presuntamente no había adoptado los recursos necesarios para protegerles.
Para los peticionarios, esta desprotección se ha
manifestado en tres supuestas matanzas cometidas en mayo de 2003, abril de 2006
y marzo de 2013 por taladores ilegales, indígenas Waorani o como resultado de
conflictos entre los Tagaeri y los Taromenane, que ven menguado su territorio
por la actividad de las petroleras.
Velasco sostuvo entonces que el Estado ecuatoriano
adelanta diversos protocolos para proteger a las comunidades aisladas
voluntariamente desde la muerte de indígenas en 2003, que para Ecuador es la
única de las matanzas que debería de haberse tratado durante la audiencia de
octubre en la CIDH. FUENTE: DIARIO LA HORA.
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