Los
dirigentes del Colectivo Unitario de Trabajadores, Indígenas y Organizaciones
Sociales exigieron este lunes 7 de diciembre la libertad inmediata de los 25
luchadores sociales injustamente detenidos en las protestas del jueves 3 de
diciembre en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, tras afirmar que la
represión y la violencia proviene del gobierno.
De los 25 detenidos, 21 fueron sentenciados a 15
días de prisión y 200 dólares de multa, y cuatro han sido enjuiciados
penalmente por terrorismo, que implicaría una pena de 7 a 9 años. “A los 4 se
pretende dejar en las cárceles para chantajear y amedrentar, y para decir lo
que pueden hacer con los demás”, dijo Mesías Tatamuez, presidente de la
Cedocut.
El gobierno debe decir cuántos de los 2.800
policías que destinó para el resguardo de la Asamblea Nacional utilizó para
atacar al pueblo en forma brutal, como nunca se había visto antes en el país,
señaló Jorge Herrera, presidente de la CONAIE. Dijo que desde las protestas de
agosto, son 200 los compañeros detenidos y procesados.
“Si creen que con eso nos van a sacar de la pelea,
están equivocados”, afirmó Tatamuez, quien aseguró que toda la represión ese
día fue orquestada y preparada, ya que desde la mañana los policías en forma
cobarde atacaron al pueblo que protestaba de manera pacífica frente a la Caja
del Seguro Social.
Tatamuez cuestionó a “los politiqueros que se
callaron esta vez, porque creyeron que solo nos interesaba la reelección
indefinida. No, nosotros protestamos por la violación a los derechos laborales,
la eliminación a la organización y contratación colectiva a los trabajadores
del sector público, las leyes de aguas, de tierras, la defensa del IESS frente
a la embestida del gobierno, la corrupción, y otros que constan en la
Plataforma Unitaria de Lucha”, subrayó.
Los dirigentes del Colectivo Unitario expresaron su
solidaridad con Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, quien
resultó herido durante la represión policial, a la vez que rechazaron la
pretensión de acusar al líder indígena Salvador Quishpe, actual prefecto de
Zamora Chinchipe, de haber atacado con una lanza a caballos de la policía.
Carmen Lozano, vicepresidenta de la Ecuarunari, aseveró que Quishpe “tiene
derecho a la defensa y no dejar que los caballos atropellen a las mujeres y a
los niños”.
Pablo Serrano, presidente del Colectivo Unitario y
del FUT, rechazó que 100 asambleístas se arroguen la representación de 14
millones de ecuatorianos y aprueben las enmiendas en forma ilegal e ilegítima.
Mientras José Villavicencio, presidente de la UGTE, desafió al gobierno a salir
a las calles para que demuestre si el pueblo lo respalda o rechaza. “No se dice
que los asambleístas huyeron en ambulancias del Ministerio de Salud”, afirmó.
El Colectivo Unitario ratificó la unidad y anunció
que mantendrá una serie de reuniones de evaluación y análisis para definir una
propuesta y anunciarla al país en los próximos días.
Pablo Serrano invitó al pueblo de Quito al plantón
que realizarán las organizaciones sociales este martes 8 de diciembre en la
Fiscalía, para exigir la libertad inmediata de los 25 detenidos el 3 de
diciembre.
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