El Por: Andres Quishpe
Fotografía:
Vladimir Cruz, Flickr
Ecuador vive
un proceso de luchas masivas y unitarias, que tomaron características de mayor
magnitud desde julio de 2014 y que uno de sus climax, fueron las jornadas del
paro del pueblo y el levantamiento indígena. Estas últimas se constituyen en
expresiones significativas para los sectores populares y que ha jaqueado al
correísmo.
Los ecuatorianos pasamos ocho años escuchando a un
régimen, que bajo un discurso camuflado de “izquierda”, se jactaba a nivel
internacional de no haber vivido un solo paro. Durante todo este tiempo el
gobierno ha menospreciado al movimiento social y popular, se ha burlado de sus
demandas, ha satanizado y reprimido a quienes piensan diferente a su proyecto
político.
Es evidente que el paro y el levantamiento incomodo
al gobierno, quien respondió con más difamaciones y represión durante los 20
días de movilizaciones masivas, levantamientos indígenas, cierre de vías,
plantones, etc.
A pesar de las injurias gubernamentales -de que la
lucha de los pueblos fue un fracaso- la movilización conquisto importantes
victorias y obligó a retroceder al gobierno, el correísmo adoptó ciertas
reformas en reglamentos y decretos que confirman la justeza de la lucha. El
régimen, actuando a la defensiva, obligó que varios de sus Ministros recorran
los medios de comunicación tratando de responder y esclarecer las “bondades” de
su política, contaban fabulas que ni ellos mismos se las crían y atacando al
maléfico paro.
A pesar de los distintos acciones por imponer los
criterios del correísmo en el imaginario de las personas, queda claro que hoy
la iniciativa la tienen los sectores populares, quienes con oportunidad
plantearon las medidas a impulsar, y sobre todo la plataforma de lucha que
involucran distintas reivindicaciones y derechos, pero sobre todo, banderas
políticas que van en la línea de la oposición al régimen.
Es menester señalar, que si algo le enoja a Correa
es que varias de sus políticas y proyectos estrellas fueron desenmascarados por
la oposición popular, quien con capacidad y movilización supo hacerlo.
La movilización demostró la diversidad de sectores
que se levantaron, no solo se visualizó la presencia de ellos en la lucha, no
solo se vieron las diferentes banderas o rugieron los distintos gritos en las
diferentes provincias y sectores. Sino que se demostraron las múltiples
reivindicaciones, ya que no solo se peleó por las enmiendas constitucionales y
laborales sino además existieron miles de razones para luchar.
Entre las reivindicaciones, con mayor fuerza y
claridad, que se manejaron en la protesta fue lo concerniente al campo
educativo, ya que también se lucha por el libre ingreso, la educación
intercultural bilingüe y superior, la defensa de la vida, etc.
Defender la
educación intercultural bilingüe
El país conoció que el gobierno busca eliminar las
escuelas interculturales bilingües – comunitarias, con el fin de implantar un
solo modelo educativo, es decir, implantar
las llamadas Unidades Educativas del Milenio (UEM). Esta medida no solo
busca trasplantar cemento o cierta tecnología sino que lleva consigo la
imposición de un modelo educativo, una visión de formación y educación,
olvidando que las escuelas comunitarias tienen un origen histórico y razón de
ser, responde a la característica del Ecuador de hoy de ser un país
pluricultural, plurinacional y multiétnico, en el cual se garantiza derechos
constitucionales a todos sus habitantes.
LA CONAIE y la UNE han señalado que se está
destruyendo las culturas de los pueblos y nacionalidades, al reproducirse un
modelo educativo homogeneizador mediante la malla curricular del Ministerio de
Educación.
Con esta política se menospreció trabajos e
investigaciones de años, no se tomó en cuenta en la malla curricular del
Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, la cual goza de grandes aciertos
reconocidos a nivel internacional.
La imposición gubernamental ha llevado a que las
escuelas comunitarias dejen de lado asignaturas como: cosmovisión y filosofía
de las nacionalidades, lengua e historia de las nacionalidades, matemática o etnomatemática, psicología intercultural, etc. Varios
docentes que fueron parte de la educación bilingüe y que ahora
están en las escuelas del milenio señalan que "no se da nada de la EIB, todo es uno
solo, solo queda obedecer".
Para contrarrestar estas denuncias el gobierno
señalaba que la dirigencia indígena o gremial se encuentra defendiendo cargos
dentro de estas instituciones educativas, falso. Lo que han hecho los sectores populares es
llamar a las cosas por su nombre, las políticas educativas del gobierno son
etnocidas, apuntan a la extinción de las culturas ancestrales en muy poco
tiempo. No hay tal defensa de cargos y menos aún oposición a que los 2.320
planteles del sistema de educación intercultural bilingüe sean equipados,
remodelados o tecnificados, lo que se demanda es que este cambio se realice
respetando el sistema educativo intercultural bilingüe.
Luchar por
el derecho a la educación superior
El paro del pueblo, el Colectivo de Organizaciones
Sociales y populares, el FUT, la CONAIE, FEUE, FESE, Frente Popular, han
mostrado con fuerza y argumento que el sistema de ingreso a la Universidad
regentado por la Secretaria Nacional de Educación Superior Ciencia, Tecnología
e Innovación- SENESCYT, ha dejado a medio millón de bachilleres fuera de la
Universidad desde noviembre del 2011, fecha en la cual se presentó y aplicó
este sistema de ingreso.
Esta realidad está llevando a un proceso de
elitización de la educación superior, debido a la aplicación del Sistema de
Nivelación y Admisión a las Universidades (SNNA), que exige al bachiller
someterse a un examen estandarizado.
La FEUE Nacional, ha denunciado que los resultados
que hasta el momento se obtienen de las diferentes aplicaciones del SNNA, son
un radiografía que expresa cuán enfermo está el sistema educativo ecuatoriano;
aquellos jóvenes que provienen de colegios de primera categoría les va mejor en
la prueba de aptitud. Los exámenes de ingreso han permitido demostrar en los
hechos que seguimos en una sociedad donde el aprendizaje y conocimiento están
uniformemente repartidos. Aprender bien, implica haber contado con igualdad de
oportunidades, tecnología, libros, profesores de calidad y calidez, etc.
El bachillerato General Unificado, que se presentó
como una panacea, sigue envuelto en una alta dosis de improvisación. Lo
preocupante es que los bachilleres, que están saliendo con esta flamante
denominación, prefieren pagar previamente un curso de nivelación a la
universidad antes de someterse de manera directa a las pruebas del SNNA.
El problema no está solo en el examen de ingreso a
la universidad, es necesario una reestructuración en el sistema educativo; la
aplicación de pruebas ha expresado que nos encontramos bajo un sistema
discriminatorio que impide a cientos de estudiantes pobres que tienen
habilidades – pero no tuvieron acceso a conocimientos globales – continuar una
carrera profesional que mejore en algo su calidad de vida.
Este régimen comete un grave error al obviar, de
que no hay instrumento o prueba alguna que mida ciento por ciento el
conocimiento y habilidad de una persona, 144 preguntas en una prueba de
ubicación y/o habilidades, no determina la verdadera vocación y aptitud de una
persona. A esto se suma que los estudiantes que obtienen un cupo son enviados a
carreras que no desean o que se encuentran fuera de su ciudad de origen,
arrastrando con ello la división del núcleo familiar y gastos económicos que
han llevado a las familias a endeudarse.
Mientras el segundo grupo, que no obtiene un cupo,
tiende a dejar de estudiar en la mayoría de los casos y otros a endeudarse
mediante préstamos económicos de la banca para poder ingresar a una universidad
privada, constituyéndose así, una nueva expresión de la privatización de la
educación superior en el Ecuador.
Crisis del
proyecto educativo del gobierno
En este período surgieron las denuncias de
corrupción presentadas por el ex rector de Yachay, así como el pedido público
del Consejo de Educación Superior (CES) -máximo organismo de dirección de la
educación superior- el 04 de agosto de 2015, documento en el que cuatro de los
seis consejeros y catedráticos solicitaron una evaluación y debate nacional
sobre el Sistema que gestiona la Secretaría Nacional de Educación Superior,
Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) – SNNA.
El comunicado deja señalado el
descontento que existe en la forma de ingreso y designación de carreras.
A estos criterios hay que sumar las cartas, manifiestos de profesores,
estudiantes y gremios de la academia que
nuevamente han expresado su malestar. La diferencia de anteriores momentos es
que esos pronunciamientos públicos, realizados por los distintos sectores de la
comunidad universitaria, han estado acompañados por la acción práctica al sumarse a las jornadas de lucha y denunciar
que el proyecto educativo del gobierno está llevando a una grave crisis a la
educación superior.
Lo que está claro es que la educación en el
Ecuador, en estos ocho años de la autodenominada “revolución educativa o del
conocimiento”, no ha dejado de ser un proceso social que refleja y concreta los
objetivos de reproducción ideológica, política y económica de la formación
social en la que vivimos el capitalismo.
Es necesario entonces preguntarnos si los cambios
que se han realizado en el sistema de educación superior han servido para
colocar a la Universidad al servicio de la gran mayoría de los ecuatorianos o
al servicio del proyecto de gobierno de turno y del capital.
El debate abierto es de suma importancia para el
país y la universidad, ya que es en la academia donde se debate las principales
concepciones sobre la ciencia, la educación, la investigación y la tecnología.
Son las universidades donde se forman buena parte de los cuadros políticos,
técnicos y profesionales con los que debe contar un Estado, es entonces
necesario participar de este debate abierto en medio de la lucha. Así como
desenmascarar algunas políticas y argumentos utilizados por el régimen para defender
su proyecto educativo.
La
universidad ecuatoriana al servicio del proyecto del gobierno y del capital
En el Ecuador el gobierno de Correa cuenta con una
proyecto político de gobierno desarrollista – de derecha, que tiene como
objetivo principal “modernizar” a la universidad en función de los nuevos retos
del capitalismo, limitando las conquistas democráticas que pusieron ciertos
obstáculos al neoliberalismo.
Levantando un discurso entre el pasado y el
presente, el correismo ha sujetado a los centros de educación superior a su
plan de gobierno (Plan de Desarrollo), lo cual significa enlazar a las
instituciones de educación superior a la direccionalidad que el régimen imprime
al país.
Si una universidad o carrera no está sujeta al Plan
de Desarrollo, no acredita, se cierra o baja de categoría. El actual régimen
viene aplicando procesos de evaluación y acreditación, que de ninguna manera
afecta a los poderes hegemónicos. Al contrario se está generando universidades
al estilo norteamericano y europeo, donde la tendencia es a adoptar sus
políticas educativas, modelos de universidades, criterios de calidad, etc. Los
cuales son vistos como ejemplos a ser trasplantados automáticamente, sin
cuestionar la pertinencia de tales y sin tomar en cuenta la realidad de
nuestros pueblos.
La calidad educativa que se busca, es una calidad,
en función de políticas determinadas por el capital y el mercado (ranking y
estandarización). Las universidades nacionales que están parejas al rankin de
las “mejores universidades a nivel mundial” son las que mejor calidad tienen.
Las otras hay que cerrarlas, tal como sucedió con la universidad de los pueblos
indígenas Amawtay wasi (Casa del Conocimiento) la cual fue cerrada por no
cumplir con los estándares de acreditación.
El etiquetar, recategorizar la Universidad
ecuatoriana bajo una visión y línea extranjera está llevando a que pierda su
experiencia, su historia, la está haciendo perder su sentido y espacio.
En el gobierno hay una obsesión por tener
“universidades de clase mundial”, lo que ha llevado a que docentes e
investigadores, centros de ecuación superior y
universidades se vean forzadas a entrar en el mercado mundial para poder
desarrollar y publicar sus trabajos científicos.Un mercado organizado y
monopolizado por Social Citation Index organismo controlado por la
transnacional (Thomson Scientific). Este tema puede parecer formal, sin embargo
es relevante, especialmente para países dependientes como el nuestro, ya que al
crear una presión sobre los docentes por publicar en revistas referenciadas a
nivel internacionales, - los temas y prioridades de la investigación quedan sujetos
a las necesidades de las transnacionales, pues son ellas las que determinan que
estudiar y donde publicar.
De esta manera el conocimiento de la universidad se
somete a las necesidades del capital y no de la sociedad. El propósito del
correísmo es seguir contando con una Universidad funcional y empresarial, una
universidad, productora de recursos humanos y conocimientos directamente
vinculados a la esfera productiva del mercado capitalista y sus monopolios.
Una universidad útil al desarrollo político,
económico y social del proyecto correista. Para cumplir con este propósito es
necesaria una universidad controlada, sumisa y disciplinada. En estas
circunstancias los organismo de educación superior creados por el gobierno,
vienen desarrollando un importante papel de fiscalización y control mediante
mecanismo que les permiten asegurar un funcionamiento bajo sus normas.
En la universidad se ha impreso una política de
obediencia y de control. Las normas y reglamentos están enfocados a una
vigilancia punitiva, a la sumisión y a la disciplina de la Alma Mater. Un
ejemplo es el reglamento de carrera y escalafón de los docentes donde se
normaliza y reglamenta toda la actividad académica de los maestros
universitarios, empezando por determinar, que deben dictar de clase y como.
La libertad de cátedra, que incluye la libertad de
investigación está condenada. Los denominados sílabos (planes de clase del
docente), son otro ejemplo donde se suprime cualquier inquietud intelectual que
vaya más allá, es decir, se les obliga mediante diferentes disposiciones a
renunciar, a preguntarse sobre la realidad y sobre problemas sustantivos de su
campo. Si un docente no arma su sílabo acorde a los parámetros expresados en la
documentación de los entes de control de la educación superior, están abocados
en el futuro a ser sancionados, - un golpe mortal a la libertad de cátedra.
El modelo de universidad que se está instaurando
atentan a los derechos y principios de la educación superior establecidos en la
Constitución. En el discurso se habla de una universidad democrática y de
calidad, ya en los hechos se aplica políticas como: meritocracia,
funcionamiento de la Universidad bajo créditos y semestralización,
acreditación, recategorización bajo estándares alejados de nuestra realidad y
necesidades, tópicos que demanda su atención en el presente artículo.
La
meritocracia anula derechos básicos: El correísmo señala que toda su
política respecto a la designación de cargos y
otros aspectos está basada en la meritocracia, esto garantizaría que
personas “aptas” accedan a puestos de trabajo o estudio.
Etimológicamente meritocracia proviene del latín
“mereo”, que significa merecer, obtener, y de “cracia”, que significa gobierno.
Es decir, es el Gobierno del mérito.
Desde esta perspectiva se piensa a la sociedad como
un escenario en el que los más aptos sobreviven, elemento que se relaciona
mucho con el darwinismo social y busca que las
personas que están en capacidad de someterse y superar exigentes pruebas
de selección son los que tienen éxito y son reconocidos como ciudadanos
modernos, becados o premiados, mientras
que a las demás individuos no se les garantiza sus derechos básicos.
La meritocracia aplicada en el campo educativo de
nuestro país ha llevado a que aproximadamente medio millón de bachilleres se
queden sin universidad. La meritocracia está construyendo una universidad de
los “más capaces”, de elite, que en base a las notas de los exámenes de ingreso
o de promoción, marginan a quienes viniendo de planteles públicos, que no
cuenta con todo lo necesario para aprender.
Con estas medidas las universidades públicas se ha
elitizado, reciben en sus aulas a
estudiantes que por sus condiciones económicas privilegiadas pueden
asegurar una formación exclusiva.
No esta demás señalar que la meritocracia desde
años atrás se convirtió en una nueva orientación política del imperialismo,
personajes como Bill Clinton en Estados Unidos y Tony Blair en Inglaterra se
ufanaron de ser “meritocráticas”. Algunos expertos dicen que, incluso mucho
antes, regímenes de facto como el de Napoleón o Hitler se guiaron por este tipo
de principios. En América Latina, en países referentes del neoliberalismo, como
Chile, la meritocracia es el objetivo a alcanzar, y se la enfoca como la manera
de valorar a las personas por lo que saben.
Créditos y
semestralización: Los denominado gobiernos alternativos trabajan por
afirmar que hoy vivimos en una sociedad donde el ser humano está sobre el
capital, según estos regímenes su educación es un claro ejemplo.
Estos mismos gobiernos no han dejado de concebir a
la universidad latinoamericana como un desangre para sus economías y un peligro
para sus democracias, sus reformas educativas apuntan a elitizar la Universidad
mediante rigurosos procedimientos de selección de ingreso e incorporar un
régimen académico exigente y disperso a fin que los estudiantes no tengan
tiempo ni oportunidad de asociarse y realizar reclamos.
Para barnizar su discurso “humano” el Consejo de
Educación Superior – CES, luego de las jornadas de luchas del mes de agosto
suscitadas en el país, aprobó un reglamento de matrículas, créditos y aranceles
dirigido a las universidades privadas, lo cual está muy bien y merece el saludo
de todos los ecuatorianos, ya que varias universidades privadas hacen de la
educación superior un jugoso negocio.
Sin embargo, lo que no se dice es que esto obedece
al crecimiento de la matrícula en estas universidades debido, aquellos jóvenes
que no logran ingresar a la universidad pública y se endeudan para ingresar a
una universidad privada. En el plano académico esto tiene un propósito. El
cobro de matrículas semestrales e inscripciones por créditos al estilo de las
universidades norteamericanas marcan la vida de la universidad ecuatoriana sea esta
pública o privada.
La semestralización es la guía de funcionamiento
para todas las universidades, sin ningún análisis ni justificación se lo
aplicó, nunca se demostró que el régimen semestral es superior académicamente
al régimen anual.
Se exige de manera constante ajustes a las mallas
curriculares: cuáles asignaturas no deben ir, cuál deben durar solo un semestre
y cuantas dos, se decide en función al proyecto educativo del gobierno. Se
recortan los programas de las asignaturas, antes se daba en un año, hoy como
solo hay un semestre hay que disminuir, no son necesarios los aspectos
generales, menos aún las ciencias sociales. No hay tiempo para la
especialización, pues ésta debe ir al posgrado que éste sí es pagado.
Las matrículas hoy son por número de créditos,
ponen un valor al crédito, de tal manera que la asignatura vale, no por su
importancia académica sino por el número de créditos que le hace más o menos
cara. Esto es lo que no se dice en los famosos reglamentos de cobros los cuales
son utilizados en el fondo para recuperar una imagen que desgasta en el sector
educativo.
Ocho años pasaron las universidades privadas sin
ser controladas, este procedimiento es
similar a la actitud que en momentos de movilización, asume el gobierno al
buscar cobrar los impuestos a los empresarios evasores, muy bien conoce el
gobierno quiénes son y como evaden. Sin embargo lo utiliza como muletilla de su
discurso en momentos necesarios
Evaluación,
Acreditación y Categorización de las universidades: Desde el año 98 del
siglo pasado, en la Conferencia Mundial de Educación Superior, se puso en
debate la necesidad de evaluar a las instituciones de educación superior,
calificarlas y, posteriormente a dicho análisis, acreditarlas como
universidades aptas para emitir títulos; de la mano de este criterio se planteó
el deber de las universidades de rendir cuentas a la sociedad y el Estado. A
breves rasgos es una necesidad coherente, sin embargo, hay que reflexionar
sobre algunos elementos.
¿Los parámetros con los cuales se está evaluando a
las universidades responden a la realidad socio-económica del país? Pues no. El
Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la
Educación Superior (CEAACES) impulsa un proceso de evaluación con estándares de
universidades norteamericanas y europeas, que están muy distantes de la
realidad en que se desenvuelven las universidades ecuatorianas.
El modelo de evaluación y acreditación impulsado
por el CEAACES está estructurado de acuerdo a los requerimientos del régimen y
las transnacionales que serán los beneficiados directos de este proceso. Varios
sectores de la academia y organizaciones como la Federación de Estudiantes
Universitarios, cuestionan la política, el propósito y contenido de estas
evaluaciones. No se oponen a las mismas, el problema es quién lo hace, la
metodología que aplica y los objetivos que se busca.
Por ejemplo uno de los estándares hace referencia
si la universidad cuenta con recursos financieros necesarios para el desarrollo
de la investigación. Es de conocimiento los constantes retrasos y recortes al
presupuesto - UCE de las universidades públicas, especialmente en el ámbito de
la investigación (los anteriores gobiernos nunca entregaron el 1% que
corresponde para esta tarea, el actual gobierno tampoco lo hace.).
La Universidad Central es un caso concreto, para
este año solicitó al Estado 181 millones de dólares para cumplir y materializar
todos sus objetivos. Sin embargo se le designó 142 millones de dólares, es
decir 39 millones menos. Esto implicó, según sus autoridades, la necesidad de
reprogramar el Plan de Mejoras que está planificado en 50 millones de dólares.
Es necesario señalar que de los 181 millones asignados al presupuesto
codificado de la universidad el 60 % se destinan al pago de remuneraciones.
Quedaría apenas un 40 % para otros gastos y necesidades. Varias facultades y
unidades académicas vieron afectados sus anhelos y proyectos, pues, al
disminuir el presupuesto general se disminuye también el presupuesto a cada
área y Facultad.
Se plantea que las universidades deben rendir
cuentas a la sociedad, es de suponerse que deben hacerlo ante una instancia en
la que exista participación de representantes de todos los sectores, eso no
ocurre, se lo hace ante un organismos controlado por el gobierno: Consejo de
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación
Superior, en el cual no existe representación de las universidades, bajo el
argumento que no se puede ser juez y parte. Este organismo está conformado por
(6 académicos, 3 elegidos por concurso de méritos y oposición y 3 designados
por el ejecutivo).
En el comunicado publico mencionado anteriormente
se señala que : “Nos preocupa las visiones simplistas y reduccionista sobre las
universidades, que las convierte en meros centros de producción del
conocimiento funcional a necesidades empresariales o de mercado. Al final, ésta
es una nueva forma de mercantilización de la educación superior que desconoce
la historia, el rol, la complejidad y riqueza de la Universidad. Una visión
así, y una universidad bajo esta visión no le hace bien ni al país ni a la
universidad”. Firma Ximena Díaz Reinoso, PHD, Agustín Grijalva Jiménez, PHD,
German Rojas Idrovo PHD y Roció Rueda
Novoa, PHD – Miembros del Consejo de Educación Superior. Esta carta fue una
respuesta a un manifiesto firmado por más de cien académicos de 12 de las 54
universidades del país y dado a conocer el 7 de abril del 2014. Documento en el
cual se critica el modelo de evaluación del Ceaaces y a la recategorización de
las instituciones de educación superior.
Los docentes universitarios expresan también sus
opiniones críticas a la creación de “rankings” universitarios que aplican
modelos homogenizantes y basados en moldes comerciales, a las actividades de
las universidades del país. La base de dicho “ranking” es la calidad de la
universidad ecuatoriana, pero el Ceaaces, “no dispone de un documento que
discuta, exponga y defina qué entiende por calidad”.
Como podemos ver son varios los sectores que han
expresado su malestar frente al proceso de evaluación y acreditación,
denunciando que la misma está estructurada bajo parámetros externos a la
universidad ecuatoriana. Los principales actores de la universidad, no pueden
manifestarse en este proceso, donde prima una línea exclusiva para evaluar la
educación superior. La acreditación, según el gobierno actual, permitirá
alcanzar una universidad bajo parámetros de calidad y excelencia.
La pregunta es ¿para qué y para quién? Educación de
calidad para las y los estudiantes o educación de calidad para el gobierno y el
capital. Educación de calidad en función de una educación holística, integral e
innovadora, o calidad en función del mercado con un claro componente elitista y
mercantil.
La evaluación a desarrollarse tiene una alta dosis
represiva. No propone, solo juzga, atemoriza, discrimina y termina sancionando
en función de los requerimientos del gobierno. No mide el conocimiento más solo
cantidad. Se basa en criterios establecidos por empresas que resultan ser los
clientes de las universidades promoviendo un sistema de educación superior que
se convierte en una analogía a una fábrica, donde se requiere productos
eficientes y en el menor tiempo para obtener mayores ganancias, reduciendo los
costos de inversión (producción).
La evaluación y acreditación de la universidad
ecuatoriana busca un perfil de academia, acorde al número de profesores con
títulos PhD, a tiempo completo, y artículos de investigación indexados con un
ranking del 30%; cuando en el país existen deficiencias de profesores con
títulos de cuarto nivel, un presupuesto escaso en proyectos de investigación y
mucho más si consideramos cómo deben ser los artículos para ser aceptados en
revistas indexadas (las revistas del ISI Web of Knowlodge es una base
controlada por importantes empresas trasnacionales que inspeccionan la
indexación de los artículos científicos que les beneficia económicamente).
Respecto a los estudiantes se menciona el
requerimiento de la participación estudiantil en la autoevaluación de las
carreras, la cual se valora según parámetros subjetivos y ambiguos como “si se
evidencia o no la participación”. Esta “participación” está dada en la práctica
a través de la recopilación de evidencias planteadas en el modelo de
acreditación, por medio de la elaboración de informes y extensos papeleos.
Para el gobierno y sus representes educativos la
participación estudiantil en los procesos de evaluación y acreditación está
sujeta al simple papeleo administrativo o a la rendición de un examen de fin de
carrera (Si el estudiante no aprueba dicho examen bajo el porcentaje
determinado por el CEAACES, no accede al servicio público. Art 10 del
reglamento de la Ley Orgánica de Educación Superior). La participación
estudiantil no tiene un aporte global y real. Los estudiantes no están
integrados directamente en la toma de decisiones de la universidad, facultades
y carreras.
Los procesos de evaluación y acreditación de las
universidades son parte de los proyectos políticos, económicos y sociales de
los gobiernos de turno; del desarrollismo y reformismo. Tienen como misión
apuntalar al desarrollo técnico de profesionales con conocimiento limitado,
tecnócratas serviles al Estado y empresas privadas, adiestrados en las formas
de cómo preparar el campo para un mejor aprovechamiento de nuestros recursos.
La acreditación, evaluación de las universidades no
afecta en nada a la pedagogía dominante, que es la pedagogía de la clase
dominante. La educación como parte de la superestructura social sigue siendo
encaminada a reproducir las relaciones sociales de poder; se la sigue
concibiendo como un proceso de adaptación del individuo al medio. Las
concepciones reformistas - burguesas que se levantan por diferentes medios
pretende, demostrar que esta adaptación del individuo al ambiente,
“garantizara” su salud y su bienestar, sus derechos individuales”, cuando en
realidad la educación está siendo uno de los instrumentos para la
legitimización del poder de las clases dominantes.
Si bien la evaluación de las universidades
constituye un elemento fundamental para su desarrollo, éste no puede tener como
objeto reducir los presupuestos, elitizar la educación sesgando el ingreso y
cerrar carreras que no resultan útiles para los planes del gobierno. Frente a
esta realidad un sector de docentes y estudiantes han levantado como contra
propuesta la bandera de una evaluación democrática y no excluyente, colectiva y
no solamente individual, rigurosa no arbitraria, sistemática y no ocasional,
formativa y no discriminativa, dialéctica y no dogmática.
Universidades
para fortalecer el proyecto de modernización capitalista
Como hemos señalado en el transcurso de los temas
anteriores la educación es un instrumento útil que está contribuyendo al
desarrollo del proyecto político del gobierno de Correa, quien ha edificado
cuatro centros universitarios: De las Artes, Universidad Nacional de Educación
(UNAE), Regional Amazónica (Ikiam) y de Investigación en Tecnología
Experimental (Yachay).
La creación de estos centros con el pasar del
tiempo ha dejado en duda si está sujeta
a las necesidades del sistema educativo del Ecuador. Cada universidad tiene un
rol que cumplir en el marco del desarrollismo y al servicio de las
transnacionales, para ello se invertirá 1.000 millones de dólares
plurianualmente. La concepción de estos centros en su funcionamiento es de
élite, solo las y los estudiantes que pasen los rigurosos sistemas de ingreso
acceden.
En el fondo el propósito de estas instituciones es
crear un grupo de universidades que respondan a la política del régimen, por
ejemplo la UNAE. El gobierno sabe que pese a las nuevas normas, a las
limitaciones democráticas a la violación de la autonomía y el ataque a las
Facultades de Filosofía del país, no ha podido coartar la libertad de
pensamiento de estos centros que forman maestros con una visión democrática y
que logran tener una influencia en los jóvenes, por ello busca desde la UNAE
imponer su concepción e influenciar en lo maestros, convertirlos en entes
dóciles y serviles al sistema.
Mientras la Universidad Regional Amazónica IKIAM,
ubicada en una de las zonas más privilegiadas del país por su mega diversidad
tiene entre uno de sus fines “desarrollar la investigación de activos de la
medicina”, sin embargo hasta hoy no se conoce cómo el gobierno va a promover la
industria ecuatoriana farmacéutica, lo que permite señalar que estas
investigaciones serán puestas al servicio de las trasnacionales. El gobierno
descarto la propuesta presentada por la Federación de Estudiantes
Universitarios del Ecuador – FEUE, de vincular científicamente a la Universidad
Regional Amazónica IKIAM con el Yasuní. Según científicos, el Yasuní, es parte
de la selva ecuatoriana que en la época de la glaciación, - en el periodo
pleistoceno, no se congelo, lo que dejaba ver una posible salida al
calentamiento global. El gobierno prefirió explotar el Yasuní, antes que
precautelar la vida del mundo entero.
Mientras Yachay no es lo que nos dicen. Hasta hace
poco el rector de Yachay, el PhD en Química, Fernando Albericio abrió una
ventana para que el país conozca algunas de las irregularidades que existen en
esa universidad como por ejemplo: pagos millonarios en consultorías y becas,
sueldos exorbitantes, viáticos exagerados, autoridades que “cumplen” sus
responsabilidades vía Skype e incumplen sus obligaciones contractuales. Yachay,
uno de los proyectos emblemáticos del Gobierno, en el 2014 recibió 2 mil
millones de dólares para los siguientes cuatro años, presupuesto mayor al de la
Politécnica Nacional y de la Politécnica del Litoral juntas, principales
centros en carreras técnicas del Ecuador.
Mediante una intensa publicidad el Gobierno se
encargó de ubicarla como la piedra angular de la generación de conocimiento
científico-técnico del país para las futuras generaciones y como el centro de
desarrollo de conocimiento, por lo cual correspondía ser muy rigurosos con los
aspirantes a ingresar a sus aulas, pues, buscaban “excelencia”. Inició sus
labores con 187 estudiantes, y no está por demás recordar que el universo de
jóvenes en edad promedio de estudios universitarios en el Ecuador es de 2
millones, lo que denota una clara visión elitista y exclusivista del Gobierno
en el manejo del sistema universitario.
Ares Rosakis, Guruswami Ravichandran y José Andrade
–integrantes de la comisión rectora de Yachay- residen en California y trabajan
a tiempo completo en la universidad Caltec y, adicional a sus ingresos en los
EEUU, reciben 16.300 dólares por “trabajar” en Yachay a través de esporádicas
reuniones virtuales y cuando por algún motivo venían al país recibían viáticos por
$300 diarios, es decir, $45 menos que el salario básico mensual.
Se podrá decir que no están mal esos salarios para
personas muy “preparadas”, sin embargo, la denuncia de Albericio también señala
que varios integrantes de la comisión académica de Yachay y decanos no cumplen
con requisitos básicos de los 770 parámetros establecidos en el ranking de
científicos que les haría acreedores a sus actuales salarios, y aun así están
cobrando sueldos de 13 mil a 16 mil dólares mensuales, más viáticos.
Varios académicos han señalado que Yachay es un
elefante blanco, un proyecto sin horizonte fijo y claro. La inversión destinada
a esta universidad es de tal magnitud que ha conllevado el recorte de
inversiones en otros proyectos o sectores; aunque el Gobierno diga lo
contrario, se ha afectado los recursos del sistema de educación superior y a la
investigación del resto de universidades.
Yachay cuenta, aproximadamente, con 615 estudiantes
y recibió en este año un presupuesto de 30´000.000 de dólares, mientras que la
Universidad Central del Ecuador que cuenta con 40.000 estudiantes y recibió
40’000.000 de dólares.
La universidad pública, la academia en su conjunto,
están obligadas a involucrarse en el debate de esta problemática, no solo por
la afectación económica que sufren, sino porque la constitución de esta
universidad se ha puesto en evidencia la visión colonialista que al respecto
tiene el Gobierno.
¿Es Yachay la solución única a la generación de
ciencia y tecnología en el país? ¿Es lo más adecuado privilegiar inversiones
económicas masivas en cuatro universidades, como el Gobierno ha hecho en sus
centros de educación superior: Artes, Universidad Nacional de Educación (UNAE),
Regional Amazónica (Ikiam) y de Investigación en Tecnología Experimental
(Yachay)?
La universidad y la academia tienen mucho que
aportar en este tema, pero no solo estos sectores, pues, es un problema que
compete a todo el país. En este terreno se juega una visión, no solo del tipo
de educación que se quiere, sino hacia dónde se quiere llevar al país. Yachay
es una expresión más de cómo el Gobierno privilegia los intereses del capital
extranjero y el encadenamiento del sistema de educación universitaria a las
necesidades del desarrollo capitalista y de acumulación de los monopolios
internacionales.
Es necesario señalar que el país y ninguna
organización se han opuesto a la creación de las cuatro universidades del
gobierno, al contrario se demanda que cada provincia, de las 24 que tienen el
Ecuador cuente con un centro de educación superior, acorde a las necesidades y
condiciones propias. Por varias ocasiones dirigentes estudiantiles y docentes
han solicitado que todas las universidades públicas, cuente con el mismo nivel
de inversión económica y científica y no solo las cuatro universidades del
gobierno.
A pesar de esta realidad, imposición y agresión la
Universidad Ecuatoriana resiste de manera firme y activa, pues en ella actúan
sectores democráticos, progresistas y revolucionarios; un claro ejemplo es la
Universidad Técnica de Cotopaxi, Alma mater, que no se ha estancado a pesar de
las trabas impuestas por el correísmo.
La Universidad Central y Politécnica de Quito es también otro ejemplo, en
varios momentos levantan propuestas en su defensa, sea por medio de sus nuevas
autoridades, gremios estudiantiles y de docentes. En estas tres universidades
los candidatos directos del gobierno a rector y vicerrectores, fueron derrotados
en los respectivos procesos electorales, - lo que expresa hacia donde puede
estar caminando la universidad ecuatoriana.
Las Universidades en distintos espacios y mediante
varias formas comienzan a reclamar sus justos derechos, sus estudiantes y
docentes van incorporándose al reclamo popular desde sus propias demandas,
experiencias y decisiones. Desde su propia identidad y naturaleza sin perder de
vista su responsabilidad social, así lo demostró el comunicado digno de saludar
del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador
emitido el 12 de agosto de 2015 a propósito del paro nacional y levantamiento
indígena, donde se reconoce la movilización de las organizaciones sociales,
pueblos indígenas y trabajadores y donde la Universidad acuerda abrir sus
espacios para el diálogo en la búsqueda de acuerdos.
Mientras por otra parte la FEUE Nacional busca ser captada o dividida
mediante la fuerza y el chantaje, ha presentado al país su propuesta de
Universidad, fruto del debate y acción estudiantil. “La U que Queremos” es la
propuesta que la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador levanta
como opción a la plan desarrollista del gobierno. “Somos conscientes que no
basta solo el condenar, e incluso
demostrar los efectos negativos que el correísmo viene causando en la educación
superior. Es necesario construir una alternativa. Una propuesta que vincule
aspectos particulares y generales de las universidades, reivindicaciones de
docentes, estudiantes y trabajadores, aspectos pedagógicos que recojan el
pensamiento progresista de la humanidad, las propuestas y experiencias
académicas de estudiantes y docentes a lo largo de su lucha por una educación
democrática y de calidad”.
Algunos elementos que contempla la propuesta son:
Universidad comprometida con su pueblo, el bien común, el desarrollo humano,
Universidad para todos y todas, que reconozca la diversidad y pluralidad
cultural y étnica de los pueblos, como valores cruciales de la convivencia, que
se construye hacia la vigencia de los derechos humanos plenos e integrados,
Universidad democrática, transparente y participativa, Universidad promotora de
la libertad de pensamiento, la ciencia y la cultura en afirmación de una
sociedad con identidad en la diversidad, Universidad comprometida con la
defensa de la naturaleza como fuente de vida, Universidad con educación
participativa, interactiva, entre el docente y el estudiante, con la vivencia
de los derechos humanos y de la juventud, con la investigación y la
experimentación, con la interrelación entre la teoría y la práctica,
universidad democrática que eche abajo la verticalidad y el autoritarismo.
“La U que Queremos” también demanda y señala porque
es necesario la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior y sus
reglamentos conexos, estos cuerpo legales son los que prácticamente ha acabado
con los derechos de estudiantes y docentes, han sometido a la universidad a los
interés del gobierno.
Referencias
La Universidad Que Queremos – Propuesta de debate,
FEUE, Directiva Nacional, enero, 2013
Reflexiones acerca del sistema nacional de
nivelación y admisión a las universidades – SNNA/ Andrés Quishpe/ mayo/2012
Propuesta Educación para la emancipación/ Ecuador
2008
http://www.elcomercio.com/tendencias/miembros-del-ces-cuestionan-recategorizacion.html
http://planv.com.ec/historias/sociedad/historias-la-educacion-prohibida
http://www.planv.com.ec/historias/entrevistas/la-salida-albericio-o-como-yachay-fallo-la-quimica
FUENTE: REVISTA RUPTURA.
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